La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió atraer un conflicto constitucional relacionado con el suministro de agua potable en Ecatepec, donde el gobierno municipal busca restringir el servicio a cerca de 50 litros diarios por habitante.
El expediente 869/2025 fue turnado al Máximo Tribunal tras una solicitud promovida por la diputada Miriam Silva Mata, quien planteó la importancia de revisar cómo se garantiza el derecho humano al agua en este caso específico.
El estudio que realizará la Corte se centrará en determinar si es legal limitar el acceso al agua, incluso a personas que cumplen con el pago del servicio, y si esta medida se ajusta a los principios constitucionales vigentes.
Como parte de la atracción, la SCJN instruyó a los Tribunales Colegiados del Estado de México a suspender cualquier resolución pendiente relacionada con el tema, con el fin de concentrar el análisis en el ámbito federal.
El debate constitucional girará en torno al concepto de “mínimo vital”, que el municipio utiliza como justificación ante la escasez del recurso y los problemas técnicos de su red de distribución.
Este volumen representa una cantidad limitada de agua, comparable a tres cubetas grandes, destinada a cubrir durante 24 horas actividades esenciales como beber, cocinar, asearse y realizar labores básicas de limpieza.
La decisión de atraer el caso fue respaldada por las ministras y ministros Lenia Batres Guadarrama, Loretta Ortiz Ahlf, Hugo Aguilar Ortiz, Sara Irene Herrerías Guerra e Irving Espinosa Betanzo, quienes estimaron que el asunto tiene impacto constitucional y podría influir en políticas similares en otros municipios del país.
