Ciudad de México.- La Comisión de Desarrollo Sostenible en la Asamblea Constituyente, abordó este lunes la discusión de uno de los artículos más polémicos en materia de planeación y desarrollo urbano, uno que siempre trae aparejado el tema de la corrupción y las denuncias vecinales, el que tiene que ver con los cambios de uso de suelo y las consultas a la comunidad para la aprobación de esas modificaciones.
En medio del debate, relacionado con el artículo 21 inciso C del proyecto, estuvo el controvertido tema de la propiedad privada como un derecho fundamental que, a decir de los críticos del proyecto, fue un rubro olvidado en la iniciativa del Jefe de Gobierno.
Como parte de esa discusión, vecinos de los corredores Roma-Condesa y Copilco-Universidad se hicieron escuchar. En audiencia pública y frente a legisladores de todos los partidos acusaron lo que ya es común cuando se habla de usos de suelo en esta Ciudad: la violación de la normatividad por parte de desarrolladores inmobiliarios y de privados, la complacencia y corrupción de autoridades en los distintos niveles de gobierno y la indefensión de los habitantes de la zona que ven afectada su calidad de vida o de plano hasta son expulsados.
Pero frente a un problema tan complejo como es de los usos de suelo, cada uno de los vecinos tuvo tres minutos para exponer sus planteamientos. Así, Edgar Avilés, del Frente Ciudadano Salvemos la Ciudad, tuvo que hacer una atropellada exposición para acusar la operación de establecimientos mercantiles sin los permisos correspondientes en toda la zona de las colonias Roma y Condesa.
Señaló la existencia de una perversa alianza entre grupos inmobiliarios, autoridades delegaciones y de la Seduvi para hacerse de la Ciudad, lo que vuelve necesario establecer en la Constitución local la obligación de realizar consultas a los habitantes de las colonias afectadas, previo a la autorización de cambios de uso de suelo.
De la importancia de establecer esas consultas públicas también habló el vecino que le siguió, Joel Chávez Treviño, habitante de la Unidad Integración Latinoamericana -aledaña a la avenida Universidad-, quien hizo referencia al impacto urbano que ha tenido la llegada de Cadena Tres y sus instalaciones en la zona, con la operación de un helipuerto, una antena de transmisión y tanques de combustible, los cuales generan riesgos de protección para la zona habitacional, pero cuya operación está autorizada por las autoridades delegacionales bajo una licencia de remodelación. Lo anterior propició juicios de amparo promovidos por los propios colonos.
Después de la intervención de estos dos vecinos, los diputados constituyentes protagonizaron la discusión. Mayela Delgadillo, del partido Morena, inició la polémica al advertir que en la nueva Constitución debe quedar establecido que los privados no pueden hacer lo que les dé su gana con los usos de suelo de esta Ciudad.
Dijo que se debe respetar el bien colectivo y jamás debe estar por encima de éste el interés privado. Se pronunció por el pago de servicios ambientales a comunidades rurales para que se garantice la defensa de las áreas verdes y el suelo forestal, pero arreció la crítica cuando se refirió al tema de las consultas vecinales.
“No puede haber cambios de uso de suelo sin consultas ciudadanas vinculatorias; quienes más van a respetar las condiciones del hábitat serán quienes vivimos en esos territorios. Que se hagan consultas como dice en este capítulo la Constitución, que se someten cuando la ley quiera hacerlas vinculatorias verdaderamente es un error de origen. Ninguna Ley de Participación Ciudadana, salvo la del Distrito Federal te pone una consulta ciudadana no vinculatoria. Eso es una tomadura de pelo para los ciudadanos, que les preguntan para no tomarlos en cuenta”, acusó Delgadillo.
Las críticas de la diputada de Morena se refieren a que en ese artículo 21, inciso C, numeral 6, se señala que habrá consultas públicas para hacer cambios de uso de suelo, pero no todas serán vinculatorias. En esa propuesta se establece que, para modificar los usos de suelo, las autoridades informarán y consultarán previamente a la comunidad sobre los proyectos específicos y los estudios de impacto social, económico y ambiental. La ley determinará los casos en que la consulta será vinculante y en todo caso se privilegiará el interés público.
Fernanda Bayardo, legisladora del PRI, también habló de la participación ciudadana para realizar cambios de uso de suelo. Destacó el contenido de una iniciativa que presentó en días pasados, la cual propone nuevos mecanismos de participación ciudadana en la planeación del desarrollo urbano de la Ciudad, donde se privilegie la consulta ciudadana y se evite que las decisiones queden sujetas a la libre interpretación del gobierno central.
Dijo que en su propuesta se contempla la creación de un Consejo de Desarrollo Urbano, como un espacio de consenso y deliberación pública que brinde visibilidad, transparencia y participación ciudadana. El Consejo tendría facultades para determinar el destino del suelo, con lo cual se deja en manos de un órgano representativo de consulta social, con autonomía técnica y de gestión, la materialización del Derecho a la Ciudad.
En este debate, fue Alejandro Bustos, del PVEM, quien directamente acusó que el tema de la propiedad privada quedó fuera del proyecto de Constitución y criticó la redacción de la iniciativa, la cual reconoce la función social del suelo y la propiedad.
Bustos dijo que la propiedad privada es un derecho fundamental, el cual está definido incluso en tratados internacionales suscritos por nuestro país. “Tendemos a satanizar el desarrollo de vivienda por empresarios como si todos los empresarios que se dedican a la vivienda no respetaran los usos de suelo y como si todos fueran los grandes consorcios, pero hay muchos empresarios que han generado para esta Ciudad mejores posibilidades de vivienda”, dijo el pevemista.
Lamentó que por querer controlar el desarrollo urbano desordenado se excluya el derecho fundamental a la propiedad privada.
De inmediato le reviró la perredista Cecilia Soto, quien dijo que la propiedad no es un derecho humano fundamental, pues se trata de un “derecho derivado”. Argumentó que en la Constitución de 1917 se establece que la nación es la propietaria originaria del suelo; entonces, es un derecho derivado que respetamos gracias al artículo 27 constitucional.
Pero Alejandro Bustos no se quedó callado, le dijo a Cecilia Soto que la propiedad privada sí es considerado un derecho fundamental en tratados internacionales suscritos por nuestro país, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración Americana de los Derechos del Hombre, y consideró que debe armonizarse con la visión de propiedad social que viene en el proyecto de Constitución de Miguel Ángel Mancera.
Gabriel Quadri, de Nueva Alianza, se manifestó en contra de hacer pagos por servicios ambientales a aquella población que vive en las delegaciones con zonas de reserva ecológica, porque consideró que esa erogación pondría en riesgo las finanzas públicas locales.
Aunque no lo expresó dentro de la Comisión de Desarrollo Sostenible, pero sí en una conferencia de prensa, el vocero de la bancada del PRD en esta Asamblea, Roberto López, dijo que entre los miembros de su bancada plantearán que el uso de suelo no sólo sea un tema del que tenga atribución para discutirlo el futuro Congreso local, sino que también los Concejos de las alcaldías puedan intervenir para dar una opinión positiva para realizar cambios de uso de suelo en los diferentes territorios.
Tienen audiencia jefes delegacionales
Cómo parte de las audiencias públicas que se realizan en la Asamblea Constituyente, siete jefes delegacionales acudieron este lunes a la antigua sede del Senado, en donde dialogaron con diputados que integran la Comisión de Alcaldías. Ahí plantearon diversas propuestas de adición al proyecto constitucional que permitirían mejorar la operación de los gobiernos que sustituirán a las delegaciones políticas.
Los titulares de las delegaciones Iztapalapa, Iztacalco, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza, Magdalena Contreras y Cuajimalpa, plantearon temas que van desde contar con más atribuciones en materia presupuestal, de seguridad y de desarrollo urbano, hasta respaldar la revocación del mandato para los futuros alcaldes o el rechazo a hacer la división territorial de algunas demarcaciones como lo propuso el Instituto Electoral local.
Aunque han manifestado su rechazo a la propuesta de Constitución, ningún jefe delegacional de Morena asistió a estas audiencias públicas.
Durante el encuentro, el jefe delegacional de Cuajimalpa, Miguel Ángel Salazar, se pronunció a favor de la revocación del mandato de los alcaldes, siempre que vaya acompañado de la posibilidad de aplicar esa figura a los integrantes de lo que serán los Concejos de esas alcaldías. “Creo que es lo correcto”, dijo, al agregar que debe considerarse qué tantas facultades se les otorgarán a esos concejos al momento de tomar decisiones dentro de las alcaldías.
Xochitl Gálvez, de Miguel Hidalgo, propuso que las alcaldías tengan una policía de barrio y un servicio de grúas, a fin de atender directamente faltas cívicas como la presencia de franeleros o vehículos mal estacionados. Planteó que esos gobiernos deben tener personalidad jurídica y patrimonio propios, el cual se constituiría con el presupuesto anual, pero también con una parte de lo que se recaude del impuesto predial.
Agregó que las alcaldías deben tener las facultades para hacer cambios de uso de suelo y cuestionó que la iniciativa del Jefe de Gobierno pretenda otorgar derechos al comercio en vía pública, aunque no tendría razon de ser para los gobiernos de las demarcaciones si lo que eventualmente se recaude de ese sector se iría a la arcas del gobierno central.
Dione Anguiano, titular de Iztapalapa, se pronunció en contra de hacer una división territorial de esa demarcación, como lo propuso el Instituto Electoral local. Es más, la funcionaria, les dijo a los constituyentes que no son ellos a quienes les toca decidir sobre ese tema.
“No son ustedes los que determinarán si se divide o no se divide, porque no se puede hacer algo que no esté establecido en el artículo 122 (de la Constitución federal). Iztapalapa no tiene la problemática sobre la deficiencia o los servicios porque seamos muchos. No es un problema de cuántas alcaldías formamos; no es la numeralia, es el presupuesto que se le destina a las delegaciones. Si pueden evaluar el hecho de que pudiéramos dividir en tres alcaldías a la delegación Iztapalapa requeriríamos por lo menos cinco veces el presupuesto que se le destina hoy a esa delegación”, dijo Anguiano, quien pidió no politizar el tema con miras al año 2018.
