Ciudad de México.- Los jitomates que un grupo encabezado por el ex panista Arne aus den Ruthen lanzó al coordinador de los diputados constituyentes del PRI, César Camacho, lograron unificar a una crispada y dividida Asamblea Constituyente, a la que se le acumulan los temas polémicos y se le evaporan los días para sacar la Constitución de la Ciudad.
En la sesión de esta noche, legisladores de todas las bancadas, incluso los que más distancia y disensos han guardado respecto al coordinador de los diputados priistas, tomaron la palabra al arranque de los trabajos del Pleno, para condenar la agresión que cometió un movimiento llamado JitomatazoMX.
Durante 20 minutos, los constituyentes se dedicaron a reiterar su respaldo a Camacho, todos en tono solemne. Mariana Gómez del Campo, del PAN, aderezaba sus palabras con la petición a Alejandro Encinas, presidente de la Mesa Directiva, para que tome medidas a fin de salvaguardar la integridad de los diputados.
No era para menos la petición, pues Arne advirtió en su cuenta de Twitter que los legisladores del PAN Roberto Gil y Ernesto Cordero siguen en la lista de víctimas de los jitomatazos. Los panistas están en la lista negra por condenar en redes sociales la agresión contra César Camacho y por precisar que Arne aus den Ruthen ya no es militante de Acción Nacional.
Así y como casi no se ha visto, la Asamblea Constituyente se alineó en una causa común, aunque poco duraría el gusto, ya que por delante estaba una ríspida discusión sobre el derecho al voto a partir de los 16 años.
En el voto a los 16, la causa común fue el disenso
Los legisladores ya traían claras sus posiciones cuando inició la discusión del dictamen relativo al artículo 29 de la Constitución, en el cual se incluía el derecho al sufragio a partir de los 16 años.
Dentro de ese artículo también se incorporaba el derecho de los presos no sentenciados a votar, así como el de los extranjeros naturalizados a ejercer un cargo de elección popular. Nada de eso prosperó.
Las posiciones eran inamovibles y así lo manifestaron durante la votación en lo general de ese artículo pues, con 47 votos en pro y 41 en contra, no se alcanzó el apoyo de las dos terceras partes de los diputados presentes para su aprobación.
Así, con todo y que estos temas se discutieron de nuevo en la Comisión de Ciudadanía durante el pasado lunes, y se llevó a la Mesa de Consulta para que los coordinadores parlamentarios trataran de construir un acuerdo, quedó claro que el voto a partir de los 16 años es uno de los irreductibles de la derecha y de la izquierda. Para los primeros la consigna es evitar que este derecho prospere, para los segundos es lo contrario.
El bloque del PRI y PAN, con sus aliados del PVEM, PES, Nueva Alianza y designados del Ejecutivo federal votaron en contra. Morena, PRD, Movimiento Ciudadano y los designados del Jefe de Gobierno lo hicieron a favor, pero no les alcanzó para lograr la mayoría calificada, por lo que todo el artículo 29 se regresa a la Comisión de Ciudadanía, para que ahí se tenga una nueva redacción del mismo en un lapso no mayor de 72 horas.
Como invariablemente ha ocurrido con todo aquello que se regresa a comisiones, el plazo de las 72 horas nunca se cumple, pues al tratarse de un tema polémico se lleva a la Mesa de Consulta a abultar el “itacate” que ya está cargado de asuntos ríspidos e irreductibles.
Lo que está en ese “itacate” seguramente saldrá cuando la camisa de fuerza impuesta por el plazo del 31 de enero esté por cumplirse y entonces las bancadas cuenten las canicas para, en función de su fuerza y peso político, palomeen lo que sí pasa y lo que no.
El debate
En la sesión del miércoles, que se extendió hasta la madrugada del jueves, el debate sobre el artículo 29 fue largo.
Hubo dos rondas de oradores que iniciaron con la intervención de la legisladora designada por el Ejecutivo federal, Beatriz Pagés, quien de entrada subrayó la falta de atribuciones que tiene la Asamblea Constituyente para legislar sobre el derecho al voto a partir de los 16 años. Dijo que es al Congreso de la Unión al que le toca abordar este tema.
Agregó que, respecto al derecho al sufragio de las personas que se encuentran en prisión, también se abre la puerta a la inconstitucionalidad. Recordó que el 38 de la Carta Magna federal es muy clara en su inciso segundo, al precisar que los derechos de los ciudadanos se suspenden por estar sujetos a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal.
Porfirio Muñoz Ledo, designado por el Jefe de Gobierno, le siguió en el uso de la palabra. “Si no se entiende lo que es la ciudad universal no se entiende esta Constitución: votos más, votos menos. Fue la única recomendación del alto Comisario de las Naciones Unidas al grupo redactor. Si ustedes están reconociendo ya todos los derechos humanos desde el nacimiento, a partir de las niñas, los niños y los adolescentes, están reconociendo derechos humanos universales independientemente de la condición etaria, esto es de la edad”, dijo el legislador.
Luego, agregó: “En cuanto al voto a los 16 años, que lo ejemplifica un amigo querido y antiguo, me decía ayer: el momento más emotivo de nuestra juventud es cuando después de escuchar los nombres de los Niños Héroes, oíamos: ¡Murió por la patria!, lástima que nunca dijimos: ¡Votó por la patria!”.
Enrique Burgos, quien en el Senado de la República preside la Comisión de Puntos Constitucionales, argumentó que dentro de la bancada del PRI no desvirtúan la participación de los jóvenes en asuntos políticos, quien cuestionó qué tratamiento diferenciado se le debe dar a los menores de 18 años cuando sus conductas entren en conflicto con la ley penal, y planteó el reto que representará para la autoridad electoral generar un padrón de votantes para la Ciudad distinto que el federal.
Le siguió un emotivo discurso de una de las legisladoras más jóvenes de la Asamblea Constituyente, la diputada de Morena, Patricia Ortiz Couturier, quien inició lamentando la balacera en colegio de la ciudad de Monterrey.
“Desde hace cuatro meses en este recinto he escuchado una serie de discursos magníficos, todos hablan de derechos, de valores, de principios y de lo que la Constitución dice o debería decir; ese es un discurso que allá afuera no existe y en el que ya nadie cree. Por más que digan que en la actualidad los derechos de los jóvenes están garantizados, hay una realidad: está generación fue condenada, declarada desahuciada por una violencia ejercida desde diversos lugares y actores, en donde también han jugado los gobiernos; es esa violencia que nos desaparece y nos niega el derecho a la justicia, esa violencia clausura derechos sociales y políticos, y mínimas condiciones para la consecución de una vida digna”, dijo Ortiz.
Recordó que en países como Reino Unido, Austria, Indonesia, Argentina, Cuba, Brasil y Ecuador, así como en algunos municipios alemanes han bajado la edad para votar a los 16 años, sin embargo, lamentó que en México los jóvenes siguen siendo prescindibles en las grandes decisiones que les afectan.
“Es lamentable que quien surgiera del ala joven de un partido pida ahora que los jóvenes no tengan los mismos derechos a participar y construir un país mejor, y más lamentable es que desde esa representación de muchos años tampoco abonara a la construcción de oportunidades de aquel sector que en algún momento integró”, acusó en referencia a la diputada del PRI, Cynthia López Castro.
La del PRI, no dejaría pasar la alusión. Subió a tribuna para acusar una falsa defensa de las causas juveniles. Recordó que por años ha buscado que se garantice una cuota de jóvenes en cargos de elección popular y que, quienes hoy enarbolan el derecho del voto a los 16 años, han sido los primeros en votar en contra de garantizar la presencia juvenil en posiciones políticas.
Tobyanne Ledesma, del PRD, argumentó que reducir la edad para votar a los 16 años tiene como objetivo central la ampliación de derechos, sin importar filiaciones partidistas, lo que no se contrapone con la Constitución federal. De ese mismo partido, Jesús Ortega, lamentó que en el caso del derecho al sufragio para personas en prisión, se quiera cancelar a priori esa posibilidad, cuando en muchos casos están recluidos sin que se haya comprobado su culpa.
En su clásico tono incisivo, el panista Roberto Gil dijo que el escenario de marginación y violencia que enfrentan muchos jóvenes en esta ciudad no va a cambiar por el hecho de garantizarles su derecho al voto y criticó la curiosa defensa que se hace del tema, al otorgar a las personas de 16 años la posibilidad de votar, pero no de ser votados.
Agregó que ser ciudadano implica esa doble condición, y eso está definido en la Constitución federal. Dijo entonces que el artículo 73 de la Carta Magna del país establece con claridad que es facultad exclusiva del Congreso de la Unión dictar leyes sobre temas como ciudadanía, con lo que abonó a lo dicho en el inicio del debate por la periodista Beatriz Pagés, en el sentido de que la Asamblea Constituyente no tiene atribuciones legales para legislar en la materia.
“Bien van a hacer ustedes al consagrarles un derecho a los jóvenes de 16 años, quienes van a ir al módulo del INE y no les van a dar la credencial de elector para ejercer el derecho, porque el INE está vinculado a la Constitución federal y a la Ley General de Población. Es una burla a los jóvenes lo que aquí se está planteando, no es materia facultad de esta Asamblea Constituyente modificar la condición de ciudadanía” remató Gil.
Como parte del artículo 29, los disensos también giraron en torno a un concepto definido como “ciudadanía universal”, entendida esta como como un vínculo existente entre las personas y la comunidad a la que pertenecen para el goce de los derechos reconocidos en esta Constitución.
Al respecto, Roberto Gil argumentó: “A mí me cuesta mucho trabajo, señores legisladores, reconocerle a Donald Trump el derecho a votar en la Ciudad de México por el solo hecho de visitar y participar o estar presente en la Ciudad de México. La condición de ciudadanía es una decisión de querer pertenecer, un sentido de pertenencia, asumir la condición patriótica de defender a una nación y formar parte de esta comunidad política.
No cualquier persona por el solo hecho de pisar el territorio nacional debe tener la facultad, el poder de intervenir en los asuntos públicos. Y es aquí donde viene la confusión. Se dice que la condición de ciudadanía universal es el presupuesto para ejercer los derechos que esta Constitución consagra o los que consagra la Constitución General de la República. Nada más falso que ese argumento”.
