Ciudad de México.- La Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México (CEJUR) presentó un incidente de modificación a la suspensión de la línea 7 del Metrobús que fue admitido por el Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa, Fernando Silva García, relacionado con el juicio de amparo promovido por la Academia Mexicana de Derecha Ambiental.
Informó que la finalidad del recurso es que el juzgador permita concluir los trabajos iniciados en Paseo de la Reforma, a fin evitar riesgos para los automovilistas y transeúntes. La administración capitalina ha declarado que debido a la suspensión definitiva otorgada por el juez octavo de distrito pierde 2.5 millones de pesos al día.
La solicitud, abundó la CEJUR, se sumó a la elaborada la semana anterior en la que se pidió al mismo Juez que permitiera al Gobierno de la Ciudad de México continuar con las labores respectivas.
La dependencia dijo que la administración local pretende generar una óptima movilidad con la conclusión de los carriles confinados que quedaron abiertos e impedir daños a los carriles adyacentes y banquetas.
Abundó que el expediente se acompañó de la manifestación de impacto ambiental y las especificaciones técnicas pertinentes sobre el cuidado de la estructura urbana protegida y el respeto absoluto al medio ambiente.
“Se busca asegurar la validad en los carriles liberados, la prevención de accidentes y la protección civil”, se lee en el incidente de suspensión presentado.
Destacó que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) autorizó la construcción del corredor vial del Metrobús en Reforma, que incluye la habilitación de los carriles confinados, la construcción de 30 estaciones de embarque-desembarque, dos estaciones terminales y la colocación de mobiliario y señalética urbanos, principalmente.
El oficio del INAH señala que de acuerdo a los planos, diagramas y memorias técnicas, el proyecto de este medio de transporte no altera los valores patrimoniales de los sitios históricos protegidos.
Puntualiza que la continuación de la obra estará supervisada por personal técnico adscrito a la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos.
El próximo 4 de julio se realizará la audiencia constitucional en el juzgado octavo, luego de la cual el impartidor de justicia generará la sentencia definitiva.
