Ciudad de México.- La filtración de datos del despacho panameño de abogados Mossack Fonseca reveló 11,5 millones de documentos, donde se involucra a grandes personalidades de México, compañías y gobiernos de gran parte del mundo, quienes crearon de miles de empresas “offshore”.
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación dio a conocer este domingo la investigación se basa en documentos de activos financieros de líderes y personalidades de todo el mundo en paraísos fiscales
Entre los mexicanos involucrados están: Juan Armando Hinojosa, dueño de Grupo Higa; Ricardo Salinas Pliego, presidente de TV Azteca; Alfonso de Angoitia, vicepresidente de finanzas de Televisa; la actriz Edith González, entre otros.
Por su parte, el senador del PAN y ex secretario de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero, pidió a las autoridades federales que investiguen a fondo si los mexicanos que están involucrados en el “Panamá Papers” evadieron impuestos o incurrieron en peculado, desvío de recursos públicos, tráfico de influencias.
“Hay un conjunto de nombres que son aquellos que o son funcionarios públicos o han construido su patrimonio a partir de las influencias políticas que tienen, como el caso de (Juan Armando) Hinojosa, como el caso de Emilio Lozoya, esos sí son mucho más preocupantes porque no nada es ver si pagaron impuestos, sino también puede haber un tema que puede ser peculado, desvío de recursos públicos, tráfico de influencias y eso sí tiene que investigarse con muchísimo cuidado y con mucha transparencia”, dijo en entrevista.
Precisó que hay otro grupo de mexicanos que se exhiben en la investigación internacional. Se trata de aquellos “que por su actividad profesional y su trayectoria es entendible que tengan un patrimonio. No es delito tener dinero y deciden sacarlo e invertirlo en otra parte que no es México y ahí lo que hay que averiguar es si ese patrimonio ha pagado impuestos”.
Aparte del SAT, la Secretaría de Función Pública, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y las unidades de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda y de la Procuraduría General de la República deben hacer las investigaciones.
