Ciudad de México.- A pesar de que el fuero de los servidores públicos fue eliminado de la Constitución de la Ciudad de México, el grupo parlamentario de Morena en la Asamblea Legislativa (ALDF) adelantó que como castigo por omisiones y uso discrecional del poder, propondrán únicamente la destitución e inhabilitación de los funcionarios.
Tras varios días de trabajo, el coordinador de la bancada, César Cravioto, dio a conocer que propondrán 10 años de inhabilitación además del cese inmediato del titular del poder ejecutivo así como de los próximos congresistas en la Ciudad de México, en caso de que caiga en subestimaciones presupuestales en la asignación del gasto anual.
En el documento promulgado en febrero pasado se estableció –con apoyo de todos los partidos- que “las personas servidoras públicas son responsables por los delitos que cometan durante el tiempos de su encargo. En la Ciudad de México nadie goza de fuero”, se lee. No obstante los legisladores no propusieron en lo particular que se aceleré el proceso en los siguientes casos.
Al cierre del año fiscal 2016, los morenistas reprobaron el excedente de 40 mil millones de pesos como resultado preliminar del último trimestre de recaudaciones en la urbe, no obstante, a pesar de que el fuero fue retirado en el texto fundacional no propusieron sanciones más severas.
El castigo se replica a quienes “incumplan con la obligación de garantizar las leyes de carácter social universal”; además de a jefes de gobierno, alcaldes y diputados “que sin justificación” no lleven a cabo los compromisos realizados en campaña.
Ponen la mira en legislación electoral
La agenda dividida en temas ejecutivos, legislativos, judiciales y de alcaldías se enfoca principalmente en los asuntos electorales, por lo que llega a caer en generalidades respecto a otros temas.
Ejemplo de ello es la propuesta para sancionar a quienes utilicen mobiliario urbano para colocar propaganda electoral, debido a que como recalcó actualmente está prohibido pero no hay algún castigo por hacerlo; además de que en el caso de que un político sea entrevistado en algún medio habrán de otorgarle el mismo espacio a los otros en contienda electoral.
En su agenda plantean el encarcelamiento sin derecho a fianza a todos aquellos que incurran en la compra del voto; así como la cancelación del registro al partido político; mientras que los parientes en segundo grado de quienes ocupen cargos de elección popular no podrán postularse en otra contienda; esto debido a que la Ley electoral será la primera en entrar en vigor, debido a que la legislación secundaria en la materia debe estar lista para el próximo 31 de mayo.
Entre otros puntos a tratar en el próximo periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicios de la VII Legislatura se encuentra garantizar la representación de los pueblos y barrios originarios así como garantizar la paridad de género en el gabinete local y en puestos de toma de decisión.
