Bajo el cobijo de una figura creada por Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno, se ha consolidado una nueva forma de violar los usos de suelo en la Ciudad, a través de un instrumento denominado Certificado de Uso de Suelo por Reconocimiento de Actividad (CUSRA).
La aplicación ilegal de esos CUSRAS ha proliferado en colonias como San Ángel, San Ángel Inn y Tlacopac, regidas por programas parciales de desarrollo urbano, lo que ha derivado en la proliferación de oficinas y hasta un laboratorio químico, a pesar de ser zonas habitacionales.
Vecinas de esas colonias, junto con el abogado Víctor Delgado Torres, ofrecieron una conferencia de prensa para hablar sobre el manejo irregular que privados han hecho de esos certificados y que antes la Seduvi, ahora la Secretaría de Planeación, han emitido a pesar de conocer la situación.
POR EL COVID
Víctor Delgado recordó que los CUSRAS surgieron en el 2021, durante el gobierno de Sheinbaum, para impulsar la reactivación económica de las micro y pequeñas empresas, luego de la pandemia por el Covid.
El decreto de creación de esos certificados señala que se otorgaría una autorización para validar la actividad económica ejercida en los cinco años previos a 2021.
Ese certificado no es para el predio ni para el dueño del predio, sino para la persona que está ejerciendo la actividad económica en ese domicilio, y si la persona se muda de dicho lugar pierde esa autorización de uso de suelo.
El problema surgió porque las autoridades de Seduvi y hoy de la Secretaría de Planeación comenzaron a hacer una lectura interpretativa, de la que también se aprovecharon los privados, para justificar actividades económicas que realizan después de 2021 y con ello violan los usos de suelo.
El decreto de creación de los CUSRAS, agregó Víctor Delgado, incluyó muchos vacíos legales, pues careció de la fundamentación adecuada para implementarlo, pues no estableció limitantes claras para precisar que debían ser los cinco años previos.
“Empezamos a tener un surgimiento enorme de cuestiones ilegales, básicamente oficinas, y nos dimos cuenta que estaban bajo el amparo de estos CUSRAS que Seduvi y después la Secretaría de Planeación entregaron entre 2023 y 2024”, explicó Josefina Mac Gregor, vecina de San Ángel y directora de la organización Suma Urbana.
VIOLAN SUS REGLAS
Josefina Mac Gregor detalló que las autoridades capitalinas violan su propia normatividad al emitir los CUSRAS.
Explicó que en el sitio de Internet de la Seduvi se señala que los certificados están dirigidos a micro y pequeños comercios.
Además, en la misma página se dice que los CUSRAS no se pueden aplicar donde se encuentren vigentes programas parciales (es el caso de San Ángel, SanÁngel Inn y Tlacopac), no generan derechos adquiridos y no se pueden transmitir con la venta del negocio.
Los vecinos acudieron a la PAOT y en respuesta a su queja, el 27 de junio de 2024 les informó que los CUSRAS no podrán aplicarse en ningún caso en polígonos que se ubiquen dentro de programas parciales de desarrollo urbano.
El año pasado se reunieron con Inti Muñoz, todavía como titular de Seduvi, para darle a conocer la problemática, al tiempo que iniciaron 10 recursos de inconformidad ante la dependencia.
Las alcaldías se amparan y dicen que no pueden intervenir, pues los privados presentan sus CUSRAS.
“Los diez procesos que interpusimos están en investigación, las alcaldías les colocaron sellos a todos y aun así siguen operando, violando sellos; pedimos que se repusieran los sellos, pero las alcaldías no lo han hecho”, acusó Josefina Mac Gregor.
Así, enfatizó, esos certificados se han convertido en un mecanismo de aplicación totalmente irregular e ilegal, que afectan programas parciales en la ciudad, por lo que tenemos un crecimiento anárquico, a criterio de quien autorice los certificados dentro de la Secretaría de Planeación y genera la sospecha de corrupción”, acusó la directora de Suma Urbana.
CASOS ESPECÍFICOS
Sara Alva y Laura Álvarez, vecinas de Tlacopac, detallaron el impacto que ha tenido la aplicación de los CUSRAS en su comunidad, donde hay por lo menos 29 oficinas ilegales.
Lamentaron que el acercamiento con Seduvi y ahora con la Secretaría de Planeación que dirige Alejandro Encinas ha sido de lo más difícil y tardado a fin de obtener información, solo para enterarse que los privados han presentado amparos.
Lamentaron que con la alcaldía Álvaro Obregón de Javier López Casarín no hay ninguna respuesta, lo que revela un vacío de autoridad, pues se han presentado 45 solicitudes de verificación sin ningún resultado.
Ahí opera un laboratorio químico y no ha existido forma de que se le verifique, a pesar de que tienen sellos de clausura.
En el caso de San Ángel Inn, Elba Correa y Josefina Viveros explicaron que fuera de vialidades como Altavista, los giros comerciales y de servicios están prohibidos.
Aún así han detectado 17 oficinas ilegales o plazas comerciales que todavía no inician operaciones y a pesar de ello ya tienen CUSRAS.
Consideraron que esos certificados son utilizados por grupos inmobiliarios muy poderosos y empresas que de mala fe se aprovechan de esa reglamentación para violar los usos de suelo.
En la calle de Magnolia, por ejemplo, opera una agencia de autos; hay centros culturales sobre Periférico, múltiples oficinas y centros comerciales.
Catalina Everaert y Josefina Mac Gregor exigieron a Alejandro Encinas la eliminación inmediata del reglamento de los CUSRAS, que revise y deje sin efectos los certificados ya emitidos, y detenga la emisión de nuevos documentos.
Recordaron que han solicitado ya un encuentro con Encinas, pero el funcionario se ha negado a atenderlas.
En San Ángel existen seis CUSRAS y alrededor de 22 denuncias, por lo que en las tres colonias hay mas de 60 oficinas ilegales, a pesar de que esas comunidades son zonas patrimoniales y de monumentos históricos.
