Ciudad de México.- La Comisión de Poder Judicial de la Asamblea Constituyente distribuyó este mediodía entre los legisladores integrantes de ese grupo de trabajo el proyecto de predictamen que comenzarán a discutir a partir del próximo lunes y que se relaciona con la creación de los órganos constitucionales autónomos como la Defensoría del Pueblo, el Consejo de Evaluación de la Ciudad, el Instituto de Transparencia y la creación de una sala constitucional adscritas al Tribunal Superior de Justicia local.
El documento no se ha hecho público en la Gaceta Parlamentaria de la Asamblea, con todo y que este órgano legislativo presume ser un parlamento abierto, pues un acuerdo de los diputados de la Comisión de Poder Judicial estableció que no darían a conocer el proyecto de dictamen y sólo sería conocido por ellos.
El predictamen hace cambios sustanciales a los artículos 40, 41 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 y 54 del proyecto de Constitución del Jefe de Gobierno, además de que se suprimen los artículos 42 Y 56, y se envía el 57 a la Comisión Carta de Derechos pasar a formar parte del 13, pues se relaciona con aspectos de educación y del funcionamiento de la Universidad de la Ciudad de México.
Uno de los cambios de fondo del predictamen, respecto a la iniciativa de Mancera viene en el artículo 41. El jefe de Gobierno planteaba ahí la necesidad de crear un Tribunal Constitucional como órgano constitucional autónomo que funcionara para la interpretación de la Constitución Política de la Ciudad, así como para garantizar la defensa, integridad y supremacía de la carta fundacional de la capital del país. Se planteaba que ese tribunal por siete magistrados.
En el predictamen que genera la Comisión de Poder Judicial, que encabeza el priista Manuel Díaz Infante, se elimina en su totalidad la propuesta de crear ese Tribunal y se le sustituye por una sala constitucional adscrita al Tribunal Superior de Justicia.
Las atribuciones serán las mismas que se contemplaban para el tribunal constitucional, aunque se conformará por siete magistrados designados por el Tribunal Superior de Justicia.
De los cambios destacados, uno se refiere a la Fiscalía General de Justicia, considerado en el artículo 46. Contrario a la iniciativa del Jefe de Gobierno, que proponía la duración de ese fiscal por nueve años, el predictamen señala que ese funcionario durará en el cargo cuatro años y será electa por el Congreso local a propuesta de un Consejo Ciudadano que existirá en esa Fiscalía.
Contrario la iniciativa, el predictamen agrega un inciso D al artículo 46, en el que se detalla la integración y forma de operación del Consejo Ciudadano para la Fiscalía, el cual estará conformado por once ciudadanos de los cuales siete sean profesionales del derecho y los cuatro restantes podrán ser o no profesionistas.
El cargo de los consejeros será honorifico con duración de cinco años y sus atribuciones serán proponer al Congreso, la terna para designar al Titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para lo cual diseñará, elaborará y aplicará el proceso de selección de la terna que propondrá. Y en su caso proponer la ampliación de su mandato por otro periodo de igual duración.
En el artículo 48 del predictamen se enlistas los órganos autónomos. Serán ocho instituciones las que vienen en el documento, mientras que en la iniciativa de Mancera se contemplaban 10.
El proyecto de dictamen señala la existencia del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México y ratifica la existencia de la Comisión de Derechos Humanos local, contrario al proyecto del mandatario, que proponía la creación de una Defensoría del Pueblo.
Se crea la Fiscalía General de Justicia, el Instituto de Transparencia, se mantiene el Instituto Electoral y con ello se deja de lado la propuesta de Mancera de configurar un Instituto de Participación Ciudadana y Elecciones; se mantiene el Tribunal Electoral y de Procesos Democráticos, el Tribunal de Justicia Administrativa y la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.
De la propuesta de Mancera, no se incluyen como órganos autónomos la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje.
Se modifica por completo el artículo 42 que originalmente contemplaba la conformación de un Consejo Judicial Ciudadano, el cual ya no existirá. En su lugar, el artículo 42 del proyecto de dictamen incluye la definición del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, como un órgano que si bien no será autónomo, estará encargado de dirimir los conflictos laborales que se presenten entre las instituciones públicas de la ciudad y sus trabajadores, así como los conflictos internos sindicales y los intersindicales de conformidad con lo previsto por las leyes locales.
En materia de seguridad ciudadana se hacen modificaciones respecto a conceptos establecidos en el artículo 44. La nueva redacción del mismo señala que la violencia y el delito son problemas de seguridad pública, además de que la Constitución garantizará las políticas públicas para su prevención.
