SCJN invalida el delito de ultrajes a la autoridad, al determinar que es violatorio del derecho a la libertad de expresión.
En sesión del pleno, el máximo tribunal del país analizó la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz.
Quien impugnó las reformas y adiciones al artículo 331, relativo a ultrajes a la autoridad, así como a las fracciones correspondientes a las agravantes.
El organismo detalló que resultaba inconstitucional el castigar con pena de prisión discursos y expresiones que se encuentran protegidos por ese derecho.
Además, las agravantes previstas utilizaban expresiones “ambiguas”, lo que vulneraba el principio de taxatividad.
Uno de los principales motivos que señalaron los ministros fue la falta de precisión para indicar qué conductas y qué sanciones se impondrían.
«Son conductas qué encuadrarían en el tipo básico previsto en el párrafo primero del artículo 331.
«Lo cual sin duda pondría en riesgo el ejercicio de la libertad de expresión o al menos inhibirla», dijo la ministra Yasmín Esquivel.
SCJN invalida el delito de ultrajes a la autoridad
El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, calificó de “esencialmente fundados” los argumentos de la Comisión Estatal.
Ello, al explicar que el artículo 331 impugnado no limitaba “razonablemente” el conjunto de conductas que pueden actualizar ese tipo penal.
“Genera que la norma impugnada tenga un impacto desproporcional sobre las personas, pues al criminalizar cualquier amenaza o agresión.
«Sin poder saber, a priori, si sus expresiones o actos son considerados o no como delictivos, genera un efecto inhibitorio del derecho a la libertad de expresión».
Por lo que el Pleno de la SCJN declaró inconstitucional el primer párrafo del artículo 331 del Código Penal de Veracruz.
Lo que implicó que también se invalidaran las fracciones 1, 2 y 4 que establecían agravante en cuanto al modo de cometer el delito.
El delito de ultrajes a la autoridad en el estado de Veracruz contempla penas agravadas de cinco a siete años de prisión.
La declaración de invalidez surtirá efectos a partir de la notificación de la sentencia al congreso de Veracruz.
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