El Bando 1 que anunció ayer Clara Brugada para combatir la gentrificación, se puede enmarcar en una “política estatal de paliativos para una catástrofe por falta de vivienda en la Ciudad”, consideró el doctor en Ciencias Sociales y experto en urbanismo Pablo Gaytán Santiago.
En entrevista con Capital CDMX, expuso que las acciones previstas en ese Bando 1 son un intento de “curar con cositas y con cápsulas la catástrofe generada por los desarrolladores inmobiliarios” en la capital del país.
El doctor por la UAM Xochimilco llamó la atención sobre el término “Bando”, utilizado por la jefa de Gobierno para hablar de la estrategia antigentrificación.
La política de Bandos, recordó, viene del periodo de Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno del DF, cuando emitió el Bando 2 con el supuesto objetivo de redensificar la ciudad central, pero que al final resultó un facilitador para las millonarias inversiones inmobiliarias de empresas y personajes como Grupo Dahnos o Carlos Slim.
“El Bando es un ejercicio unipersonal de la ley y eso configura de lo que estamos hablando”, expuso Pablo Gaytán al advertir que hasta en términos semánticos lo anunciado por Brugada tiene contradicciones, pues utiliza palabras que remiten a un lenguaje militar y a la vez neoliberal, pero al mismo tiempo retoma conceptos de las organizaciones que por años han resistido los embates de despojo, desalojo, desplazamiento y desarraigo.
“Usan palabras como planeación, intervención, grupos vulnerables, estabilización, índice de precios de alquiler, pero también hablan de vivienda asequible, identidad barrial y arraigo barrial”, expuso el especialista.
PALIATIVOS
Autor del libro “Estado Inmobiliario en la Ciudad de México. Despojo, desalojo, desplazamiento y desarraigo 1982-2024”, Gaytán Santiago abundó sobre las razones por las cuales el Bando 1 resulta un paliativo.
Recordó que en su narrativa, las autoridades capitalinas hablan de realizar 200 mil acciones de vivienda durante los seis años de gobierno.
Pero advirtió que el término resulta engañoso porque en él se incluyen remodelaciones de casas y departamentos, lo cual no significa la creación de hogares nuevos y asequibles.
También alertó sobre el riesgo de que la vivienda nueva creada con financiamiento público sea acaparada con fines clientelares por organizaciones como la UPREZ o el Movimiento Urbano Popular.
Cuestionó los mecanismos para hacer accesible la vivienda a grupos de escasos recursos como los jóvenes, pues ofertas que ya crean organismos públicos como Servimet generan departamentos con un valor de 1.9 millones de pesos.
Ese monto resulta inaccesible para jóvenes, pues con salarios tan precarizados no podrían comprobar ingresos superiores a los 18 mil pesos mensuales para adquirir ese tipo de viviendas.
Pablo Gaytán consideró también que propuestas como la creación de una Defensoría de Derechos Inquilinarios corren el riesgo de convertirse en una salida falsa.
“Si reconstruimos la experiencia en defensorías de todo tipo, solamente se hacen trámites y sus resoluciones nunca operan, y entonces es un mero disfraz de la irresponsabilidad del Estado para cumplir la ley y la norma”, explicó el urbanista.
También expuso que el Índice de Precios de Alquiler Razonable habla de un plan para hacer una zonificación de la ciudad de acuerdo a su valor, así como medir la oferta y la demanda en las distintas zonas de la Ciudad.
“Pero también es una simulación (ese índice), porque es una disque intervención en el mercado de la vivienda de alquiler, pero eso no soluciona nada, pues se mantendrá el juego de la oferta y del mercado”, acusó.
