Refutan defensa de Sedema a nueva Ley Ambiental

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Alberto Cuenca Reportero en Capital CDMX

Apenas la mayoría morenista en el Congreso capitalino avaló una nueva y permisiva Ley Ambiental, la Sedema tuvo que salir a defender dicha normatividad alegando que no se atenta contra el suelo de conservación de la Ciudad.

El pasado jueves en un periodo extraordinario de sesiones, la 4T avaló la creación de esa nueva Ley Ambiental a propuesta del jefe de Gobierno Martí Batres.

Esa norma deroga la Ley Ambiental de Protección a la Tierra y de entre su contenido abre la posibilidad de flexibilizar los criterios para modificar o intervenir el suelo de conservación.

La Secretaría del Medio Ambiente capitalina (Sedema) podrá otorgar permisos a título oneroso o gratuito a personas físicas, morales y entes públicos, para el uso, goce, aprovechamiento o explotación de los espacios dentro de las Áreas Naturales Protegidas, de Valor Ambiental, Áreas Verdes, suelo de conservación y unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre.

DEFENSA

En una extensa tarjeta informativa, la dependencia negó que con esa ley se pretenda vulnerar el suelo de conservación de la Ciudad.

Alegó que la superficie del suelo de conservación será determinada por el Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT), un documento que debió aprobarse desde 2021.

De acuerdo con la Sedema, el que no exista el PGOT no implica un vacío pues hasta su expedición se aplicará el Programa General de Ordenamiento Ecológico “aún vigente”. 

Añadió que los cambios de uso de suelo no son materia de la Ley Ambiental, pues el instrumento normativo que regula ese procedimiento es la Ley de Desarrollo Urbano.

SIN CONSULTA

El Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios de la Cuenca del Anáhuac emitió una réplica a la Sedema e insiste que la nueva Ley Ambiental sí representa un riesgo contra el Suelo de conservación que queda en la CDMX.

De entrada, el Frente acusó que no fue puesta a consulta previa con los pueblos, barrios originarios y núcleos agrarios, a pesar de que incide en los territorios de esas comunidades.

“No existieron ni siquiera foros públicos, avisos, sobre la discusión de esta ley; mucho menos la consulta indígena prevista a nivel constitucional.

“En ese sentido, para nosotros esta ley carece de legitimidad, aun cuando se pretenda cubrir de buenas intenciones”, acusó el colectivo.

Añadió que dentro de esa legislación no se les reconoce el derecho a participar en los procesos de evaluación de impacto ambiental, o el derecho a las consultas previas respecto a las medidas que puedan ser susceptibles de afectarlos.

DESDE UN REGLAMENTO

El Frente alertó que en la redacción del artículo 25 de la nueva Ley se permite que las solicitudes de cambio de uso de suelo en suelo de conservación, así como obras en áreas naturales protegidas, puedan exceptuarse de la evaluación de impacto ambiental en los casos establecidos en el Reglamento de Impacto Ambiental y Riesgo.

La redacción del artículo señala que requieren evaluación de impacto ambiental las “obras y actividades que pretendan realizarse en áreas de valor ambiental y áreas naturales protegidas de competencia de la Ciudad de México; exceptuando los supuestos establecidos en el Reglamento en materia de Impacto Ambiental y Riesgo”.

Por ello, el Frente alertó que tal disposición permite que los cambios de uso de suelo u obras en áreas naturales protegidas puedan llevarse a cabo sin necesidad de evaluación de impacto ambiental, solo agregando supuestos de excepción de un Reglamento que se debe expedir dentro de los 180 días siguientes a su entrada en vigor. 

PERMISOS

El el artículo 88 se dan atribuciones a la Sedema para celebrar “actos administrativos traducidos en permisos” con terceros, para otorgar el uso, goce, aprovechamiento y en su caso explotación de espacios en áreas naturales protegidas y suelo de conservación.

Para el Frente, el que figuras similares hayan existido “desde hace décadas” en otros ordenamientos como lo señala la Sedema, no es un argumento a favor de su inclusión, sino una simple descripción sobre su temporalidad. 

“Nosotros no cuestionamos su temporalidad, sino la pertinencia de que la Secretaría permita que privados exploten inmuebles dentro del suelo de conservación para fines turísticos y económicos”, acusó el colectivo.

También fustigó que la ley no incluye ningún artículo transitorio para mantener vigente el Programa de Ordenamiento Ecológico en tanto se expide el Programa General de Ordenamiento Territorial. 

Detalló que en el artículo sexto transitorio únicamente se señala que seguirán en vigor los Reglamentos, pero no el Programa, que evidentemente no es una disposición reglamentaria de la Ley.

DERRIBO DE ÁRBOLES

También acusó que con la derogación de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra se elimina el 

criterio estricto contenido en la norma vigente para el derribo de árboles.

Ahora se deja en manos de los dictámenes de Sedema la justificación para el derribo. 

“Nos disculpará Sedema, pero conocemos sus dictámenes y autorizaciones de impacto ambiental que suelen promover el derribo de árboles para favorecer a obras inmobiliarias privadas, bajo la promesa de sustitución de los árboles (no en el sitio) o por medio de una comprensión económica”, señaló esa organización ciudadana.

FLEXIBILIZACIÓN

El Frente insistió en su crítica con relación al artículo 96 de la Ley recientemente aprobada.

Ese artículo señala que:

“Para determinar las actividades permitidas en Suelo de Conservación, deberá considerarse el grado de conservación y representatividad de sus ecosistemas, el enfoque de cuenca, la viabilidad de su restauración, la vocación natural del terreno, así como su uso actual y potencial”.

Para este colectivo el sentido de dicha norma se presta a modificar la vocación del suelo de conservación respecto a las actividades allí permitidas, sin saber qué criterios usará Sedema para definir el grado de conservación y la viabilidad de su restauración.

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