Ciudad de México.- La violencia política de género es un nuevo fenómeno de agresión en contra de las mujeres que, de manera contradictoria, ha crecido desde que en 2014 el Congreso de la Unión legisló a nivel constitucional para consagrar el principio de paridad de género en las candidaturas para legisladores federales y a nivel municipal.
Santiago Nieto Castillo, fiscal especializado para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), dio cuenta del incremento de denuncias presentadas por este tipo de violencia. Dijo que en 2012 la Fiscalía tenía registrados solamente dos casos de violencia en contra de mujeres, para 2015 a eran 38 casos detectados y para 2016 el número subió a 103.
“En 2017 recibimos cinco denuncias, y nos comienzan a preocupar los estados del sur-sureste, particularmente con las presidentas municipales, regidoras y síndicas, en estados como Guerrero, Chiapas y Oaxaca, Puebla y Morelos, que son atacadas por los hombres que integran los ayuntamientos”, explicó Nieto.
El titular de la Fepade ofreció este miércoles una conferencia magistral en el marco de la su XXII Asamblea General Ordinaria de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales (AMCEE) que se realizó en las instalaciones del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF). Ahí, Nieto firmó un convenio de colaboración con las integrantes de esa asociación, con el objetivo de generar mecanismos que inhiban la violencia política de género.
Durante el evento, el funcionario lamentó que a raíz de aquella reforma constitucional, que garantizó más espacio para las mujeres en la vida política, se presenten mayores casos de agresiones de parte de los hombres.
Por lo anterior, el titular de Fepade consideró que un paso fundamental sería definir un tipo penal ya sea desde el fuero federal o en el fuero común, para sancionar la violencia política de género, pues sólo con medidas punitivas que lleven, por ejemplo, a la suspensión de los derechos políticos de los agresores, se detendrán ese tipo de conductas.
Se pronunció porque los propios partidos políticos y los institutos electorales estatales o incluso el propio INE, definan sanciones en contra de aquellos varones que incurran en violencia política de género.
Nieto Castillo dijo que es fundamental impulsar una mayor presencia política de las mujeres, y por ello consideró que en la próxima renovación de tres lugares dentro del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), las vacantes puedan ser ocupadas en todos los casos por mujeres.
El abril próximo concluye el periodo de tres consejeros del INE y en virtud de ello, la Cámara de Diputados avaló ya la convocatoria para la elección de los sustitutos, que ejercerán el cargo por nueve años, de 2017 a 2026.
“Cuando se tengan que nombrar a los consejeros del INE creo que se tendría que designar a dos mujeres y un hombre, o las tres mujeres, por qué no”, expuso el fiscal
