Ciudad de México.- La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) fue la principal responsable de las irregularidades que provocaron que se abriera el socavón en el Paso Exprés en Cuernavaca, armó Enrique Guadarrama López, segundo visitador General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a autoridades federales y estatales por el tema del Paso Exprés, en la que sugiere imponer sanciones ejemplares para que casos como el socavón en esa vía no vuelvan a ocurrir.
Guadarrama López refirió que la recomendación se emite luego de las investigaciones y pruebas periciales exhaustivas realizadas en el lugar, donde se tuvo conocimiento de que dos personas perdieron la vida el 12 julio del año pasado.
“El socavón no fue un accidente, fue resultado de una cadena de ineptitudes de varias autoridades”, dijo en conferencia de prensa en la que dio a conocer la Recomendación 34/2018 sobre la construcción del libramiento de la Autopista México-Cuernavaca.
El documento que contiene 29 puntos recomendatorios es dirigido a instancias federales como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), así como al Gobierno del Estado de Morelos y el Ayuntamiento de Cuernavaca.
Indicó que la Comisión hará llegar el resultado de sus investigaciones a la Procuraduría General de la República (PGR), para que considere las evidencias recabadas y el análisis integral de la carpeta de investigación que están integrando.
Además, con motivo de irregularidades y por la relación entre autoridad y empresas, solicitará a la Secretaría de la Función Pública (SFP) investigue el caso de manera integral y no dispersa.
En la recomendación se plantea a las autoridades responsables reparar el daño a las víctimas directas e indirectas de las personas que perdieron la vida, que incluya compensación y se les inscriba en el Registro Nacional de Víctimas.
Además, ofrecer una disculpa pública institucional a las víctimas y sus familiares por las violaciones a sus derechos humanos y publicar en su página web oficial por un periodo de un año.
Otra medida sugerida es generar mecanismos legales que obliguen contractualmente a las empresas a respetar derechos humanos en todos los contratos públicos que se celebren.
Así como colaborar con la denuncia y queja que la CNDH presente ante autoridades correspondientes, para deslindar responsabilidades penales y administrativas de servidores públicos e involucrados responsables de los hechos.
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