La magistrada Porras Odriozola dio carpetazo a la investigación del escándalo de la Casa Blanca que involucró al ex presidente Enrique Peña Nieto (EPN), su entonces esposa Angélica Rivera y la empresa Higa.
El diario La Jornada reportó que las autoridades sancionaron a tres ex funcionarios por desaparecer el expediente que confirmaría la ilicitud en la compra de la propiedad.
Los culpables no resguardaron la documentación original dejando únicamente una copia de la versión pública.
La pena impuesta por el Tribunal Unitario en Materia Penal a los responsables del extravío fue la de realizar servicio social y ofrecer una disculpa pública.
A pesar de la inconformidad por parte de la Secretaría de Función Pública (SFP) y la Fiscalía General de la República (FGR) quienes argumentaron la pena de prisión, el Tribunal otorgó la suspensión condicional del proceso penal.
Ambas instancias lamentaron la sentencia para los indiciados debido al impacto directo que tiene dicho suceso en estas, así como en la sociedad mexicana.
La SFP aseguró que el extravío de un expediente tan importante en materia de investigación es un problema de trascendencia nacional.
Cierran el caso de la Casa Blanca de Peña Nieto
La resolución que fue emitida en septiembre de 2021, se concretó el pasado 26 de mayo por un juez de control con sede en el Reclusorio Norte.
En 2018, la SFP solicitó el expediente del caso para acreditar la falta nacional, sin embargo, nunca presentó una denuncia penal.
En las audiencias llevadas a cabo el año pasado, la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción notó el extravío del expediente original y que además había sido remplazado por la versión pública.
Esta no contaba con anexos ni contratos que dieran validez al argumento de Angélica Rivera, así como con la acreditación de ingresos para adquirir la propiedad.
El documento público tampoco contaba con el dictamen contable que, se decía, se elaboró durante el mandato de Enrique Peña Nieto.
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