La reciente detención de Alex Saab en Caracas, ejecutada por el FBI con el respaldo del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), vuelve a colocar bajo escrutinio internacional las operaciones financieras del empresario colombo-venezolano, señalado como presunto testaferro de Nicolás Maduro.
Informes de inteligencia citados por medios colombianos indican que Saab será extraditado a Estados Unidos junto con el empresario Raúl Gorrín.
El arresto ocurre meses después de que Saab fuera liberado en diciembre de 2023 como parte de un intercambio de prisioneros. Tras su liberación, fue nombrado ministro de Industrias y Producción Nacional y titular del Centro Internacional de Inversión Productiva.
No obstante, hace dos semanas fue destituido de ambos cargos, en un movimiento interpretado como un distanciamiento político previo a su nueva captura.
En México, Saab enfrenta un expediente abierto desde 2021. De acuerdo con Proceso, la Unidad de Inteligencia Financiera presentó cinco denuncias penales ante la Fiscalía General de la República, además de ordenar el bloqueo de más de 26 millones de pesos en cuentas bancarias vinculadas a presuntos socios del empresario.
Las indagatorias mexicanas se relacionan con presunto lavado de dinero a través de la compra de alimentos para el programa CLAP, mecanismo de distribución impulsado por el gobierno venezolano.
Organizaciones civiles y exlegisladores de Venezuela han sostenido que México desempeñó un papel central en las operaciones financieras de Saab, quien habría realizado transacciones por más de 300 millones de dólares antes de ser detenido por primera vez en 2020.
En diciembre pasado, Pie de Nota dio a conocer un supuesto oficio atribuido a Homeland Security Investigations (HSI), cuya veracidad no ha sido confirmada oficialmente. El documento describe una presunta organización criminal transnacional dedicada al lavado de dinero, evasión fiscal y corrupción.
El texto identifica como presunto líder de dicha estructura al empresario mexicano Jack Landsmanas Stern, director del Corporativo Kosmos, y señala que el esquema se habría sustentado en contratos públicos de servicios de alimentación en cárceles y dependencias federales.
Uno de los apartados del oficio menciona operaciones vinculadas a la venta de despensas al gobierno venezolano mediante el programa CLAP, así como posibles violaciones al régimen de sanciones de Estados Unidos y esquemas de triangulación financiera internacional.
El listado de personas presuntamente relacionadas con esa organización incluye a integrantes de la familia Landsmanas, exfuncionarios federales y estatales, así como empresarios con contratos públicos millonarios. Entre los nombres mencionados aparece también el empresario Jorge Carlos Fernández Francés, dueño de El Sardinero.
