Ciudad de México.- Durante la madrugada de este domingo, los diputados constituyentes pudieron aprobar temas polémicos que en sesiones anteriores no habían logrado salir por la falta de consenso, entre los que se encuentra la creación de una figura denominada derecho a un mínimo vital, la cual sustituirá la propuesta de crear una renta básica universal.
Derivado de acuerdos entre coordinadores parlamentarios, en una sesión que inició a las 23:45 horas del sábado se aprobó que todas las personas tienen derecho a un mínimo vital para asegurar una vida digna. Esta figura quedó definida en los artículos 14 y 22 de la Constitución local.
Se estableció que habrá mecanismos para hacer efectivo ese derecho, y se determinó que se dará prioridad a las personas en situación de pobreza. Operará bajo criterios de progresividad, con los indicadores que determine el organismo constitucional federal competente y las metas evaluables que fije el organismo local correspondientes, es decir, el futuro Instituto de Planeación y Prospectiva de la capital del país.
El “mínimo vital” sustituye a una propuesta que venía originalmente en la iniciativa del Jefe de Gobierno, la cual contemplaba la entrega mensual de una aportación económica a cada capitalino, por el sólo hecho de radicar en la Ciudad de México, sin importar la edad o la condición socioeconómica. Además del cambio de nombre, se le quita el carácter universal y se establece que tendrán prioridad en la entrega de este beneficio las personas con mayores carencias.
“La legislación en la materia contendrá los criterios y procedimientos para los programas sociales públicos, las transferencias monetarias y los demás instrumentos que se apliquen, asegurando el uso eficaz y transparente de los mecanismos financieros que para el efecto se dispongan”, se agregó en el artículo 22, apartado A inciso G.
La redacción original de la propuesta, concebida como renta o ingreso básico universal generó una oposición enérgica de parte del PRI, PAN y partidos aliados, bajo el argumento que no existían los recursos suficientes para financiar esa prestación. Cuando el pasado 7 de enero se sometió a votación esa propuesta, no alcanzó el voto por mayoría calificada, por lo que fue turnada a comisiones para una nueva dictaminación.
Fue hasta hoy que los coordinadores parlamentarios, reunidos en la Mesa de Consulta, lograron afinar una redacción que convenciera a todos, aunque no a personajes como Porfirio Muñoz Ledo, quien criticó la forma en la cual quedó redactado el inciso G, apartado A del artículo 22.
Consideró que a pesar de tratarse de un texto “churrigueresco” y prácticamente ininteligible, si no se apoyaba “nos quedamos sin renta básica”, pues de rechazarse la redacción en el artículo 22, habría una laguna legal para que en el futuro este mínimo vital pudiera entregarse.
Clara Jusidman se pronunció en contra por considerar que, para configurar los alcances y la progresividad del mínimo vital, sólo se establecía que deberían tomarse en cuenta los indicadores de una institución federal sin considerar al Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, previsto por la Constitución para la ciudad.
Jaime Cárdenas, de Morena, consideró que con esta nueva redacción se edulcoloraba la propuesta original, en atajo de lograr consensos.
Voluntad anticipada
Otro de esos asuntos aprobado, fue el de la voluntad anticipada. Cuando por primera vez el Pleno discutió el asunto, no obtuvo la mayoría calificada, luego de que el diputado Carlos Gelista, del PAN, presentó una reserva para “dar significado al término muerte digna”.
Esta vez la Mesa de Consulta logró una redacción de consenso, para establecer en el artículo 14, apartado D, numeral 6, que “se respetará en todo momento el derecho fundamental a la autodeterminación personal, la autonomía, así como las decisiones libres y voluntarias del paciente a someterse a tratamientos o procedimientos médicos que pretendan prolongar de manera innecesaria su vida, protegiendo en todo momento su dignidad. Para ello se estará a lo que disponga esta Constitución y las leyes”.
Una vez más se sometió a consideración de la Asamblea Constituyente la propuesta de eliminar el concepto de “progresividad fiscal”, como parte de los criterios a considerar en la hacienda pública, establecidos en el artículo 26, apartado A, numeral 3.
A pesar de los argumentos del diputado de Morena, Jaime Cárdenas, en el sentido de que era necesario que la tributación se realizara no sólo proporcionalmente sino también progresivamente en beneficio del erario público y para cobrar más impuestos a quienes ganaran más, la eliminación del concepto contó con mayoría calificada.
Policía de proximidad
Hubo consenso para adicionar un nuevo numeral en el artículo 48, sobre el modelo de policía de proximidad. Esa adición no era parte de los asuntos que hubieran quedado pendientes de avalar en sesiones pasadas, pues el artículo 48 fue uno de los que aprobó en su totalidad.
Sin embargo, este sábado se presentó una adición en la cual quedó establecido que “los cuerpos policiacos y sus integrantes en sus funciones darán prioridad al convencimiento, a la solución pacífica de los conflictos y en su actuación se realizará respetando los derechos humanos de las víctimas, testigos e indiciados. El uso de la fuerza será excepcional y proporcional, como último recurso”.
Reelección de diputados, aún pendiente
De entre los temas incluidos en la sesión nocturna se intentó de nueva cuenta aprobar la reelección de diputados, pero ante la mala redacción que presenta la propuesta al artículo 34 presentado por la Mesa de Consulta, el tema se retiró del orden del día para mejorar esa redacción.
El texto plantea que será posible la reelección de diputados, pero sólo por un periodo consecutivo y no por cuatro, como se señalaba en el dictamen original.
En este artículo también se definía la futura integración del Congreso local, que sustituirá a la Asamblea Legislativa, para quedar en 66 diputados, 33 de ellos que llegarán por la vía de la elección y 33 por la vía plurinominal.
Al abordarse el nuevo dictamen de la Comisión de Ciudadanía sobre cinco numerales del artículo 29, destacó la aprobación del derecho a ocupar cargos públicos y de elección popular de los ciudadanos mexicanos, por nacimiento o naturalización.
En virtud de que no alcanzaba consenso el concepto de ciudadanía universal, se optó por eliminar el adjetivo. Este artículo tiene temas pendientes de resolver, que se debatirán en otro momento de la sesión, entre ellos el voto de los jóvenes a los 16 años y el voto de los presos que no han sido sentenciados.
