El Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC), presentó el análisis Balance y Desaciertos de la política en seguridad, cómo corregir el rumbo el cual demuestra que la falta de autocrítica y escucha de la pasada administración federal dejó al país sumido en la peor crisis de violencia, en un contexto de militarización irreversible y una gran deuda con las víctimas de delitos, que lo convierten en un sexenio perdido en materia de seguridad y justicia.
El documento hace un balance no solo de instituciones como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), sino sobre las políticas implementadas en la materia. Al respecto, muestra evidencia sobre las políticas cuestionables frente al lavado de dinero, así como de los programas sociales que fueron insuficientes para prevenir el delito y la violencia.
En este periodo se registraron 194 mil 510 víctimas de homicidio doloso y feminicidio.Es decir, 91.2 al día. Esto es, una víctima cada 15 minutos con 48 segundos. Si hubiera sido un sexenio completo se hubiera llegado a 201 mil 217 homicidios.
El director del ONC, Francisco Rivas, señaló que el saldo de la estrategia de seguridad presuntamente basada “en abrazos y no balazos” es a todas luces negativo.
No hay evidencia, añadió, de que en la pasada administración federal haya mejorado la eficiencia, la eficacia, la transparencia, la rendición de cuentas e incluso la incidencia delictiva. Esto no se logró debido a que no se corrigieron las debilidades y errores evidentes de la Estrategia Nacional de Seguridad desde un inicio.
Durante el gobierno de López, indicó, México no solo continuó gastando poco en seguridad sino que hubo ineficencia con austeridad, lo cual fue en detrimento de las instituciones y las políticas públicas en la materia.
El gobierno de Claudia Sheinbaum, dijo, recibe una administración pública federal con endebles capacidades institucionales para enfrentar un fenómeno criminal al alza en un contexto de abierta militarización. Sin embargo, reconoció que cuenta con todas las herramientas para impulsar una estrategia de seguridad que permita pacificar al país.
“La Estrategia Nacional de Seguridad presentada por la administración de Sheinbaum no solo requiere ser afinada sino que debe optar por un enfoque novedoso que no replique las políticas y líneas de acción implementadas por los pasados gobiernos federales”, puntualizó.
Francisco Rivas insistió en que para corregir el rumbo es necesario aprender de los errores.
Por esta razón, dijo, en el Observatorio Nacional Ciudadano consideramos que la Estrategia Nacional de Seguridad debe:
- Implementar con un mejor ejercicio del gasto público
- Formularse con perspectiva de género
- Adecuar el diseño de programas sociales con fines de prevención del delito
- Ampliar su visión al ámbito municipal e internacional
- Definir con urgencia sobre los siguientes temas: víctimas, derechos humanos, violencia de género, cooperación internacional, lavado de dinero
- La SSPC puede ser la llave del cambio en la estrategia o el “elefante en la sala”
Sobre la deuda del pasado gobierno federal en cuanto a la atención a víctimas, el director del Observatorio Nacional Ciudadano lamentó que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) se haya debilitado como resultado de la falta de personal suficiente, de la poca o nula capacitación, del presupuesto insuficiente y de la deficiencia de los mecanismos de reparación.
Para remediar la deuda transexenal que se tiene con las víctimas de la violencia se requiere, dijo Francisco Rivas, de una reingeniería institucional estructural de la CEAV para mejorar su desempeño y atender con eficiencia las necesidades de las víctimas. Que la Estrategia Nacional de Seguridad se vincule con la agenda de las víctimas y que la CEAV sea una prioridad de la actual administración federal.
Sexenio perdido en materia de seguridad y jusīicia
También señaló la necesidad de una reforma a la Ley General de Víctimas y el fortalecimiento del Sistema Nacional de Víctimas en cuyo proceso se debería contar con la participación de los colectivos, en especial, de los familiares de personas desaparecidas.
Además, refirió que se sugiere implementar mesas de supervisión de casos o un órgano supervisor de cumplimiento de reparación integral ajeno a la CEAV que verifique y evalúe la atención junto con los demás operadores del sistema de atención a víctimas.
Imprimir artículo