Ciudad de México.- En materia de regulación del suelo, los diputados constituyentes aprobaron durante la noche del viernes una modificación al artículo 21 de la nueva Constitución, que permitirá la regulación de viviendas obtenidas a través de invasiones o despojos. Incluso, a los ocupantes de esos predios se les permitirá acceder a programas y créditos de vivienda, sin necesidad de que demuestren la legítima posesión de los espacios que ocupan, pues bastará que comprueben que son posesionarios de buena fe.
La legitimación de invasiones y despojos viene incorporada en el inciso C, numeral 7, del mencionado artículo. Los cambios en ese apartado modifican de manera sustancial el dictamen construido en la Comisión de Desarrollo Sostenible y la iniciativa del Jefe de Gobierno.
Tanto la propuesta del mandatario como el dictamen de la Comisión, planteaban que la regulación del suelo contemplara, entre otras cosas, el reconocimiento de la posesión legítima del suelo, que no derive de invasión o despojo, como requisito suficiente para el acceso a subsidios o créditos para la producción social de la vivienda.
Sin embargo, durante la noche del viernes los legisladores hicieron una modificación completa del mencionado inciso C, en la cual eliminan la frase sobre el reconocimiento a la legítima posesión del suelo que no derive de invasión o despojo.
El nuevo inciso ahora establece que la regulación del suelo considerará la situación de los posesionarios de buena fe y el impulso de su regularización para promover su acceso a créditos para la producción social de la vivienda, sin demérito de que accedan a otros programas que puedan beneficiarlos.
El promotor original de estos cambios fue el legislador de Morena, Raúl Bautista, quien durante la reunión de este viernes de la Comisión de Desarrollo Sostenible planteó que de la redacción original del dictamen se eliminara la frase “que derive de invasión o despojo”.
De acuerdo con sus planteamientos, era necesario otorgarle garantías a un gran número de personas que enfrentan problemas para mejorar las condiciones de las viviendas que habitan; un fenómeno que se ha complicado en los últimos años ante la falta de regularización en la posesión de esos hogares por distintos problemas jurídicos.
En la Comisión de Desarrollo Sostenible, el argumento de Bautista no enfrentó grandes resistencias de parte de legisladores de otros partidos, sin embargo, su propuesta tampoco prosperó.
No obstante, cuando a las 20:30 horas inició la sesión del Pleno y se presentó la mega reserva que horas antes habían redactado los integrantes de la Comisión de Desarrollo Sostenible respecto al artículo 21, venía incorporado este cambio al inciso C del numeral 7.
Cuando se sometió a votación la mega reserva, ningún legislador objetó el contenido del mencionado inciso C.
Dentro de la mega reserva se ratificó en sus términos una redacción contenida en el apartado E, relacionada con el derecho a la vivienda. Quedó definido que es de interés público la promoción, recuperación y reciclaje de inmuebles en riesgo estructural, físico y social, en abandono o en extrema degradación para el desarrollo de vivienda, preferentemente popular de interés social.
Se incluyó una adición que no venía en el dictamen original, por la cual se establece que, con el fin de promover la cohesión social y la disminución de las desigualdades, el gobierno de la ciudad deberá inhibir la exclusión y segmentación social en las colonias, con lo cual se busca impedir un fenómeno que académicos y especialistas definen como "gentrificación".
Dentro de esa mega reserva se incluyó una propuesta que de última hora presentó la legisladora de Morena, Patricia Ruiz Anchondo, que eliminó el numeral 8 del apartado G, en donde se proponía la creación de un ente público que sería responsable del desarrollo, regulación, mantenimiento y vigilancia del espacio público.
