Ciudad de México.- La prudencia predominó. Era eso o redactar textos sobre las rodillas, a marchas forzadas y con el tiempo encima.
Así, a las prisas, parecía que se configuraba la redacción de nuestra futura Constitución local, pero los diputados constituyentes decidieron que era necesario meditarlo mejor, por lo menos 10 días más, y de esa forma será.
La noche de este martes, los coordinadores parlamentarios de la Asamblea Constituyente decidieron que otorgarán una decena de días adicionales a las comisiones legislativas, para que estas elaboren sus respectivos dictámenes de Constitución.
Los dictámenes serán el fundamento del debate en el Pleno del órgano legislativo, donde se discutirán y aprobarán uno a uno los artículos que serán parte de la carta fundacional de la capital del país. Debe ser un dictamen por cada comisión.
Originalmente y por reglamento, las comisiones tenían al 30 de noviembre para entregar esos dictámenes, pero el plazo se ampliará hasta el 10 de diciembre. Con un plazo mucho mayor contará la Comisión de Pueblos y Barrios Originarios, que tiene enfrente el reto de someter su predictamen a la consulta de casi 300 comunidades indígenas y pueblos originarios de la Ciudad.
Esta consulta es obligatoria para la Asamblea Constituyente, pues México firmó tratados internacionales con la ONU y la OIT, por los cuales se obliga a someter al escrutinio de poblaciones originarias e indígenas aquellas propuestas de ley que impacten a dichas comunidades.
Una vez realizada la consulta, los resultados de la misma regresarán a la Asamblea Constituyente, para que pasen por la ratificación del Pleno y se incorporen al decreto de Constitución.
Una vara muy alta
La Comisión de Pueblos no la tiene nada fácil, y este martes se los vino a machacar Víctor Toledo, el asesor de la Relatora de la ONU en Materia de Pueblos y Comunidades Indígenas.
En una reunión en donde, además de los integrantes de la Comisión de Pueblos, estuvieron integrantes de la Mesa Directiva de la Asamblea y el Coordinador de la Conferencia de Armonización, Porfirio Muñoz Ledo, el funcionario de la ONU les dejó en claro que la consulta a los pueblos originarios y comunidades indígenas debe ser vinculante, esto es que las deliberaciones de esos pobladores tienen que respetarse por parte de la Constituyente.
Lo anterior, les dijo Toledo, requiere una consulta de buena fe, es decir, que la Asamblea Constituyente cumpla su palabra de que los resultados de esa consulta no serán modificados por el Pleno cuando llegue el momento de la votación artículo por artículo del dictamen.
Esto requerirá que la Asamblea Constituyente apruebe en su siguiente sesión un acuerdo en el que se compromete a no modificar los tres artículos que integrarán el dictamen de la Comisión de Pueblos o, en su caso, crear una mesa de concertación integrada por representantes de esas comunidades indígenas y legisladores, para armonizar con ellos lo que vaya a modificar el Pleno, incluso una palabra o una coma.
A la Comisión de Pueblos que preside el diputado de Morena, Mardonio Carballo, le toca generar el predictamen de los artículos 63, 64 y 65 del proyecto de Constitución que remitió el Jefe de Gobierno y llevar esos tres artículos a la consulta.
Sin embargo, hoy, Víctor Toledo les dejó la reflexión sobre si será necesario someter a la consulta otros artículos que podrían impactar en la vida, usos y costumbres de comunidades originarias e indígenas, a pesar de que no los mencione implícitamente.
“Los indígenas deberían revisar el texto constitucional artículo por artículo y ver si un determinado artículo, por su omisión, por su silencio, puede afectar; por supuesto que en una norma sobre educación debería hacer una mención a indígenas; sobre justicia, no se mencionan; sobre salud no se mencionan”, explicó el funcionario de la ONU.
Por supuesto que este planteamiento de Toledo no encontró eco en la Asamblea Constituyente, porque llevar a consulta todo el proyecto de Constitución o más de los tres artículos referidos implicaría en los hechos que la nueva carta fundacional de la capital del país no quede lista para el 31 de enero de 2017 como lo mandata la Reforma Política de la Ciudad de México.
Desde la óptica de Alejandro Encinas, el proyecto de Constitución no excluye en derechos a ningún habitante de esta ciudad, por lo que los principios incluidos en el documento son de alcance general y por ende los derechos son para todas las personas, de manera que el eje de la consulta indígena local deben ser sólo los tres artículos mencionados.
Toledo también les dijo a los legisladores que junto con los artículos que se someterán a consulta, se hace necesario incluir un anexo en el que se explique claramente a los pueblos originarios y comunidades indígenas el por qué de ese ejercicio, cuál es su objetivo, motivo y alcances, a fin de que los pobladores tengan toda la información detallada y explicada sobre los artículos y la Constitución en sí misma.
Porfirio Muñoz Ledo se refirió a los compromisos que debe tener la Asamblea Constituyente respecto a los resultados de esa consulta indígena, para no repetir una escena que la historia mexicana reciente nos dejó, en la cual el Congreso mexicano traicionó los compromisos de San Andrés Larrainzar.
Consideró así que el Pleno de la Constituyente sí debe adoptar el compromiso, de aceptar de buena fe los resultados, para no repetir aquella historia de traición del Congreso de México. Respaldó que la oficina de la Relatora de la ONU en Materia de Pueblos y Comunidades Indígenas pueda participar como observadora del proceso de consulta.
La dignidad humana es inviolable
Cuando parecía que el lunes la Comisión Carta de Derechos había logrado avanzar en la discusión de uno de los artículos más polémicos del proyecto de Constitución, el número 8 relacionado con la dignidad humana, la diputada del PAN, Cecilia Romero se encargó de regresar al tema, sobre todo porque aquí se tocan planteamiento de ese partido sobre el derecho a la vida desde la fecundación.
En la víspera, los diputados de esa Comisión ya habían desechado una propuesta del Partido Encuentro Social que iba en ese sentido, pero este martes Cecilia Romero dijo que no se puede desechar nada porque nada se ha votado en los hechos para su incorporación al dictamen final.
El perredista Roberto López dijo que si bien no se tiene el dictamen, en ese documento debe ir todo aquellos que la mayoría decida y no es el caso de las iniciativas de diputados que contemplan el derecho a la vida desde la fecundación.
Sin embargo, Cecilia Romero, con el apoyo de su compañero de bancada Carlos Gelista, encontró la manera de que el tema se volviera a mencionar, al recordar que no se habían analizado varias propuestas ciudadanas que también plantean el mismo tema, por lo que la Comisión no tuvo de otra que regresar a la discusión del artículo 8.
El debate empezó entonces con una propuesta relacionada con el término de familia e intervino la diputada del PRI, Lizbeth Hernández Lecona, quien dijo que ella propuso la homologación del artículo 8 del proyecto de Constitución local al texto del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En el artículo 4 de la Carta Magna federal se establece que el varón y la mujer son iguales ante la ley, y esta protegerá la organización y desarrollo de la familia.
Por su parte, el artículo 8 del proyecto de Constitución local detalla que la dignidad humana es inviolable. Todas las personas nacen libres e iguales en derechos; su protección es el fundamento de esta Constitución y toda actividad pública o privada debe estar guiada por el respeto y garantía de los derechos humanos.
La ministra en retiro y diputada constituyente Olga Sánchez Cordero, consideró que esa homologación de redacciones no debería estar en el artículo 8. Dijo que el mismo artículo 8 es introductorio de toda la Carta de Derechos. “Quiero decirles que este concepto, que la dignidad humana es inviolable, es un avance en esta Constitución que no contiene la Constitución general, entonces no podemos disminuir este principio importantísimo de introducción a la Carta de Derechos con otros derechos con los que estoy totalmente de acuerdo, pero no es para mí el lugar adecuado en donde se debe homologar”, argumentó.
El tema se empantanó y quedó encorchetado para una discusión posterior, porque legisladores del PRD y de Morena hicieron ver que mencionar un concepto único de “familia” resulta erróneo, cuando lo correcto es señalar que existen distintos tipos de “familias” en esta ciudad.
Ya sin acuerdo sobre el tema, los legisladores de la Comisión Carta de Derechos pasaron a la discusión del artículo 9, cuya modificación al primer párrafo fue aprobada por unanimidad para quedar de la siguiente manera:
“En la Ciudad de México las personas gozan de los derechos humanos y garantías reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados e instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y en las leyes nacionales y locales, las cuales conforman el parámetro de control de regularidad constitucional y se interpretarán favoreciendo en todo tiempo a las personas en su protección más amplia.
Sobre esta redacción, la ministra Olga Sánchez Cordero explicó que lo destacado del artículo 9 es que en los mecanismos para garantizar los derechos humanos se incluyen tanto tratados como instrumentos internacionales, lo cual genera un amplio abanico de documentos que fortalecen los derechos de los capitalinos, pues los instrumentos puedes ser desde reglamentos internos de organismos internacionales como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hasta circulares o recomendaciones emitidas por un visitador de la ONU.
