La Oficialía Mayor del Estado de México adjudicó un contrato por 548 millones 342 mil 840 pesos para la fabricación de placas vehiculares a Placas y Señalamientos Mexicanos, S.A. de C.V., empresa que ha sido señalada en distintos reportes relacionados con problemas de calidad en matrículas distribuidas en varias entidades del país. La asignación se concretó mediante el fallo de la licitación LPNP-028-2026, luego de que la autoridad descartó técnicamente a la única compañía que había presentado una oferta económica más baja.
La decisión se produjo después de un proceso que tuvo como antecedente la licitación LPNP-015-2026, celebrada el 26 de marzo y declarada desierta sin que existiera una explicación pública por parte de la autoridad. Fuentes consultadas indicaron que las muestras exigidas en el nuevo concurso fueron sustancialmente distintas a las requeridas anteriormente y que, además, se incorporaron nuevas medidas de seguridad en un periodo menor a dos meses.
La convocatoria correspondiente fue publicada el 26 de mayo y estableció tiempos reducidos para la preparación de propuestas. Entre los requisitos se encontraba la presentación de muestras físicas con un nuevo diseño institucional el 1 de junio a las 10:00 horas, por lo que los participantes dispusieron de menos de cuatro días naturales, incluyendo el fin de semana, para adecuar procesos productivos y elaborar las láminas vehiculares solicitadas.
A ello se sumó la exigencia de integrar candados tecnológicos en las tarjetas de circulación, mismos que requerían aplicaciones móviles para validar su autenticidad. Especialistas consultados consideraron que el desarrollo, programación y ajuste de este tipo de herramientas en menos de 96 horas resultaba técnicamente complejo para cualquier proveedor externo, lo que alimentó versiones sobre posibles ventajas para alguna empresa que ya contara con los diseños y desarrollos informáticos requeridos.
El resultado final se definió durante la evaluación técnica. Según el dictamen de adjudicación, Formas Inteligentes, S.A. de C.V. presentó la propuesta económica más baja, con una oferta de 540 millones 990 pesos. Sin embargo, la Coordinación Administrativa de la Oficialía Mayor determinó desecharla tras revisar las muestras físicas entregadas por la compañía.
Entre las observaciones registradas en el expediente se indicó que la aplicación de realidad aumentada propuesta funcionaba sin conexión a internet, pese a que las bases exigían conectividad obligatoria. También se señaló que el código de seguridad gris incorporado en tarjetas y calcomanías no permitió una lectura adecuada mediante el dispositivo móvil especificado en los requisitos técnicos.
Con la descalificación de Formas Inteligentes, Placas y Señalamientos Mexicanos quedó como el único participante elegible. No obstante, antes de emitirse el fallo, la Subdirección de Investigación de Mercado detectó que una de las partidas cotizadas por la empresa superaba el precio de referencia fijado por la propia autoridad estatal.
La oferta inicial para placas de circulación y calcomanías fue de 460 millones 112 mil 840 pesos, mientras que el valor de referencia era de 460 millones 9 mil 890 pesos. Tras una observación formulada durante el acto de contraoferta, la empresa redujo la cifra a 457 millones 862 mil 840 pesos. A ello se sumó una segunda partida por 90 millones 480 mil pesos para el servicio de preimpresión y laminado de tarjetas plásticas, alcanzando así el monto final adjudicado.
El procedimiento también volvió a colocar bajo análisis los antecedentes de la compañía. Placas y Señalamientos Mexicanos ha sido mencionada en reportes periodísticos por inconformidades relacionadas con desgaste prematuro y despintado de placas en Veracruz, Puebla, Tamaulipas, Hidalgo y Sonora. En algunos de esos casos, autoridades estatales implementaron programas extraordinarios de reposición para atender a los usuarios afectados.
Otro antecedente surgió en Querétaro por láminas defectuosas distribuidas desde 2022. La Contraloría estatal solicitó una evaluación técnica al Instituto Politécnico Nacional (IPN), organismo que concluyó que los materiales cumplían con la normativa vigente. Aunque no se aplicaron sanciones, la empresa asumió el costo de la reposición. Las bases de la licitación mexiquense también exigen certificados emitidos por el IPN.
En este contexto, fuentes cercanas al procedimiento solicitaron la intervención de Horacio Duarte, secretario general de Gobierno del Estado de México, para supervisar el concurso. El fallo firmado por Mirey Ivonne Álvarez Rodríguez establece que el contrato estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, periodo durante el cual las instancias de control deberán verificar la calidad de los materiales entregados a los contribuyentes mexiquenses.
