Integrantes del Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios de la Cuenca del Anáhuac interpusieron un amparo contra la Norma de Ordenamiento Urbano 26.
El pasado 13 de septiembre ingresaron el amparo por violación al derecho a la consulta de los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México.
En la sede de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa del Primer Circuito acusaron que el Congreso de la Ciudad debió someter a consulta con los pueblos y barrios originario esa Norma.
Señalaron que ese ordenamiento es susceptible de afectar los derechos territoriales y los derechos con los que cuentan las comunidades al control del desarrollo propio.
El pasado 30 de agosto, en su último periodo extraordinario de sesiones, la Primera Legislatura del Congreso capitalino reformó las leyes de Vivienda, de Desarrollo Urbano y la Norma 26.
Luego, el 3 de septiembre el gobierno de Claudia Sheinbaum publicó en la Gaceta Oficial capitalina esas reformas.
En el recurso de amparo que interpuso el Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos, se señala que la nueva normatividad permite aumentar la densidad de construcción por predio.
Lo anterior tiene consecuencias inmediatas en los servicios e infraestructura (agua, vialidades, energía) de cada uno de los pueblos y barrios originarios.
“Los pueblos y barrios originarios sí queremos vivienda digna para nosotros y nuestras familias, pero el Congreso de Ciudad de México hizo caso omiso de nuestra solicitud de consultar las modificaciones a la norma 26.
“En su caso, los programas de vivienda deben surgir de nosotros, y deben ser culturalmente adecuados”, argumentaron los integrantes del Frente.
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