Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratificó la destitución definitiva del ex juez de Distrito, Luis Armando Jerezano Treviño, relacionado con Juan José Rojas Cardona, el “Zar de los Casinos”, y a quien benefició con diversos amparos para abrir casas de apuestas.
En respuesta de la revisión administrativa presentada por Jerezano Treviño en el 2015 ante la SCJN pretendió revocar la resolución unánime de los magistrados del Pleno quienes consideraron que el ex juez Cuarto de Distrito en La Laguna, Torreón, realizó operaciones financieras no justificadas por 26 millones de pesos entre 2006 y 2011.
También obtuvo ingresos distintos a los que por razón de su encargo de juez de Distrito le correspondían.
“Lo anterior, atento a la gravedad de las citadas conductas y a que el servicio público que le fue encomendado como juzgador, fue notoriamente deficiente al no cumplir con el profesionalismo, imparcialidad y excelencia que rigen la función jurisdiccional, representando por sí un inconveniente para su correcto ejercicio”, ratificó la SCJN.
El Poder Judicial de la Federación obtuvo elementos de prueba para iniciar un procedimiento disciplinario de oficio en contra de Jerezano Treviño y Gerardo Tiscareño Mercado, juez Primero de Distrito y secretario del juzgado Cuarto de Distrito en la Laguna, en Torreón, por sus fallos a favor de los propietarios de casinos al norte del país.
En el periodo referido se detectaron irregularidades en diversos juicios de amparo en los que estuvieron involucrados ambos servidores públicos de dicho órgano jurisdiccional.
Y es que Juan José Rojas Cardona, conocido como el “Zar de os Casinos” creó una red al interior del Poder Judicial de la Federación, con la finalidad de conseguir amparos que le facilitaran la operación de sus casas de juegos y apuestas.
Durante el 2014, también se logró establecer la responsabilidad del juez de Distrito, Ricardo Hiram Barbosa Alanís, y de sus secretarios Héctor Fernando Monterrubio Pontigo, Alejandro Tovar Álvarez y Eusebia González González.
Ese mismo año fue separado de su cargo Mario Alberto Prado Rodríguez, secretario particular del consejero Daniel Cabeza de Vaca, y quien fuera involucrado con actividades ilícitas para favorecer a propietarios de casas de apuestas.
Los argumentos de la Judicatura es que los funcionarios federales aplicaron criterios parciales al momento de juzgar elementos de prueba presentado por la parte afectada, en este caso propietarios de bienes inmuebles, y con ello favorecer a los duelos de casinos en Torreón.
Cabe destacar que en el caso de Jerezano Tiscareño, la Judicatura presentó una denuncia ante le Procuraduría General de la República, por la posible comisión en los delitos de enriquecimiento ilícito, y lo que resulte, misma que sigue vigente.
En su momento, la Contraloría del Poder Judicial de la Federación confirmó que Jerezano Treviño no justificó ingresos adicionales a los percibidos con motivo de su encargo por 3 millones 518 mil 959. 48 pesos.
También efectuó operaciones aparentemente ilegales por otros 3 millones 650 mil pesos en créditos que fueron liquidados de manera anticipada, además de abonos o depósitos a sus familiares superiores a los 4 millones 150 mil pesos.
Tan solo uno de sus familiares recibió depósitos, de un origen desconocido, por la 2 millones 218 mil 955 pesos, sin que dicha persona pudiera comprobar ingresos por el desempeño de alguna actividad ante el Servicio de Administración Tributaria, durante el periodo referido en el que se llevaron las auditorias.
Asimismo, el pariente de Jerezano Treviño adquirió inmuebles por un valor de 13 millones de pesos, sin que se advierta justificación alguna respecto del origen de los recursos aplicados en dichas compraventas.
Estas referencias fueron entregadas al MP de la Federación para fundamentar la demanda en contra de servidor público, esto con base al artículo 131 de la Ley Orgánica del PJF.
