Ciudad de México.- Sin que pasaran por el Pleno del órgano legislativo para su aprobación, la Asamblea Legislativa del DF (ALDF) hizo cambios sustanciales, en materia de violencia política, al decreto del Código electoral que se aprobó hace dos semanas. Las modificaciones se notificaron hoy en la Gaceta Oficial de la CDMX a manera de nota aclaratoria y eliminan prohibiciones como espiar a las personas o desprestigiarlas a través de los medios de comunicación, además de cancelar la posibilidad de declarar nula la elección por violencia de género.
Esa nota aclaratoria al decreto genera cambios importantes a los artículos 4 y 351 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, los cuales no se sometieron en ningún momento a discusión y su eventual aprobación tanto en comisiones como en el Pleno de la ALDF, un proceso legal obligatorio para hacer modificaciones a cualquier decreto o norma que genere esta institución.
De entrada, la nota aclaratoria elimina el concepto de “Violencia Política en Razón de Género” del glosario de términos definido en el artículo 4 del Código, y lo deja en mera “Violencia Política”. Aunque pareciera un cambio menor, esa modificación desvanece la posibilidad de que se declare nula una elección, contraviniendo a la Constitución Política de la Ciudad de México.
De acuerdo con el artículo 27, apartado D, numeral 2 de la Constitución local, es causa de nulidad una elección cuando se acredite la existencia de violencia política de género. Sin embargo, con la nota aclaratoria publicada hoy en la Gaceta Oficial, la ALDF elimina de tajo ese concepto.
Espiar, desprestigiar, intimidar
La aclaración que se hace en la Gaceta es más amplia en el artículo 351, donde se hace una redacción nueva del texto, pues se eliminan siete incisos que puntualizaban aquellos actos considerados como violencia política.
Así, por ejemplo, desaparee el inciso n), el cual señalaba como un acto de violencia política el espiar o desprestigiar a las personas a través de los medios de comunicación con el objetivo o resultado de impedir o restringir el ejercicio de los derechos político-electorales.
Tampoco está el inciso o) que señalaba como violencia política el obligar, intimidar o amenazar a las personas para que suscriban documentos, colaboren en proyectos o adopten decisiones en contra de su voluntad o del interés público, en función de su representación política.
El inciso r), que señalaba como acción de violencia política el impedir u obstaculizar los derechos de asociación y afiliación en los partidos políticos en razón de género, también se eliminó del Código electoral.
En la nota aclaratoria que se publicó este miércoles en la Gaceta Oficial no se precisa en qué momento ni en qué circunstancia se aprobaron estos cambios, ni cuáles fueron los criterios para ello.
Ya no aparece el anterior inciso g) que hablaba de ocultar información o documentación con el objeto de limitar o impedir el ejercicio de los derechos político-electorales o inducir al ejercicio indebido de atribuciones, y lo mismo pasó con el h), sobre proporcionar o difundir información con la finalidad de impedir o limitar el ejercicio de los derechos político-electorales o impedir el ejercicio de atribuciones o facultades.
Quedó fuera el inciso q), que prohibía el impedir o restringir la incorporación, toma de protesta o acceso al cargo o función para el cual haya sido nombrada, electa o designada una candidata triunfadora.
Desaseo legislativo
La diputada del PRI, Dunia Ludlow, fue la primera en advertir de la nota aclaratoria publicada hoy en la Gaceta. Calificó esta y otras irregularidades que suceden en la ALDF como un desaseo legislativo.
“Hoy en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la ALDF publica una nota aclaratoria a la legislación electoral promulgada el pasado 7 de junio por el Jefe de Gobierno de esta Capital. Esta aclaración genera incertidumbre respecto al contenido final de la Ley Electoral porque una vez promulgada no pueden hacerse cambios. Cualquier modificación debería ser presentada mediante una reforma a la iniciativa de ley”, denunció la diputada.
Consideró que la situación es preocupante porque actualmente se están procesando las cuatro leyes constitucionales que le corresponde aprobar a la ALDF, así como la creación del Sistema Anticorrupción de la CDMX.
“Es una grave irresponsabilidad porque el primer deber del poder Legislativo es generar certeza jurídica para la ciudadanía y con estas prácticas se pone en riesgo la legislación que se está procesando”, destacó Ludlow.
