Ciudad de México.- En mayo pasado, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó una iniciativa para incorporar 35 delitos graves al sistema penal acusatorio, sin embargo, cuatro meses después, el catálogo no ha sido publicado en la Gaceta del Distrito Federal
Hace falta una firma de la Secretaría de Gobierno local para que se autorice la publicación y que los servidores públicos de la Procuraduría especializados en el sistema penal acusatorio comiencen a recibir los asuntos.
Fuentes de la Consejería Jurídica dijeron desconocer el motivo por el cual la dependencia capitalina no ha firmado el acuerdo final para proceder a la publicación del catalogo, y confirmaron que desde hace meses esperan que se libere para proceder a su aplicación.
La intensión de ello era la incorporación paulatina de los delitos denominados graves pero con una sanción penal menor a los cinco años, y por los que se puede llegar a un acuerdo reparatorio a través de alguna de las modalidades de la justicia restaurativa, y con ello, ir aplicando el sistema adversarial.
Se esperaba que para junio del 2016, cuando se tenga que aplicar la oralidad por mandato constitucional y sin prórrogas, las autoridades ministeriales y judiciales sólo se enfocaran a los delitos denominados dolosos, graves, de alto impacto, y que se siguen de oficio, que no tienen derecho a fianza, o alguna de las modalidades restaurativas como el homicidio, el secuestro, la violación, trata de personas, corrupción de menores, robo agravado, entre otros.
Fuentes de la Consejería Jurídica del Gobierno del DF, informaron que en la última sesión de la legislatura pasada se votó la aprobación de la iniciativa que envió el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal del DF, quien previamente hizo una selección de la propuesta inicial que entregó el Tribunal Superior de Justicia del DF, que contenía más de 60 delitos.
De una segunda revisión sólo quedaron excluidos los delitos de inhumación, exhumación y respeto a los cadáveres o restos humanos; robo agravado (documentos públicos o en contra de persona con discapacidad o de más de 60 años); ejercicio Ilegal y abandono del servicio público.
De acuerdo con el documento enviado a la ALDF, el motivo para solicitar que se integren más delitos es comenzar con aquellos que forman parte del Código Penal para el DF, y que los operadores de la oralidad, peritos, ministerios públicos, policías de investigación, mediadores, defensores públicos, entre otros, que dominan las 40 leyes que lo conforman la oralidad, puedan aplicarla en los delitos dolosos.
Además que con la ampliación de las figuras delictivas habrá más posibilidades de que los imputados, víctimas, u ofendidos del delito revuelvan un proceso penal con respeto a sus derechos humanos, y accedan a nuevas oportunidades de defensa y reparación del daño, como la mediación, medidas alternas de solución de conflictos o formas de terminación anticipada del proceso.
Uno de los criterios aplicado fue aprobar los delitos graves y que se siguen de oficio que no tengan una demanda significativa, y con ello no saturar el trabajo del MP, y de todas las áreas involucradas en la oralidad, y cutos casos se judicialicen.
Con todo ello, se daba un margen de práctica a los operadores del nuevo sistema, y cuando tuvieran que aplicar la oralidad por ley, no se vieran superados por el desconocimiento y la saturación por los casos que van a llegar.
Actualmente la PGJDF resuelve cerca del 90 por ciento de los delitos culposos y por querella como parte de la primera etapa de la oralidad que inició el 16 de enero pasado, y es mínimo el número de expedientes que se judicializa, por ello, el TSJDF propuso incrementara paulatinamente el catalogo delictivo.
Entre los delitos contemplados en este segundo catalogo se encuentran: lesiones, bigamia, disparo de arma de fuego, usurpación de identidad, ayuda al suicidio, aborto; omisión de auxilio o de cuidado, tráfico de menores (sin la finalidad de obtener lucro para incorporarlo al núcleo familiar); retención de menores o incapaces; cobranza ilegítima, revelación de secretos.
Abuso de confianza; fraude, administración fraudulenta, insolvencia fraudulenta en perjuicio de acreedores, todos ellos cometidos en contra de dos a más víctimas; cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito.
Denegación o retardo de la justicia y prevaricación; omisión de informes médico forenses; variación del nombre o domicilio; simulación de pruebas; delitos de abogados, patronos y litigantes; encubrimiento por favorecimiento; abandono, negación y práctica indebida del servicio médico; responsabilidad de directores; encargados, administradores o empleados de centros de salud y agencias funerarias, por requerimiento arbitrario de la contraprestación.
Suministro de medicinas nocivas o inapropiadas, ataques a las vías de comunicación y a los medios de trasporte; delitos contra la seguridad de tránsito de vehículos; falsificación de sellos, marcas, llaves, cuños, troqueles, contraseñas y otros; falsificación o alteración y uso indebido de documentos; delitos contra el ambiente, contra la gestión ambiental; delitos cometidos por actos de maltrato o crueldad en contra de animales no humanos.
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