En medio de un ambiente que más parecía un acto de campaña electoral, la diputada Diana Sánchez Barrios llegó hoy al Congreso capitalino a presentar de nuevo el proyecto de su “Ley Chambeando Ando”, una iniciativa de reforma constitucional que reconoce al ambulantaje como una forma legítima de derecho al trabajo.
Cientos de comerciantes informales abarrotaron las calles de Donceles y Allende; entre porras, cohetones y banderas aclamaron a su lideresa, la legisladora Diana Sánchez Barrios que antes fue diputada del PRI y ahora es fiel aliada de Morena.
Para enmarcar esa alianza política con la 4T, en un presidium montado afuera del Congreso capitalino arroparon a Diana tanto la coordinadora de la bancada Morena Xóchitl Bravo, como el presidente de la Mesa Directiva del Legislativo local, el pevemista Jesús Sesma.
Al lado de Diana, su mamá y matriarca del clan, la señora Alejandra Barrios Richard, escuchaba los vítores de sus agremiados y atestiguaba un discurso que apunta a que ahora sí saldrá la “Ley Chambeando Ando”.
Hace seis años, en la primera legislatura del Congreso de la Ciudad, Diana promovió la iniciativa, pero lo hizo desde la bandera opositora del priismo y no le valió que la propuesta estuviera acompañada de 40 mil firmas ciudadanas que validó el Instituto Electoral.
Aquella propuesta ni siquiera se discutió en comisiones y no pasó de la congeladora, pero hoy el escenario político y legislativo le favorece a la familia Barrios.
Nada que ver con aquel momento, no hace mucho, en que Alejandra Barrios y Diana Sánchez Barrios estuvieron en prisión acusadas de robo en pandilla y lesiones.
Ni que decir cuando en octubre de 2024 Diana fue víctima de un ataque a balazos que la puso al borde de la muerte.
Hoy, en medio del júbilo político y legislativo, Sánchez Barrios enarboló el alcance legal de una iniciativa que suena ambiciosa.
Contempla la adición de un párrafo al artículo 10 de la Constitución capitalina para establecer que las autoridades reconocerán el comercio en vía pública como una modalidad legítima del derecho al trabajo, vinculada a los principios de dignidad humana e inclusión social.
Además, plantea que el comercio popular en vía pública, forma parte de la economía urbana y contribuye al desarrollo comunitario.
En consecuencia, las y los comerciantes populares serán titulares de derechos como el acceso a condiciones justas, no discriminación y seguridad jurídica, así como de obligaciones vinculadas al orden público.
Garantiza que se habiliten zonas especiales de comercio y de cultura popular.
Agrega en una adición al artículo 12 que el derecho a la Ciudad le garantizará a los ambulantes “el uso y disfrute del espacio público para el desarrollo de actividades económicas de subsistencia en condiciones de igualdad, incluyendo el comercio en vía pública”.
Este ejercicio deberá realizarse bajo los principios de ordenamiento de la vía pública, justicia social, participación democrática y respeto a la convivencia urbana, asegurando que toda regulación observe los criterios de proporcionalidad y progresividad de los derechos.
Además, las autoridades capitalinas estarán obligadas a garantizar el carácter “productivo” de los espacios públicos, se señala en una reforma al artículo 13 de la Carta Magna local.
