El gobierno de Clara Brugada desempolvó y sacó del cajón de los fracasos un plan para crear un nuevo impuesto llamado “cobro a la plusvalía”, el cual fue eliminado hace nueve años de la Constitución capitalina debido a la inconformidad social que generó en ese momento.
La idea de retomar la creación del impuesto a la plusvalía está incluida en el proyecto del Plan General de Desarrollo 2025-2045 (PGD) que la actual administración capitalina someterá a una amplia consulta pública de noviembre de este año a enero de 2026, de acuerdo a la convocatoria que el mismo gobierno emitió en días pasados.
Se trata de una estrategia a corto plazo para impulsar la creación de vivienda asequible, se establece en el proyecto del PGD, del cual Capital CDMX tiene una copia.
Pero la intención de retomar esa nueva carga fiscal no para ahí, pues la administración de Brugada quiere generar otros impuestos por conceptos como la subutilización del suelo, recargos por vivienda ociosa y contribuciones por mejoras.
La estrategia está incluido en el capítulo XV del PGD, denominado “Proveedora de Vivienda Sostenida y Acequible”.
En la estrategia a corto plazo número 6 se lee: “Diseñar políticas de suelo con justicia territorial, promoviendo instrumentos fiscales como el cobro por plusvalía, tasas por subutilización, recargos por vivienda ociosa, y contribuciones por mejoras.
“Estas acciones deberán vincularse con la expedición de la Ley de Ordenamiento Territorial como base normativa para impulsar una gobernanza democrática del suelo y del hábitat en clave metropolitana”.
DESDE LA CONSTITUYENTE
La idea de crear un impuesto a la plusvalía no es nuevo. El primero en impulsarlo fue Miguel Ángel Mancera quien incluyó esa propuesta en el borrador de la Constitución de la Ciudad de México que se discutía en 2016 al seno de la Asamblea Constituyente.
El plan era que la nueva carga fiscal se cobrara con base en la inversión pública realizada por el gobierno de la Ciudad en torno a inmuebles privados.
Así, el predial ya no solo se cobraría con base en el valor catastral de un inmueble y la superficie del terreno que este ocupa, sino también incluyendo la inversión pública destinada para mejorar y embellecer los espacios que rodean un polígono o zona.
En diciembre de 2016 Mancera tuvo que dar marcha atrás y retirar su propuesta del proyecto de la Constitución capitalina, pues entre diversos sectores sociales y empresariales surgió una fuerte oposición al planteamiento.
Pero hoy Clara Brugada, quien por cierto fue parte de aquella Asamblea Constituyente, rescató aquella fracasada figura fiscal y la incluyó en el PGD para ampliar los mecanismos de financiamiento habitacional, señaló.
Otro de sus planes en materia de vivienda contenidos en el proyecto del Plan General de Desarrollo es lo que denominó como “regularización jurídica” para asentamientos irregulares, especialmente para las personas registradas en la bolsa de solicitantes del INVI.
Según la mandataria, esa estrategia permitirá revertir el rezago habitacional a 2.7 por ciento, garantizar el acceso efectivo y diversificado a una vivienda adecuada, consolidar entornos seguros y habitables con una reducción del hacinamiento a 18.8 por ciento.
REGULARIZAR ASENTAMIENTOS
También se avanzaría “hacia la regularización jurídica, disminuyendo al 13.9 por ciento las viviendas propias o en proceso de pago que aún carecen de escrituras”, se lee en el documento.
A mediano plazo, la intención del Gobierno capitalino es recuperar inmuebles desocupados mediante programas de rehabilitación integral, redensificación con servicios y control público de la localización para evitar la expulsión hacia periferias sin servicios, todo ello mediante esquemas cooperativos y protección de las zonas de arraigo.
Sin abundar en detalles, mencionó la necesidad de crear una nueva regulación de usos del suelo para frenar desplazamientos.
Habló también de diseñar programas de reutilización y reconversión de edificios subutilizados y abandonados, mediante apoyos fiscales para el desarrollo de proyectos habitacionales incluyentes.
A largo plazo la apuesta es crear cooperativas de vivienda como “modelo de acceso habitacional solidario”, a fin de garantizar que la oferta en zonas centrales o regeneradas sea asequible y bajo gestión pública.
También se busca institucionalizar la producción social del hábitat y la gestión democrática del suelo, mediante mecanismos permanentes de autoproducción asistida, vivienda pública y cooperativa, banca social y cogestión comunitaria, junto con planificación metropolitana, reservas de suelo asequible y control de la especulación.
VIVIENDA EN RENTA
Para la vivienda, el proyecto del PGD incluye diversas líneas de acción, como la creación de una institución financiera de vivienda con líneas diferenciadas por grupo de atención prioritaria, la aprobación de una Ley de Finanzas para la Vivienda que regule créditos diferenciados, la conformación de la Plataforma de Registro de Contratos de Arrendamiento, así como apoyos sociales a personas con baja capacidad de pago para que accedan a crédito INVI.
Pero también pretende mantener límites a la renta temporal, es decir, plataformas como Airbnb, con registros obligatorios y control por polígonos, cupos, fiscalidad progresiva, así como una regulación especial para usos turísticos y penalización a vivienda ociosa.
