Integrantes de pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas de la CDMX protestaron en la sede del Instituto de Planeación, para exigir un proceso de consulta distinto tanto para el Plan General de Desarrollo (PGD) como para el Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT). Pidieron desechar las propuestas originales de ambos documentos y empezar de cero.
Afuera de las oficinas del Instituto, donde extendieron pancartas y gritaron consignas, los manifestantes leyeron un posicionamiento a través del cual acusaron que no existen garantías de que sus propuestas para el PGD y el PGOT serán vinculantes e incorporadas al texto final.
Ahí estuvieron presentes habitantes de pueblos y barrios de Xochimilco, Tlalpan, Iztapalapa, Cuajimalpa, Álvaro Obregón, Benito Juárez, Azcapotzalco y Magdalena Contreras, además de integrantes de la comunidad otomí que pertenecen al Congreso Nacional Indígena.
Expusieron que los pueblos y barrios deben decidir la forma, los tiempos, y procedimiento en los que deben ser consultados, pues sostuvieron que las comunidades tienen derecho a autogestionar las consultas y decidir si quieren o no ser consultadas, lo que implica el derecho a simplemente rechazar las propuestas.
Agregaron que la difusión del Plan y del Programa no puede ser únicamente a través de la descarga por Internet de documentos de más de mil páginas, pues contienen información especializada, con muchos tecnicismos, lo que impide igualdad de condiciones o un piso común para debatir ampliamente sobre sus contenidos.
Criticaron que el listado de autoridades tradicionales que pretende ser usado por el Instituto de Planeación (entregado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México), pues se encuentra desactualizado, incompleto, y no es útil para este proceso, ya que incluso incluye a integrantes de COPACOS o de Comités Ciudadanos en pueblos en los que ya desapareció esa figura.
Así, fustigaron que la interpretación del Instituto de Planeación sobre solo consultar a 48 pueblos originarios es completamente errónea y denota una pésima lectura de la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, que versaba sobre las COPACOS y no sobre cualquier proceso de consulta.
LA MERCANTILIZACIÓN
Al continuar con la lectura del pronunciamiento, Alejandro Velázquez, de la Coordinación de Pueblos, Barrios y Colonias de Xochimilco, expuso que en relación al contenido del PGD y del PGOT, el Plan de Desarrollo parte de una visión a 2040 que no es compatible con la cosmovisión de los pueblos y barrios originarios.
En los “ejes de transformación” del plan, acusó, se ignoran las formas propias de los pueblos originarios de gestionar su convivencia entre sí, con la sociedad y con la naturaleza que por siglos ha asegurado la vida en lo que hoy es Ciudad de México, ahora sumida en un grave conflicto socio ambiental alentado por la inequidad y los poderes financieros de la expansión inmobiliaria. Tampoco se toman en cuenta en estos ejes las instituciones y normas propias generadas por los pueblos que han dado resultados en formas puntuales de gobernanza y democracia que mucho requiere el resto de la ciudad.
Además, las propuestas contenidas en el Programa y en el Plan relacionadas con la “ciudad compacta” mediante un nuevo esquema de “zonificación” por áreas es susceptible de generar desplazamientos y gentrificación.
El riesgo surge pues se tiene la visión que los centros de trabajo y de consumo estén más «cerca» de las personas, es decir, plazas comerciales, industria y torres de oficinas, lo que tendrá impactos culturales, económicos, hídricos, en los pueblos.
“Rechazamos la creación de ´polos de desarrollo´ en los que se darán ´facilidades administrativas´ o más bien, se venderá el territorio al sector inmobiliario. Cuatro de estos polos se ubican en pueblos originarios, como Topilejo-Tlalpan, San Antonio Tecómitl-Milpa Alta, Santa María Tepepan, Xochimilco y Azcapotzalco, con el proyecto Vallejo-i. En realidad, la mayor parte de los polos de desarrollo tienen una incidencia sobre pueblos y barrios”, acusó Alejandro Velázquez.
Expuso que las propuestas del PGD y el PGOT no parten del derecho de los pueblos a decidir por sí mismos sus prioridades y desarrollo, sino más bien de prioridades definidas desde el escritorio de la Jefatura de Gobierno y del Instituto de Planeación.
Agregó que preocupa la visión de querer sacar del ´rezago´ a los pueblos a través de la mercantilización de su identidad, a través del fomento de un «turismo local» y de la creación de pueblos mágicos como se pretende en Xochimilco, pues ello implica justamente mercantilizar los usos y las costumbres.
Luego sentenció: “La propuesta de Programa abiertamente establece la posibilidad de urbanizar
el suelo de conservación con industria o comercio. Además, se omite por completo la participación continua y permanente de los núcleos agrarios (ejidos y comunidades) que en realidad tienen la propiedad social y comunitaria, por lo que deben ser la pieza central del ordenamiento territorial,
de igual forma que los pueblos originarios”.
EMPEZAR DE CERO
Gil Reyes, del pueblo de Tlacopac, en la alcaldía Álvaro Obregón, cerró con la lectura del pronunciamiento, al exponer que no se deben tomar en cuenta las propuestas contenidas en el Plan y en el Programa elaborados por el Instituto de Planeación, sino más bien, comenzar desde “cero” un proceso autogestionado por los barrios, pueblos, colonias y ciudadanos.
Planteó la urgencia de iniciar un proceso que esclarezca con puntualidad las causas del desastre
urbano actual, de la sobre extracción de recursos hídricos, y de la pérdida de tierras y territorio de los pueblos originarios, que permita tomar mejores decisiones a futuro, en tanto que las propuestas actuales son refritos de propuestas anteriores.
Dijo que es necesario invitar a los pueblos y barrios a generar sus propios protocolos de consulta a fin de evitar imposiciones; además de recordarle al gobierno que las consultas deben ser culturalmente adecuadas, no solo a través de Internet.
“Un nuevo ordenamiento territorial debe partir de la gente, por lo que se deben crear comités o asambleas del territorio, con la finalidad de que la población pueda participar de forma continua y permanente en las decisiones que afecten su entorno. En ese sentido, invitamos a los pueblos y barrios a generar sus propios programas locales de ordenamiento territorial”, expuso el vecino de Tlacopac.
Destacó que antes de proponer modificaciones al ordenamiento territorial, es imperativo resarcir y reparar los daños que han sufrido los pueblos y barrios originarios, relacionados con la pérdida del territorio y recursos.
Expresó que quienes ahí se manifestaron rechazan de forma tajante la creación de polos de desarrollo, así como la repetición de instrumentos que fueron tomados por el poder inmobiliario en los últimos años y que demostraron su fracaso, como las áreas de gestión estratégica y la norma 26, además de que es inaceptable la permisión de industria y comercio en el suelo de conservación.
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