El Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios de la Cuenca del Anáhuac, acusó que Claudia Sheinbaum vendió el territorio de la CDMX al poder inmobiliario.
A través de un comunicado, este colectivo recordó que los días 3 y 4 de agosto se publicaron en la Gaceta Oficial decretos elaborados por la Jefa de Gobierno.
En ellos se concreta esa entrega del territorio.
El Frente recordó que en esos decreto se establece, por ejemplo, que no se realizarán visitas de verificación.
Ni suspensiones o clausuras en las obras en construcción, hasta el mes de enero de 2022.
Además, en las vías primarias de prácticamente la mitad de Ciudad de México (salvo Iztapalapa, Xochimilco, Iztacalco, Tláhuac y Milpa Alta) se les permitirá a los constructores iniciar de forma inmediata sus construcciones.
Para esas obras en vías primarias no será necesario realizar previamente ningún estudio de impacto ambiental o urbano o de disponibilidad de agua.
Los desarrolladores inmobiliarios tendrán también seis meses para obtener los permisos (ya con obras en curso).
“Con lo anterior, la Jefatura de Gobierno comienza a establecer ahora mismo políticas en materia de desarrollo urbano y ordenamiento territorial.
«Que justamente deberían decidirse en el proceso de planeación participativa del Plan General de Desarrollo y el Programa de Ordenamiento Territorial”, acusó el Frente.
Este colectivo aglutina a organizaciones sociales como la Coordinación de Pueblos de Xochimilco que ha encabezado la defensa de un humedal.
El humedal hoy está devastado por la construcción de un puente vehicular en Periférico y Cuemanco.
Sheinbaum vendió la CDMX
El Frente ha cuestionado el contenido del Plan General de Desarrollo (PGD) y del Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT).
Acusan que ambos documentos permiten, entre otras cosas, la urbanización en el suelo de conservación.
“¿Para qué tanta discusión con el Instituto de Planeación para dar opiniones a las propuestas de Plan y Programa si desde la Jefatura de Gobierno ya se establecen políticas que rompen con cualquier tipo de planeación democrática?
“¿Cuál es el peso real del Instituto y de Pablo Benlliure si desde la Secretaría de Gobierno le cancelaron su primer consulta.
«Y ahora la Jefa de Gobierno impone los criterios de desarrollo urbano por fuera de cualquier ley o programa?”, acusó el Frente en el comunicado de prensa.
Agregó que si bien desde los pueblos y barrios consideran importante “reactivar” la economía, no puede ser a través de la violación a los derechos a un medio ambiente sano, al agua, y a “la ciudad”.
Ruptura del equilibrio
El colectivo lamentó que esa visión inmobiliaria que prevalece en el GobCDMX agudiza la ruptura del equilibrio con nuestro entorno natural.
Además de que ahonda la crisis hídrica, inestabilidad del subsuelo, ambiente contaminado, etc.
“Es ingenuo pensar que los desarrolladores se van a auto regular.
«Por lo que en pocos meses tendremos cientos de obras sin estudios urbanos o ambientales y que ni siquiera podrán ser clausuradas”, lamentó el Frente.
El colectivo expuso que los decretos publicados en la Gaceta desdibujan las formas de participación que se proponen para los planes y programas.
Y tienden a aumentar la poca confianza en ese tipo de ejercicios de democracia participativa, situación que podría agravarse aún más, en detrimento del gobierno actual, que repite acciones parecidas a anteriores gobiernos.
“Por lo anterior, seguimos haciendo el llamado a toda la ciudadanía, pueblos, barrios y colonias, a continuar fortaleciéndonos para hacer frente a cualquier tipo de imposición.
«Y no permitir la aplicación de estos decretos, hasta en tanto no se cuente con un proceso de planeación verdaderamente participativo y vinculante”, concluyó el Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios de la Cuenca del Anáhuac.
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