Ciudad de México.- La adopción de medidas para resolver casos de personas desaparecidas y evitar la tortura, así como prevenir posibles escenarios de terrorismo y establecer una base nacional de narcomenudeo, destacan entre los acuerdos del Encuentro Nacional de Procuración e Impartición de Justicia.
Así lo dio a conocer el procurador General de Justicia del Distrito Federal, Rodolfo Ríos Garza, quien dijo que la correcta aplicación de estos convenios permitirán “mejorar la calidad y confiabilidad” del servicio que otorgan las instituciones, ministerios públicos y jueces para proteger a los ciudadanos.
Ríos Garza señaló que en este encuentro –que reunió a los procuradores y presidentes de tribunales de todo el país- se acordó la creación de un mecanismo de colaboración para que las entidades federativas puedan hacer uso de la página web de personas desaparecidas.
Además de fortalecer la Base de Datos de Personas No Localizadas, para lograr que sea un instrumento de utilidad durante las diferentes etapas de la investigación ministerial, así como en el diseño de estrategias que auxilien en la disminución de este fenómeno.
Para lograr el objetivo en 2016 se llevará a cabo un congreso nacional, donde las procuradurías y fiscalías del país desarrollarán políticas públicas en este tema.
También se acordó la designación de enlaces para la atención del delito de tortura con el fin de consolidar una mayor coordinación entre autoridades locales para prevenirlo y erradicarlo.
Otro de los convenios es que las fiscalías y procuradurías intercambien información con la PGR sobre el inicio de averiguaciones previas sobre narcomenudeo para consolidar una base de datos nacional.
Respecto a la prevención de posibles escenarios de terrorismo, se incrementará la colaboración con agencias de inteligencia y seguridad de países de la región.
Las autoridades coincidieron en la necesidad de revisar el modelo de control de confianza del personal de las instituciones de seguridad pública con miras a su profesionalización.
Por otra parte, se buscará que cada entidad federativa establezca enlaces con Interpol y se presentarán propuestas de reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales.
El procurador Ríos Garza manifestó que México se encuentra en un contexto histórico de transición en lo que se refiere al sistema procesal penal.
Sostuvo que por ello el compromiso ahora es mantener una evaluación continua de las políticas en materia de aplicación de leyes, protección a la población y respeto a los derechos humanos
