Ciudad de México.- Un grupo de diputados constituyentes, con diversas posturas ideológicas y políticas e integrado por miembros de la sociedad civil y militantes de partido, entregamos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un nuevo Amicus Curiae, esta vez, relativo a los derechos de los pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México.
En su momento, este grupo plural formó parte de la Comisión encargada de presentar el dictamen sobre los derechos de los pueblos indígenas ante el pleno de la Asamblea Constituyente, como parte del mandato constitucional federal de someter a discusión los diferentes proyectos y propuestas recibidas para elaborar la Constitución Política CDMX.
Es conocido que la SCJN admitió diferentes acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales contra la primera Carta Magna local que fueron promovidas por distintas instancias y grupos de poder, todas ellas articuladas en torno a la pretensión de limitar o de plano cancelar algunos derechos ciudadanos que al interior del Poder Constituyente siguieron la ruta de la progresividad o que se incorporaron a nuestro máximo ordenamiento jurídico y político como nuevas garantías sociales en la Ciudad.
La acción de inconstitucionalidad más insidiosa es la presentada por la Procuraduría General de la República que demanda la anulación total o parcial de 23 artículos de los 71 que integran la Constitución local, estableciendo conceptos de invalidez sobre temáticas representativas de lo más avanzado del nuevo marco legal. Cuestiona el alcance y contenido de los derechos indígenas alegando “ausencia de consulta” conforme a los estándares internacionales en la creación de la norma. El Amicus Curiae que se entregará ofrece datos sobre las 940 asambleas deliberativas celebradas en las 16 delegaciones, argumentos en defensa de los derechos colectivos de los pueblos y barrios originarios, así como testimonios sobre la calidad de la consulta llevada a cabo por la Asamblea Constituyente y reconocida como apegada a las obligaciones internacionales por la Relatora Especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
La SCJN ha recibido diferentes Amicus Curiae en defensa de la Constitución, tanto por parte de organizaciones sociales en aspectos que afectan los derechos de las minorías, como por los partidos quienes defienden materias generales de la Carta Magna local. Recordemos que el Amicus Curiae es una herramienta que eleva la calidad del debate incorporando mayor transparencia a las decisiones de los ministros. Al resaltar el interés público, expresa una opinión fundada en favor del bien común y un alegato sobre una decisión judicial que plantea cuestiones jurídicas y políticas socialmente relevantes.
La defensa de la Constitución CDMX busca contrarrestar las involuciones que la acechan desde distintos flancos. Los retrocesos también aparecen en las leyes secundarias y bajo el argumento de la armonización legislativa se opta por soluciones conservadoras. En la ley electoral, por ejemplo, se canceló el cabildo abierto, la representación de pueblos se sustituyó por “promoción” e incluso, se eliminó la violencia política de género como causal de nulidad electoral. Nuestro máximo tribunal debe establecer una resolución legítima y sustentada que permita cumplir el principio democrático de que las leyes son autoimpuestas y en consecuencia obligatorias, reconociendo que los retrocesos afectan a los ciudadanos.
@isidroh.cisneros
