Ciudad de México.- El ex gobernador mexicano Javier Duarte, detenido en Guatemala a raíz de un escándalo de corrupción, dijo que no acepta ser extraditado a su país y pidió que su defensa estudie la solicitud una vez que México la envíe formalmente.
En caso de que Duarte no acepte ser extraditado una vez que su defensa estudie el caso, su traslado a México podría demorarse al menos un año. En caso de aceptar la extradición, el ex gobernador sería enviado a México en menos de un mes.
Duarte está acusado de desvíos millonarios de fondos públicos, tanto federales como del estado.
"En este momento no puedo allanarme sino hasta que llegue la solicitud formal de extradición y sea evaluada por mi defensoría", dijo Duarte, sentado frente al juez y custodiado por varios policías, durante una audiencia en la Corte Suprema en Ciudad de Guatemala.
"Esto no quiere decir que no lo vaya a hacer, sino que me reservo ese derecho hasta que llegue la solicitud formal de extradición y una vez siendo evaluada por la defensoría que está a cargo de este caso pueda determinar el que me pueda allanar", añadió Duarte, visiblemente tranquilo, al juez.
De acuerdo a lo informado en la audiencia, el Gobierno mexicano tiene ahora hasta 60 días para solicitar formalmente la extradición del ex gobernador, quien vestía camisa a cuadros y portaba un chaleco antibalas.
Duarte seguirá recluido en el penal de Matamoros, a donde fue llevado el domingo tras ser capturado el sábado por la noche en un hotel de Panajachel, un pueblo turístico a orillas del lago Atitlán, tras más de cinco meses de búsqueda.
Asimismo, la Procuraduría General de la República (PGR) confirmó la localización y detención en la ciudad de Cabrils, Barcelona, España, de Javier Nava Soria, presunto cómplice del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa.
De acuerdo con la dependencia federal, la Oficina Central Nacional de Interpol México notificó la aprehensión de este sujeto por parte de la Dirección General de la Policía del Ministerio del Interior del Reino de España.
Según las investigaciones de la PGR, Nava Soria está involucrado en la red de lavado de dinero para construir empresas fachadas de giro inmobiliario para filtrar los recursos públicos que desvió la administración del ex priísta.
Las diligencias federales señalan que este hombre formaba parte del organigrama que encabeza Moisés Mansur Cysneiros, presunto empresario veracruzano, que encabezó toda la red de operaciones con recursos de procedencia ilícita del ex mandatario.
De acuerdo al Tratado de Extradición y Asistencia Mutua en Materia Penal entre México y España, el gobierno mexicano cuenta con 45 días para formalizar la solicitud de extradición.
“Una vez presentada la petición formal de extradición, las autoridades españolas recibirán la documentación y la presentará ante el juez competente, quien citará a audiencia para resolver en términos de la legislación de aquél país.
“En el momento en el que el juez considere procedente la extradición del reclamado, turnará el expediente al Ministerio de Relaciones Exteriores, en donde se realizará el trámite correspondiente para su entrega a las autoridades mexicanas. El gobierno de México agradece el apoyo de las autoridades españolas”, detalló la PGR.
