Ciudad de México.- Sin consulta indígena no hay Constitución. No, no es una consigna tomada de una marcha o una protesta social, es la idea que comienza a permear entre los diputados de la Asamblea Constituyente.
Debe hacerse esa consulta a comunidades indígenas y a pueblos originarios de la capital del país, pero el camino para llevarla a cabo resulta cada vez más intrincado.
Hoy, además de las complicaciones del escaso tiempo y de recursos, de un incierto apoyo interinstitucional y hasta de falta de consensos entre los legisladores, otro factor se suma a los problemas para llevar adelante esa consulta.
Contrario al planteamiento inicial, de que serían sólo tres artículos del proyecto de Constitución los que se llevarían a esta consulta, hoy los legisladores dijeron que serán más de 30 artículos de la iniciativa del Jefe de Gobierno los que se tienen que someter a opinión de alrededor de 250 comunidades indígenas y pueblos originarios de esta Ciudad.
La iniciativa del mandatario se compone de 76 artículos y 21 transitorios, de tal manera que una tercera parte del proyecto debe pasar por el visto bueno de esos pobladores. Será casi un referéndum.
Hoy, luego de escuchar por casi dos horas a Víctor Toledo, asesor de la Relatora de la ONU en Materia de Pueblos y Comunidades Indígenas, el presidente y la secretaria de la Comisión de Pueblos de la Asamblea Constituyente, Mardonio Carballo y Nelly Juárez, explicaron que existen otros artículos de la Constitución local que impactan de manera transversal en los derechos de pueblos originarios y comunidades indígenas.
Esos artículos transversales hablan de temas como acceso e impartición de justicia, salud, agua o educación. “Todo mundo se está dando cuenta que el tema de derechos específicos de los pueblos es como el tema de género, ya nos dimos cuenta conforme vamos trabajando que el tema de los pueblos y barrios deberá ser un tema importante y habrá artículos que deberán agregarse a la consulta”, explicó Mardonio Carballo.
De manera inicial y durante casi dos meses, los legisladores de esa Comisión manejaron el planteamiento de que la consulta a pueblos y comunidades indígenas sería sobre los artículos 63, 64 y 65 del proyecto, los cuales hacen referencia directa a los derechos de esas poblaciones, sin embargo, después de la reunión con el funcionario de la ONU, determinaron que es necesario someter a ese ejercicio por lo menos otros 30 artículos, cuya dictaminación corresponde a las comisiones de Carta de Derechos, Alcaldías, Desarrollo Sostenible y Principios Generales.
Ese escenario, complica aún más los de por sí apretados tiempos para la dictaminación y posterior discusión en el Pleno de cada uno de los artículos que compondrán la Constitución local, pues no se tiene certeza cuándo se realizará esa consulta ni los días o incluso semanas que durará la misma.
Frente a ese escenario, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos mandata que la carta fundacional de esta Ciudad debe estar aprobada y lista para su promulgación el 31 de enero de 2017.
Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Conferencia de Armonización de la Constituyente lo puso en los siguientes términos: “Sugiero que se haga un material consultable reuniendo la esencia de lo que contiene el capítulo y en segundo término, unido a ello, las transversalidades que se encuentren; pero no han sido votadas las otras (los artículos transversales), entonces, aunque ustedes ya hayan votado o tengan predictamen, no es seguro que las hayan votado en los otros ¿cómo estará para entonces Carta de Derechos? por ejemplo. Aquí tenemos que actuar rápidamente a ver si lo logramos; que el secretario técnico de esta comisión esté en contacto con los secretarios técnicos de otras comisiones, cuando estén a nivel de predictamen y hasta hacerles sugerencias, para tener una fotografía clara”.
Muñoz Ledo también sugería a los integrantes de esa comisión que consideraran pedir el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (Sederec) del gobierno de la Ciudad, para que les entregue el padrón de pueblos y comunidades indígenas, a fin de hacer más ágil su ubicación y la organización de las asambleas deliberativas.
El problema, de acuerdo con autoridades de Sederec, es que la administración local sólo soltará ese padrón hasta que exista una solicitud formal de la Asamblea Constituyente, pues se trata de datos personales cuyo manejo es delicado y sujeto a una ley que protege esa información.
A los legisladores les queda claro que esa consulta no se realizará en una sola jornada. Pueden ser semanas, ya que se hará en asambleas deliberativas en donde se desgranará el proyecto de Constitución local durante varios días.
La consulta se realizará sólo a pueblos originarios y comunidades indígenas residentes de la capital del país, pues de esa manera se cumplirá un mandato establecido en tratados internacionales suscritos por México con la ONU y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en los cuales se establece que los países miembros deben someter a la opinión de ese sector de su población todas aquellas leyes que impacten en su vida y su organización.
Un polémico folleto y olores a alcantarilla
Hoy en la Comisión de Principios Generales los legisladores debatían el artículo 26 del proyecto de Constitución, el cual define y establece el pacto fiscal de la capital del país. Aquí se detalla la organización de la hacienda pública local, la relación fiscal con la Federación, la coordinación entre el gobierno central y las alcaldías, además de conceptualizar los ingresos y los egresos.
De lado quedó el proyecto de Constitución, cuando la priista María Esther Sherman acusó que el gobierno de Miguel Ángel Mancera distribuye en los hogares capitalinos un folleto explicativo sobre los objetivos y alcances de la futura carta fundacional de esta Ciudad, lo que fue interpretado por ella y por integrantes de Morena como una promoción indebida del Jefe de Gobierno.
El constituyente del PRI, Eduardo Escobedo, propuso que la Mesa Directiva de la Asamblea Constituyente solicite al Gobierno de la Ciudad de México una explicación con respecto al mencionado folleto que se reparte entre los capitalinos, titulado «Sobre Nuestra Constitución CDMX».
Esta petición, dijo Escobedo, sería complementaria a la que se acordó ayer en la reunión de la Mesa de Consulta, para tener conocimiento del costo de los trabajos de la Asamblea Constituyente, ante publicaciones periodísticas que señalan la existencia de un presupuesto de hasta 91 millones de pesos para los trabajos del órgano legislativo. El diputado dijo que es necesario conocer si el costo del folleto es parte de esos recursos, toda vez que parece ser un documento propagandístico de Mancera.
Cuando acusaba la existencia del folleto, la diputada Sherman reprochó la injusticia de que Miguel Ángel Mancera tuviera dinero para mandar imprimir y distribuir esos libelos, haciéndose promoción bajo pretexto de una Constitución que ni siquiera ha sido aprobada, mientras los legisladores constituyentes trabajan en hacinados salones del Palacio de Minería que huelen a alcantarillas.
Durante el debate de la Comisión de Principios, legisladores del PAN se pronunciaron por definir en la futura Constitución el reparto de los recursos presupuestales que corresponderán a las Alcaldías, como es el porcentaje que se les asignará por concepto de Impuesto Predial y el beneficio que esos gobiernos tendrán con un nuevo impuesto que se pretende crear por concepto de plusvalía.
Al defender esa iniciativa, el senador y diputado constituyente Ernesto Cordero planteó que con respecto al tema de la plusvalía, el PAN propone suprimir el numeral 8 del artículo 26 en la propuesta de Constitución del Jefe de Gobierno, porque ahí no hay ningún otro gravamen, contribución, impuesto, tributo ni nada relacionado.
Al colocarse en el apartado de Disposiciones Generales, la propuesta pareciera que tiene dedicatoria y por ello se propone suprimirlo, lo cual no implica dejar de considerar la posibilidad para un aprovechamiento de esta naturaleza, pero enmarcado dentro de los artículos 20 y 21 de la Constitución de la CDMX, dijo Cordero.
En cuanto al tema del presupuesto a las delegaciones, explicó que actualmente es facultad de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) decidir a dónde se van los recursos de la ciudad, por lo que las delegaciones no tienen ninguna certeza jurídica respecto a la cantidad de recursos que les tocará.
Las propuestas del PAN fueron apoyadas por los diputado Eduardo Escobedo y María Esther Sherman, del PRI, así como por el diputado Jaime Cárdenas, de Morena, quienes apoyaron también la propuesta de que la recaudación por concepto del impuesto Predial se vaya a las Alcaldías.
Sin embargo, no todo fue miel sobre hojuelas para Cordero, pues en otra comisión, la de Carta de Derecho echaron abajo una propuesta del panista que planteaba, desde el artículo 9, ligar la progresividad de los derechos con el impacto presupuestal.
Por mayoría, los diputados de ese grupo legislativo determinaron que la ampliación y consagración de nuevos derechos, como viene en la iniciativa de Constitución, no debe estar condicionado a la existencia de recursos para su aplicación.
Una comisión que sesionó en lo oscurito
Ayer por la noche, la Comisión de Alcaldías que preside la panista Gabriela Cuevas sesionó en lo oscurito, y fue literal.
A propuesta de la panista, la mesa directiva de esa comisión se reunió a partir de las 7 de la noche en la sala que tiene acondicionada en el Palacio de Minería, no obstante, la reunión se prolongó más de lo debido y a las 9:45 pm el personal de la UNAM que está a cargo del edificio les apagó la luz.
Los legisladores debieron utilizar la luz de sus celulares para continuar con los trabajos, pues su intención es tener listo este jueves el proyecto de dictamen que les servirá de base para la discusión formal.
El que les quitaran la luz no fue gratuito. El convenio de arrendamiento que el gobierno de la Ciudad suscribió con la UNAM, para la renta de salones en el Palacio de Minería, establece que los servicios se brindarán hasta las 8 de la noche y como en la Comisión de Alcaldías se habían pasado por mucho de ese horario, los trabajadores del edificio no encontraron mejor forma de sugerirle a Gabriela Cuevas y compañía que ya se fueran, que quitándoles la luz.
Los trabajadores no lograron su objetivo, pues según narró Porfirio Muñoz Ledo, en la Comisión de Alcaldías terminaron sus trabajos al filo de las 11 de la noche, alumbrados por la luz de sus celulares.
