La licitación pública lanzada por la Cámara de Diputados para contratar el “Servicio integral para la conservación de instalaciones (jardinería, fumigación y limpieza especializada)” despertó inquietud entre proveedores y fuentes internas, debido a cláusulas que, aseguran, limitan la libre competencia y a la escasa participación registrada durante el proceso técnico.
En la visita obligatoria realizada el 17 de octubre de 2025, solo acudieron tres empresas: Racso Proyectos Industriales, S.A. de C.V.; Soluciones Tecnológicas Integrales para la Salud Hersan, S.A. de C.V.; y WILK, S. de R.L. de C.V. El recorrido estuvo a cargo de Lucero Estrella Martínez Martínez, subdirectora de Licitaciones y Concursos del recinto legislativo, como parte de los pasos requeridos antes de la adjudicación.
El procedimiento, identificado con el folio HCD/LXVI/LPN/05/2026, contempla la prestación de servicios de mantenimiento y limpieza en las instalaciones de San Lázaro. No obstante, personas cercanas al proceso señalaron que las bases establecen exigencias poco habituales para este tipo de contrataciones, entre ellas contar con licencia sanitaria de Cofepris y cinco certificados de competencia laboral EC0146 sobre control de plagas urbanas.
De acuerdo con especialistas consultados, estos requisitos podrían reducir el número de participantes y favorecer a empresas con experiencia previa en la Cámara de Diputados. Entre las tres firmas inscritas, Racso Proyectos Industriales, S.A. de C.V. es considerada la principal contendiente para obtener el contrato.
La compañía pertenece a la familia Sanromán, grupo con trayectoria en el sector de limpieza y mantenimiento, y que ha trabajado anteriormente en distintas áreas del recinto legislativo.
Versiones internas señalan que el grupo empresarial mantiene una relación cercana con el diputado Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo). De acuerdo con estas versiones, operadores vinculados al legislador podrían estar involucrados en la actual licitación.
El proceso ocurre en un contexto donde la dirigencia de Morena, encabezada por Luisa María Alcalde Luján, insiste en fortalecer los principios de honestidad, transparencia y servicio público dentro del movimiento.
La decisión final deberá apegarse a los criterios técnicos y económicos definidos por la Dirección de Adquisiciones. En caso de que se presenten denuncias o se identifiquen irregularidades, podrían intervenir organismos como la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno o la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para revisar el proceso de adjudicación.
