Ciudad de México.- En la Asamblea Constituyente existe un grupo de legisladores, pertenecientes a todos los partidos políticos, a los que ya se les empieza a identificar como la “bancada de la tintorería”. Si ellos suben a tribuna o suscriben una reserva de modificación a algún artículo es seguro que esa propuesta se aprobará, porque ya viene “planchada” por una cúpula, que luego ratificará una mayoría en el Pleno, de ahí el mote de la tintorería.
En el Pleno de la Constituyente, los acuerdos de ese “grupo parlamentario” son avasallantes y por eso han provocado el recelo de otros legisladores que ven cómo fracasan las reservas que ellos presentan, cuando estas no vienen con el aval de esa influyente “bancada”.
Durante varios días y en el salón de sesiones, los legisladores recelosos han acusado la existencia de esa “tintorería”, porque consideran que los acuerdos tomados al seno de ese grupo conculcan el derecho que ellos tienen, a que el debate se genere en torno a otras reservas no “planchadas”.
Porfirio Muñoz Ledo lo dijo hoy. “Desde luego el diálogo sale la luz. Por eso prefiero un parlamento a una planchaduría. Estamos recuperando el aspecto deliberativo que a algunos molesta, no sé por qué”, acusaba Muñoz durante la discusión de una reserva de la legisladora de Morena, Margarita Valdés, quien planteó la creación de un Instituto de Lenguas Indígenas de la Ciudad, un tema que luego de 30 minutos de discusión no prosperó.
El jueves, otro diputado, Hugo Erick Flores, del Partido Encuentro Social, ya había advertido durante la discusión del artículo 12, que “hay una tintorería allá atrás (del salón de sesiones), que van planchan las cosas y ya después regresan aquí ya con las firmas de alguien”, acusó. El legislador se quejaba que se presentaban reservas que los integrantes de su bancada desconocían.
La foto de largas discusiones sobre reservas que no venían con el respaldo de la “tintorería” se repitió a lo largo de esta jornada, durante la cual se desahogó la discusión en lo particular del artículo 13 de la Constitución local, relacionado con el derecho a la educación.
De un total de 27 reservas presentadas sólo pasaron cuatro, y de estas, dos se originaron en la “tintorería”.
En aquel poderoso “grupo parlamentario” hay legisladores de todos los partidos, incluso los de Morena, a los que ya se les olvidó que desconocerían todo tipo de acuerdo con aquellos diputados que llegaron por designación.
Para saber que una reserva es de la “tintorería”, esta invariablemente vendrá suscrita por diputados como Roberto López, Dolores Padierna, Marcela Lagarde y Katia D´Artigues, todos ellos del PRD; Carlos Gelista, Margarita Saldaña, Mauricio Tabe, Santiago Creel, estos del PAN; Margarita Valdés, Bernardo Bátiz, Gabriela Rodríguez, Clara Brugada, de Morena; Clara Jusidman y Olga Sánchez Cordero, de los designados del Jefe de Gobierno; Cynthia López Castro, Eduardo Escobedo y Yolanda de la Torre, del PRI; así como de Claudia Aguilar Barroso y Beatriz Pagés, de los designados por el Ejecutivo federal.
Por supuesto que esta lista no es limitativa, pues por ella pasan y salen legisladores según el tema a discutir, aunque siempre deben estar las firmas de varios coordinadores parlamentarios o vicecoordinadores para que se cumpla la condición de que una propuesta viene “planchada”.
Esa “bancada de la tintorería” ya perfilaba su existencia desde los trabajos de comisiones y antes de que iniciará la discusión en el Pleno, particularmente cuando sesionó la Comisión Carta de Derechos. Fue ahí cuando aparecieron por primera vez las reservas que presentaban algunos de esos diputados y que, invariablemente, eran aprobadas.
Las mega reservas
Este viernes, el poder de los “tintoreros” se hizo sentir en dos mega reservas que el Pleno de la Asamblea Constituyente aprobó por mayoría.
Cynthia López Castro, del PRI, se encargó de presentar la primera de las megareservas que derivó en cambios importantes al dictamen proveniente de comisiones. En el apartado B, por ejemplo, se modificó el numeral 2, que establecía el derecho de las personas a acceder a la educación superior y la obligación de las autoridades a garantizar progresivamente el ejercicio de ese derecho hasta el máximo de los recursos disponibles.
Lo que al final se aprobó en ese numeral 2 es que las autoridades educativas deberán fomentar oportunidades de acceso a la educación superior, previendo que las mismas tengan condiciones de calidad y pertinencia.
De entre los cambios incluidos en esa mega reserva está una modificación el numeral 5, por la cual se establece que las autoridades de la Ciudad de México contarán con un sistema de escuelas de nivel medio superior en el que se impartirán estudios al más alto nivel académico, un elemento que no venía en el dictamen.
De lo más importante que se incluyó en esa propuesta fue la adición de un nuevo numeral 7, en el cual quedó establecido que se reconoce a la Lengua de Señas Mexicana como oficial y parte del patrimonio lingüístico de la Ciudad. Además, las personas sordas tendrán derecho a recibir educación en Lengua de Señas Mexicana y español.
Se incorporó también que la falta de documentación que acredite la identidad de niñas, niños y adolescentes no podrá ser impedimento para garantizar el acceso al sistema educativo. Las autoridades deberán facilitar opciones para obtener la documentación requerida que permita la integración o tránsito del educando por el sistema educativo nacional.
La megareserva, llevaba la firma de los legisladores mencionados, además de Alejandro Bustos, del PVEM; Alejandro Chanona, del Movimiento Ciudadano; Juan Carlos Romero Hicks, del PAN; Andrés Millán y Hugo Erick Flores, del PES, y Jesús Ramírez, de Morena.
La segunda
Roberto López, del PRD, presentó la segunda megareserva, misma que venía firmada por Fabrizio Mejía, de Morena; Margarita Saldaña, del PAN, y Armando Báez, del PRI. En ella se hizo toda una reingeniería al apartado D, relacionado con los derechos culturales.
Se modificó la redacción de prácticamente todo el apartado, en relación con el dictamen que provenía de comisiones. El nuevo texto es menos extenso en su numeral 1, respecto a la explicación del derecho a la cultura. El dictamen planteaba que el desarrollo humano integral y sostenible incluía la garantía del ejercicio pleno de los derechos culturales, que toda persona, grupo y comunidad gozaban del derecho irrestricto de acceso a la cultura y que el arte y la ciencia son libres y queda prohibida toda forma de censura. El nuevo texto detalla que toda persona, grupo o comunidad gozan del derecho irrestricto de acceso a la cultura.
No obstante, se agregan 10 numerales respecto a los cuales quedará consagrado ese derecho, como elegir y que se respete su identidad cultural, en la diversidad de sus modos de expresión; conocer y que se respete su propia cultura, como también las culturas que, en su diversidad constituyen el patrimonio común de la humanidad; una formación que contribuya al libre y pleno desarrollo de su identidad cultura; acceder al patrimonio cultural que constituyen las expresiones de las diferentes culturas; así como acceder y participar en la vida cultural a través de las actividades que libremente elija y a los espacios públicos para el ejercicio de sus expresiones culturales y artísticas, sin contravenir la reglamentación en la materia.
El numeral 3 de ese apartado se cambió totalmente. En su origen, se planteaba que en reconocimiento al carácter pluricultural, plurilingüe y multiétnico de la Ciudad de México, los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes, tendrían derecho a conocer y a que se respete su propia cultura, a la preservación de su memoria histórica, la preservación y fomento de su conocimiento tradicional, al patrimonio cultural que constituyen expresiones de las diferentes culturas; así como a ejercer sus propias prácticas culturales y seguir un modo de vida asociado a sus formas tradicionales de organización y representación, siempre y cuando no se opongan a los principios y disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a los derechos humanos.
La nueva redacción del numeral 3 señala que las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, protegerán los derechos culturales. Asimismo favorecerán la promoción y el estímulo al desarrollo de la cultura y las artes. Los derechos culturales pondrán ampliarse conforme a la ley en la materia, que además establecerá los mecanismos y modalidades de exigencia de estos derechos.
Cuando las cosas no vienen planchadas
Sin duda Javier Jiménez Espriú fue de los diputados que pagaron la factura de presentar reservas que no gozaban del visto bueno de la “bancada de la tintorería”.
Pero el caso de Jiménez Espriú fue ambiguo, pues así como le rebotaron varias propuestas, le aprobaron un cambio al apartado C, relacionado con los derechos de ciencia y tecnología, en el que quedó establecido, nada más y nada menos, que el gobierno de la Ciudad tendrá la obligación de considerar una partida específica para el desarrollo de la ciencia y tecnología, la cual no podrá ser inferior al 2% del presupuesto de la ciudad, lo que equivaldrá a aproximadamente 20 mil millones de pesos al año.
Sin embargo, al diputado de Morena le rechazaron una propuesta en la que se planteaba que las personas adultas tendrían derecho a servicios de alfabetización y educación en todos los niveles. El dictamen, que no se modificó en esa parte, detalla que los adultos sólo tendrán derecho a educación de primaria y secundaria.
El tema dio pie a un álgido debate, atizado por la priista Cynthia López Castro, quien le reprochaba a Javier Jiménez que incluyera esta propuesta cuando previamente ya se había presentado una gran reserva que aglutinaba planteamientos de todos los partidos. Reclamaba que no se respetaran los acuerdos previos.
Raúl Bautista, de Morena, acusaba que con esa megareserva se abrogaba el derecho de los diputados a presentar las propias, pues con los acuerdos cupulares, lo que ocurre es que se desecha lo demás; pero López Castro le reviraba al decir que la megareserva llevaba las firmas de diputados del Movimiento de Regeneración Nacional, y decía que insistir en mantener la reserva de Jiménez Espriú era una necedad.
López Castro anduvo hoy en un tono bastante combativo y punzante. “No me gustaría pasar la vergüenza de que esta Constitución termine en la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, soltó la priista, cuando en el Pleno se discutía una propuesta de Bernardo Bátiz, coordinador de Morena, en la que se proponían facultades al gobierno local para evaluar al magisterio, una atribución que hoy es exclusiva de las autoridades federales.
Vino el turno de Porfirio Muñoz Ledo, quien lamentó que el debate generara excesos y en referencia a los términos utilizados por Cynthia López dijo no poder aceptar la palabra “necedades” para calificar las propuestas de los constituyentes. “Sí podría emplear la palabra “mezquindades” para calificar la posición de altos funcionarios del gobierno federal con los que he discutido estos problemas”, dijo.
Lamentó que no se le quieran otorgar facultades a las autoridades locales para brindar educación en todos los niveles educativos, y luego se lanzó contra los acuerdos de esa cúpula que lleva al Pleno temas “planchados”.
“Yo quisiera decir que hay ciertas expresiones que me sorprenden. Uno, la exclusión ya no digo de propuesta, casi de tesis a los diputados que no están en las confederaciones, que ahora se les llamó reservas, campos de reservas. Sí, como las pompas y las estepas africanas pobladas de especies varias, pero que van a nadar al mismo río. Un parlamento no es un reservorio de especies varias, es una conjunción de libertades y de pensamientos individuales”, espetó Porfirio.
Los impuntuales
Este viernes, la Asamblea Constituyente cumplió tres días se sesiones consecutivas, durante las cuales han logrado aprobar por completo los artículos del 10 al 13, así como el 14 sólo en lo general.
Además de la lentitud en el debate, las sesiones han tenido como común denominador la impuntualidad en el arranque de los trabajos.
Alejandro Encinas, presidente de la Mesa Directiva, cita siempre a las 10:00 horas, pero como los diputados tardan en llegar a la antigua sede del Senado, los trabajos inician con más de una hora de retraso.
Este viernes de plano empezaron hasta las 12 del día, con 51 legisladores (el quórum mínimo para sesionar), porque a la hora que se citó sólo había 10 diputados en el salón de sesiones.
Encinas ya se han cansado de exhortar a sus pares de llegar puntuales y tener más tiempo para desahogar los asuntos pendientes, pero no le hacen caso. La tardanza en los trabajos provocó que legisladores como Jaime Cárdenas, Héctor Bonilla y Elvira Daniel Kabbaz, todos ellos de Morena, pidieran que se tomen distintas medidas para presionar al resto de los constituyentes a que lleguen temprano.
Elvira Daniel de plano propuso que en medios de comunicación se ventilen los nombres de los impuntuales, para ver si así les da pena y llegan temprano.
