Habitantes del pueblo originario de Santa Cruz Atoyac clausuraron esta tarde un proyecto inmobiliario de GDC Desarrollos y Banca Mifel en la avenida Cuauhtémoc 1319, al acusar que no se respetó el derecho a la consulta de los pobladores ni una moratoria urbana ordenada por esa misma comunidad.
Los propios vecinos colocaron sellos en las lonas publicitarias de la obras que sirven como fachada provisional y explicaron que no se trata de una clausura simbólica, sino una acción legal sustentada en la normatividad interna del propio pueblo aprobada en una asamblea celebrada el 16 de diciembre de 2023.
Además de la clausura de la obra, los pobladores instalaron un plantón en el cruce de avenida Cuauhtémoc y el Eje 7 Sur Municipio Libre, en donde permanecerán hasta que las autoridades capitalinas retiren las autorizaciones de construcción otorgadas a ese desarrollo inmobiliario.
Afuera del predio, el vecino Mauricio Reyes Hernández dio lectura a un pronunciamiento en el que expresó la preocupación del pueblo, pues dijo que la obra se encuentra frente a la iglesia de esta comunidad, en un terreno donde los vecinos ya le habían exigido al gobierno central su recuperación para convertirlo en una plaza pública.
El terreno tiene una extensión de mil 30 metros cuadrados y cuenta con licencia de demolición, la cual ya se ejecutó, pero también tiene una manifestación de construcción tipo B para edificar 86 departamentos en ocho niveles, además de un sótano y un semisótano de estacionamiento para 54 vehículos.
Arturo Aparicio, asesor legal de los vecinos, explicó que este proyecto de GDC Desarrollos y Banca Mifel se localiza dentro del casco histórico del pueblo originario de Santa Cruz Atoyac y por tanto en una zona de conservación patrimonial, reconocido así en el Programa Delegacional de Desarrollo de la Benito Juárez.
Añadió que antes de que las autoridades capitalinas y de la alcaldía otorgaran autorizaciones, debió realizarse una consulta indígena con base en la Constitución de la CDMX, la Ley de Pueblos y el Convenio 169 de la OIT.
Recordó que a mediados de 2024 la entonces Seduvi emitió un acuerdo para que en zonas de conservación patrimonial de los pueblos no se puedan construir proyectos inmobiliarios.
Arturo Aparicio explicó que los pobladores han tenido mesas de diálogo con la alcaldía, pero ahí no han obtenido información clara.
También hubo una reunión con Pablo Yanes, cuando era titular de la Secretaría de Planeación, y ahí el funcionario se comprometió a revisar los 18 proyectos inmobiliarios existentes en la zona y que también violan el derecho a la consulta.
Sin embargo, a la semana y media de ese compromiso por parte de Pablo Yanes, el funcionario dejó la Secretaría de Planeación para irse de titular a la Secretaría de Bienestar.
Durante la manifestación y el pronunciamiento, los vecinos de Santa Cruz Atoyac recordaron su exigencia al gobierno de Clara Brugada para la suspensión de pagos del impuesto predial, pues hay un incremento excesivo en las tarifas de esa contribución debido a la presión inmobiliaria que se padece en la zona.
Negaron que durante la consulta del Plan General de Desarrollo, los pobladores de Santa Cruz Atoyac fueran tomados en cuenta para ese proceso como lo aseguró en su momento el Instituto de Planeación.
