El 5 de septiembre, Norma Piña,presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), presentó una solicitud al Pleno de la Corte para determinar si tiene la autoridad para detener el avance de la Reforma Judicial mientras se debate en el Congreso.
La consulta surge en un contexto de intensas manifestaciones en la Ciudad de México, donde trabajadores y jueces argumentan que la reforma podría poner en riesgo sus empleos y afectar negativamente la justicia en el país.
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) ha solicitado a la SCJN que detenga la discusión de la reforma, que ya cuenta con la aprobación de la Cámara de Diputados.
El documento presentado por la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se refiere a si el Pleno de la Corte puede emitir un pronunciamiento sobre la solicitud de medidas cautelares en virtud del artículo 11, fracción XVII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Norma Piña Consulta Sobre la Posibilidad de Detener la Reforma Judicial
La ministra Lenia Batres, conocida por su apoyo a la reforma, ha recibido el asunto para que el Pleno de la Suprema Corte lo discuta posteriormente.
El 3 de septiembre, la Jufed también pidió a la Suprema Corte que tome todas las medidas posibles para proteger el sistema judicial actual y preservar la separación de poderes establecida en la Constitución.
La organización de jueces ha enfatizado la urgencia de estas medidas debido al inicio de la discusión legislativa sobre la reforma.
En respuesta a los amparos contra la reforma, la jueza Martha Eugenia Magaña López, del Juzgado Quinto de Distrito en Morelos, concedió una suspensión definitiva que impide la discusión de la reforma en el Congreso.
Además, el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en Chiapas también otorgó un amparo que impide el envío de la reforma a los Congresos locales si es aprobada por el Congreso de la Unión.
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