Sales Up S.A. de C.V., empresa creada en 2018 y cuyos socios, de acuerdo con el Registro Público de Comercio (RPC), son Gaer Zamora Alonso y Diana Madrigal Flores, con Hugo Barrera Morales como administrador único, pretende posicionarse en 2026 como suministradora de vehículos de carga y flotas vehiculares para dependencias del gobierno federal.
Según fuentes internas, esa es la intención de la compañía; no obstante, hasta el momento no hay datos públicos que respalden experiencia previa en la industria automotriz, en el suministro de bienes de capital ni en la gestión logística de flotillas.
En 2020, la empresa recibió una adjudicación directa de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), en el contexto de las irregularidades que derivaron en investigaciones penales por el desvío de recursos públicos, pese a no contar con antecedentes empresariales comprobables ni una presencia corporativa visible.
De acuerdo con la plataforma Compras MX, Sales Up únicamente registra un contrato en los sistemas oficiales de contratación pública. Ese año obtuvo una adjudicación directa por 2.03 millones de pesos para la entrega de 500 termómetros infrarrojos a Segalmex.
El acuerdo fue suscrito por René Gavira, entonces apoderado legal de Segalmex, quien actualmente se encuentra privado de la libertad, señalado por presuntamente liderar una red de desvío de recursos dentro de la paraestatal.
Tampoco existe información pública que permita conocer la trayectoria profesional de los socios ni evidencia de una operación corporativa formal, como un sitio web o canales institucionales de comunicación.
El acta constitutiva de la empresa establece un objeto social amplio que le faculta para realizar actividades de importación, exportación, compraventa e intermediación comercial en distintos sectores, sin una especialización productiva específica.
Una revisión de los registros federales, estatales y municipales de contratación pública no arroja otros contratos, licitaciones o convenios celebrados por Sales Up con instancias gubernamentales, por lo que esa adjudicación representa su única participación documentada en el sector público.
El contrato otorgado a la empresa se enmarca en las irregularidades detectadas en Segalmex, donde, según investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Fiscalía General de la República, se identificaron desvíos por miles de millones de pesos mediante esquemas de sobreprecios, facturación irregular y adjudicaciones directas a empresas de reciente creación, entre ellas la vinculada a René Gavira, señalado como uno de los principales operadores de dicho esquema.
