La Fiscalía General de la República (FGR) acusó ante una jueza federal al ex secretario de Administración y Finanzas del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Javier Tapia Santoyo, por la adjudicación de contratos de insumos médicos por más de 11 millones de pesos a una empresa catalogada como fantasma, cuando se desempeñaba como tesorero del Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE.
Se trata de la primera de varias investigaciones abiertas en su contra por presuntos actos de corrupción, que derivaron en su destitución del IPN el año pasado por instrucciones de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
De acuerdo con autoridades judiciales, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción judicializó la carpeta FED/FECC/UNAI-CDMX/0000530/2019 contra Tapia Santoyo y otros dos ex funcionarios del ISSSTE por el delito de uso ilícito de atribuciones.
Durante la audiencia inicial celebrada el 27 de febrero ante la jueza Patricia Sánchez Nava, en el Centro de Justicia Federal del Reclusorio Oriente, los fiscales señalaron que en 2018 se adjudicaron tres contratos a la empresa Interacción Biomédica por un monto total de 11 millones 147 mil pesos, pese a que desde un año antes la compañía figuraba en el listado del Servicio de Administración Tributaria (SAT) como simuladora de operaciones.
Esta es la segunda ocasión en que la FGR presenta los cargos, luego de que la carpeta fuera devuelta previamente para subsanar aspectos normativos.
La defensa del ex funcionario solicitó la duplicidad del plazo constitucional para definir su situación jurídica, por lo que será el 4 de marzo cuando se determine si es vinculado a proceso.
En contraste, los otros dos imputados —María Dolores Arellano Sesmas y Rodrigo Alberto Rodríguez Briceño— decidieron no ampliar el plazo. La jueza consideró que existían datos de prueba suficientes para vincularlos a proceso por el mismo delito, imponiéndoles como medidas cautelares la prohibición de salir del país y la obligación de firmar periódicamente mientras dure el proceso.
Arellano Sesmas se desempeñaba, al menos hasta octubre, como titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. A principios de febrero también fue vinculada a proceso Cecilia Guadalupe Orta Sosa, administradora única de Interacción Biomédica, por su presunta participación en el mismo esquema.
En diciembre de 2023, la organización civil TOJIL dio a conocer la investigación “Clan Biomédica”, en la que documentó presuntos vínculos contractuales y empresariales entre Tapia Santoyo y una red de 84 empresas fachada encabezada por Interacción Biomédica S.A. de C.V., señalada como una de las compañías simuladoras de operaciones que más recursos públicos habría recibido, con más de 3 mil 300 millones de pesos.
Según dicha indagatoria, las adjudicaciones a empresas de dicha red habrían iniciado durante su paso por el ISSSTE y continuado posteriormente desde el IPN.
Además, en 2022 la FGR abrió una carpeta de investigación por presunto enriquecimiento ilícito y otra por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita. No obstante, el ex funcionario permaneció en el cargo hasta 2025, cuando fue removido tras nuevas indagatorias por irregularidades.
