Ciudad de México.- Las reglas que se han dado los diputados constituyentes para discutir y votar los artículos de la futura Constitución local son tan intrincados que un tema detenido en el Pleno y rechazado por la mayoría no necesariamente está muerto ni tendrá como final el baúl de los recuerdos. Lo que también permiten esa reglas es que las revanchas lleguen de inmediato y que las ideologías afloren a las primeras de cambio.
En la Asamblea Constituyente, aquello que no goce de consensos puede revivir bajo la magia de unos lineamientos y un reglamento del órgano legislativo que permiten regresar a comisiones lo que no obtenga el voto favorable de dos terceras partes de los legisladores presentes en una sesión, para volverlo a redactar y en un plazo máximo de 72 horas presentarlo de nuevo ante el Pleno.
Y justo esa fue la historia, tanto del numeral 3, inciso A del artículo 26, como del artículo 73 del dictamen generado por la Comisión de Principios Generales, ambos rechazados por la falta de consensos, en un juego de toma y daca entre las izquierdas y las derechas que integran este órgano legislativo.
La progresividad versus la proporcionalidad
Hoy el Pleno de la Asamblea Constituyente entró al debate de unos de los artículos más largos y complejos del proyecto de Constitución, el 26, el que habla de la Hacienda Pública de esta Ciudad, así como de los ingresos, los egresos, la autonomía presupuestal y el presupuesto para las alcaldías.
El artículo fue aprobado en lo general por 75 votos en pro, 10 en contra y 5 abstenciones. Como lo han hecho en estos dos días que la Asamblea Constituyente lleva de discusión en el Pleno, los legisladores de Morena votaron en contra o en abstención del dictamen.
Inicialmente se presentaron 18 reservas a los distintos incisos y numerales que integran el artículo, pero a lo largo de la discusión legisladores de las diferentes bancadas retiraron seis reservas; de las 12 a las que sí se les dio trámite sólo se aprobaron cinco, suscritas por diputados del PAN y PRI en conjunto, además del PRD y de Morena.
En la lista de reservas estaba una suscrita por los panistas Ernesto Cordero y Santiago Creel, así como por los priistas César Camacho, Enrique Jackson y Eduardo Escobedo.
Fue Cordero el encargado de subir a tribuna, para plantear que en el artículo 26, inciso A, numeral 3 se eliminara la frase de “progresividad fiscal”, bajo el entendido que después viene incluido en el mismo párrafo el concepto de “proporcionalidad” y que uno se supedita al otro.
Ese numeral 3 establece que la generalidad, sustentabilidad, progresividad fiscal, honradez, proporcionalidad, equidad, efectividad, austeridad, certidumbre, transparencia y rendición de cuentas, son los principios que rigen la hacienda pública.
“Al hacer esta reserva somos consistente y consecuentes con lo que establece el artículo 31, numeral romano IV de nuestra Constitución federal, donde se establece que las contribuciones deberán de ser proporcionales y equitativas. De manera que respetamos el carácter progresivo de la Constitución, de la recaudación tributaria única y que es mucho más parsimonioso y mucho más apegado a la técnica parlamentaria y a lo que establece la Constitución, al considerar la palabra “proporcionalidad” únicamente”, dijo el ex secretario de Hacienda.
Dos palabras eran lo que el PRI y PAN pedían retirar de ese párrafo, pero a decir de legisladores de Morena, quienes dieron el debate en contra de priistas y panistas, quitar el concepto de “progresividad fiscal” y dejar sólo el de “proporcionalidad” no era una propuesta inocente.
Lo que vino fue un debate largo e intenso, que viró de lo técnico a lo político.
En esta discusión, el PRD fue tan solo un observador, aunque al final votó en alianza con los de Morena y contra los azules y los tricolores, los mismos con los que ayer tenía el acuerdo de establecer un bloque para sacar los primeros tres artículos de la Constitución.
Durante el debate, Jaime Cárdenas, de Morena, explicó que la progresividad fiscal tiene la intención de generar más recursos fiscales, es decir, no tener una actitud regresiva respecto al cobro; en otras palabras, que se puedan cobrar más contribuciones en un sentido creciente y no en un sentido regresivo, aplicado sobre aquellas personas que más ingresos tienen y que más riqueza poseen.
“En cambio, el concepto de “proporcionalidad” podría permitir el cobro de contribuciones pero en un sentido regresivo, siempre y cuando sean en un porcentaje en función del ingreso o de la riqueza de cada persona”, dijo Cárdenas.
Irma Eréndira Sandoval, también de Morena, lo secundaría diciendo que se deben asegurar cobros de impuestos con progresividad ante la falta de una distribución adecuada del ingreso en nuestro país y en la Ciudad. Acusaba que las 62 personas más ricas del mundo, entre las cuales se concentra media docena de mexicanos avecindados en esta ciudad, poseen la misma riqueza que las 3.5 mil millones de personas más pobres del planeta.
“La idea es, precisamente, lo que estamos tratando de defender y de explicar. La interpretación de este principio de progresividad dicta que los derechos no pueden disminuir y lo mismo tiene que ver con la aplicación de impuestos progresivos”, argumentó Sandoval.
En esta alianza PRI-PAN, el coordinador de los diputados tricolores, César Camacho, subió a tribuna para revirarle a la de Morena, a quien le pidió no confundir la progresividad en el ejercicio y ampliación de derechos con la progresividad fiscal, porque lo fiscal sólo está relacionado con los ingresos.
“Si bien lo sugiere el dictamen como un principio de la Hacienda Pública y la Hacienda incluye ingresos, egresos y contabilidad, en el caso que nos ocupa el adjetivo de la progresividad sugerida es fiscal”, expuso Camacho, quien dijo que con la propuesta de eliminar la “progresividad fiscal” lo que se busca es evitar un aumento en la tasa de cobro de las contribuciones existentes.
“No vaya a ser que de manera aparentemente sigilosa lo que se pretende en el dictamen que nos ocupa sea la posibilidad de aumentar impuestos”, agregó el priista.
De los oradores a favor, entre los que intervinieron estuvo el ex presidente del Senado, Roberto Gil, quien consideró que este es un debate central, porque cuando en un texto constitucional dos principios aparecen con autonomía, estos principios pueden rivalizar en determinados momentos y ser sujetos de interpretaciones que implique el desplazamiento de uno frente al otro.
Dijo que si se acepta la redacción tal y como se propone en el dictamen, el principio de progresividad sería un elemento diferenciable y autónomo del principio de proporcionalidad, lo que violaría no solamente una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino que se correría el riesgo de que puedan interpretarse como principios opuestos y que en algún momento el de progresividad o el de proporcionalidad desplace uno al otro.
La explicación
Roberto Gil explicó que el principio de proporcionalidad establece que lo gravámenes deben fijarse de acuerdo con la capacidad económica de cada sujeto, de manera que las personas que obtengan ingresos mayores paguen más en relación con los que tienen menores ingresos.
A su vez, el principio de progresividad implica que jamás una tarifa puede reducirse a partir de definiciones legislativas, de política económica o política tributaria.
“Si hoy la tasa (de un impuesto) es del 10 por ciento, mañana sólo puede ser del 11 y pasado mañana del 12, del 13 o del 14. Jamás el Poder Legislativo o quien conduce la política tributaria pueda regresar un impuesto o disminuirlo, precisamente para alentar algunas decisiones, o bien, para motivar, por ejemplo, la inversión. Darle autonomía al principio de progresividad implicaría que siempre tendríamos una carga tributaria creciente, con independencia de nuestra capacidad económica, lo cual es absolutamente contraria al espíritu, a la razón y la interpretación con respecto al principio de proporcionalidad”, señaló Gil.
Para Ernesto Cordero, lo que argumentaba Morena era un falso debate. Dijo que ninguno de los promoventes planteó establecer beneficios a los ricos, pero agregó que su propuesta permitiría al gobierno de la Ciudad obtener la recaudación necesaria para financiar toda la gama de derechos que vienen en esta Constitución.
Consideró que si se aplica la “progresividad fiscal” como viene en el dictamen, esto implicaría que a futuro no se puedan bajar las tasas de contribuciones absolutamente a nadie, entre ellos a los pobres.
El recién estrenado presidente de la Comisión de Pueblos de la Asamblea Constituyente, el morenista Jesús Ramírez, increpó a Ernesto Cordero recordándole su pasado.
“Venimos hoy frente a una propuesta de un ex Secretario de Hacienda, que pensaba o decía y declaró que se puede vivir con 6 mil pesos. Esos 6 mil pesos son los que reciben 70 por ciento de los habitantes de esta Ciudad y creo que el tema de fondo no es ningún impuesto confiscatorio, es crear condiciones de equidad fiscal, de justicia fiscal, y los principios de proporcionalidad y de progresividad que están propuestos en este articulado, van juntos, van precisamente para compensar lo que uno no puede lograr, el otro puede alcanzar”, alegó Ramírez.
El regreso a comisiones, incluida la capitalidad
Después de este largo y agrio debate, la reserva del PRI y el PAN fue sometida a votación. Un total de 52 legisladores, todos ellos de izquierda votaron en contra. El bloque de la derecha lo hizo a favor, con 44 votos.
Sin los votos necesarios y sin las dos terceras partes de los diputados presentes al momento de sufragar, este numeral 3 del inciso A, artículo 26, se regresó a la Comisión de Principios Generales, para que en un plazo máximo de tres días los integrantes de ese grupo legislativo presenten un nuevo párrafo que aglutine consensos.
La misma suerte del retorno a comisiones tuvo el artículo 73, un postulado de sólo tres párrafos, en el cual se establecen bases de coordinación entre la Ciudad de México, como sede de los Poderes de la Unión, con la Federación.
En el segundo y tercer párrafo de ese artículo queda abierta la puerta para crear el llamado Fondo de Capitalidad, un presupuesto adicional del que gozaría la Ciudad por ser precisamente la capital del país.
Ahí se establece, por ejemplo, que las autoridades locales promoverán acuerdos y convenios con la Federación, para asegurar el cuidado de las representaciones diplomáticas, así como de los bienes inmuebles y el patrimonio federal asentado en la capital, además de que se establecerán protocolos de comunicación para atender manifestaciones y protestas sociales.
Sin embargo, el documento tampoco obtuvo consenso. 35 legisladores votaron a favor del mismo; 44 lo hicieron en contra, los mismos azules y tricolores que minutos antes perdieron la votación sobre el concepto de “progresividad fiscal”.
Lo que sí se aprobó
El resto del artículo 26 se aprobó en lo general y en lo particular, por lo que ya es parte de la nueva Constitución local.
De entre aquello que sí prosperó, destaca una reserva presentada por los perredistas Humberto Lozano y Dolores Padierna al numeral 7, inciso A, la cual evita que a futuro el Jefe de Gobierno o las autoridades locales impongan contribuciones que no estén aprobadas por la Constitución federal o en las leyes locales y federales. Para Lozano, se cierra la puerta a la invención de nuevas contribuciones.
En el inciso C, relacionado con los egresos, se establece que ninguna autoridad podrá contraer obligaciones que impliquen erogaciones no comprendidas en sus presupuestos o determinado por ley posterior.
El inciso D, relacionado con las alcaldías, quedó ratificado en los términos que venía el dictamen, de manera que se creará un fondo para las futuras alcaldías que de manera inicial contará con 2 mil 700 millones de pesos y su crecimiento será progresivo en tanto crezca el presupuesto de la Ciudad.
Además, se asegura que del presupuesto que el Congreso local les autorice anualmente a cada alcaldía, cada una de estas demarcaciones deberá destinar al menos el 22% a proyectos de inversión en Infraestructura, equipamiento urbano y servicios públicos en todas las colonias, pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas asentados en sus territorios.
A las 4:40 de la tarde y cinco horas con 20 minutos después del arranque de los trabajos, Alejandro Encinas, presidente de la Mesa Directiva de la Asamblea Constituyente, declaró un receso, para que los constituyentes regresen mañana a sesionar, con los artículos que les faltan del dictamen de Principios Generales. Son pocos y pequeños, del 74 al 76.
Sin embargo, para este miércoles se espera que inicie la discusión del dictamen central de este constituyente, el de la Carta de Derechos, donde se abordarán temas como el matrimonio igualitario, la protección a los animales, la garantía de trabajo a ambulantes y de sexoservidores voluntarios. Habrá chispas en la discusión de mañana 21 de diciembre, pues el dictamen ya está incorporado en el orden del día de esta sesión que se encuentra en receso.
Afuera de la Asamblea Constituyente han estado por dos días consecutivos manifestantes que defienden la vida desde la fecundación, un tema que llevará a tribuna la panista Cecilia Romero.
