Ciudad de México.- La sexta legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) se caracterizó por ser el congreso local más caro del país, pocos resultados en su tarea legislativa, legalizar lo ilegal como es el tema de usos de suelo, escándalos de corrupción y ser una oficialía de partes al aprobar mayoritariamente las iniciativas del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, en estos tres años.
Los 66 diputados locales mantuvieron los bonos, prestaciones y hasta la creación de un programa denominado de “Apoyo a la Gestión” que significaba 74 mil 500 pesos mensuales para cada legislador para apoyos sociales. El presupuesto total que tuvieron del 2012 al 2015 asciende a casi 5 mil millones de pesos.
Incumplieron en el tema de la transparencia de las prerrogativas que cada mes reciben los grupos parlamentarios –estimado en 13 millones de pesos mensualmente- pues sólo entregan reportes pero no comprobantes de gasto y mantuvieron reservadas las versiones esteneográficas de la Comisión de Gobierno de la ALDF.
Para Luis Carlos Ugalde, director de la consultoría Integralia, consideró que la legislatura saliente falló en la rendición de cuentas. “Fue una Asamblea con enormes deficiencias. No tuvo resultados de funciones legislativas. No hay indicadores de desempeño por cada diputado, no han rendido cuentas de gastos, tienen comisiones sin utilidad».
«Tienen el mayor presupuesto a nivel nacional y no cumplieron con las leyes de transparencia, el diputado Manuel Granados, anterior presidente de la comisión de gobierno, falló en la insignia de transparencia que prometió”, afirmó Ugalde.
La ALDF cuenta con 36 comisiones ordinarias, 9 especiales y 9 comités. De acuerdo con una investigación de Integralia, falta información sobre el trabajo que se realiza ahí.
Académicos y expertos consultados por Capital MX consideraron que la legislatura saliente, donde el PRD tuvo una mayoría absoluta con 34 de los 66 legisladores, estuvo envuelta en escándalos de corrupción, impunidad y falta de compromiso.
Se presentaron casos como el del diputado local del PAN, Édgar Borja, quien se reveló mediante audios que intervino en concursos de obra o los audios difundidos del ex Oficial Mayor de la ALDF, Aarón Josué Ramos, quien renunció al cargo para que fuera investigado, porque contrató a un guardaespaldas con supuestos vínculos con delincuentes. La investigación, fue exonerado.
“El resultado en este momento es precario, no es tan exitosa como lo hubiéramos supuesto. La gravedad de problemas urbanos ya rebasó por mucho el nivel de contención que la asamblea podía tener”, señala el doctor Ulises Corona, académico de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Entre los asuntos más graves, considera el experto, está la falta de sanciones a los legisladores por sus inasistencias y los casos de corrupción. “Una vez que los diputados ocupan su curul, se olvidaron por completo de sus ciudadanos y sólo los vuelven a ver en campaña, no hubo comunicación entre legisladores y capitalinos”, condenó.
La imagen que tuvo esta asamblea fue de partidismo. “El PRD ha hecho suya esa institución y la ha utilizado como un coto de poder y de recursos”, acusó Corona.
La sexta legislatura de la ALDF planteó en un inicio la regulación del consumo de mariguana. Sin embargo, cuando se entró al análisis se determinó que no había facultades para regularlo y en los que sí podían, el tema no avanzó y la iniciativa se quedó en la congeladora.
Lo que sí legislaron fue el tema de la prohibición de animales en los circos, así como las leyes para sectores como los periodistas, jóvenes y combatir la trata de las personas. Pero al final hubo señalamiento de vecinos porque se aprobaron cambios de uso de suelo, pese a la oposición vecinal.
Para Manuel Guadarrama, coordinador de Finanzas Pública del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), la sexta legislatura dejó cuestiones sin resolver: regulación que obligue a los legisladores a excusarse de participar en procesos parlamentarios en los que tenga un potencial conflicto de interés; creación de un Código de Ética y/o Conducta para los funcionarios y legisladores del cuerpo legislativo, así como de disposiciones que regulen el cabildeo.
