La Asociación Mexicana de Urbanistas (AMU) pidió hoy al Congreso capitalino reponer el proceso para integrar el Comité de Selección de la nueva directora del Instituto de Planeación, e incluso exigió que se dé vista al Ministerio Público.
Esto luego de darse a conocer que uno de los integrantes del Comité de Selección recién designado por los legisladores, Salvador Munguía Pérez, habría incluido en su hoja curricular una carta de recomendación apócrifa, pues llevaba una firma falsificada.
La AMU digirió este 26 de febrero una carta al Congreso de la Ciudad a través de la cual expresó su extrañamiento con el proceso de selección de los integrantes del Comité de Selección de la persona titular del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva (IPDP).
Para la Asociación de Urbanistas hubo una falta de rigor y cuidado en la conformación de los dictámenes y en la selección de los candidatos presentados por las Comisiones de Administración Pública Local y de Planeación del Desarrollo.
Esto porque primero se ventiló que la hoja curricular del propio Rafael Munguía, con la cual se avaló su designación ante el Pleno del Congreso local, correspondía a la de otro aspirante de nombre Salvador Gómez Rocha.
La AMU lamentó que después de realizarse la corrección de esa información, se presentó un Currículum con una carta de recomendación apócrifa, “hecho constitutivo de un posible delito”, alertó.
Así, para los urbanistas que integran esta Asociación, los hechos descritos debilitan y cuestionan la certeza que debe observar el proceso para designar a la futura titular del IPDP.
“Dada la importancia de que la selección se lleve bajo los principios de equidad, transparencia y objetividad, solicitamos respetuosamente que se reponga el proceso de integración del Comité de Selección actual y se dé vista a las autoridades ministeriales”, planteó la AMU.
Además, pidió que se realice una revisión más cuidadosa de los perfiles en los dictámenes presentados.
“Confiamos en que esta solicitud será atendida de manera seria y que se tomarán las acciones pertinentes para que este proceso se ajuste a los principios de rigor técnico y transparencia que deben regir toda decisión institucional”, expusieron los urbanistas.
