Ciudad de México.- La Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa solicitó a diversas instancias del Gobierno de la Ciudad de México indagar posibles irregularidades en la construcción del edificio ubicado en la calle General Tiburcio Montiel número 18 de la colonia San Miguel Chapultepec en la delegación Miguel Hidalgo; la cual, de acuerdo con diversas investigaciones periodísticas, está vinculada a un funcionario de dicha demarcación.
En un punto de acuerdo, presentado por la diputada Beatriz Olivares, a nombre del grupo parlamentario del PRD y aprobado por unanimidad, se exhortó al Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) iniciar una investigación sobre las irregularidades de la construcción de la obra y el estatus jurídico del predio; mientras que a la delegación se le pidió la comprobación de los permisos y otros documentos que avalen el funcionamiento del establecimiento denominado Atlantis Pharma S.A. de C.V., ubicado en el referido domicilio.
Asimismo, se exhortó a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) y a la Procuraduría General de Justicia (PGJDF) local, vía la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales, a que intervengan, investiguen y, en su caso, sancionen las violaciones, el incumplimiento o falta de aplicación de las disposiciones jurídicas en la materia en la construcción del citado inmueble.
También se solicitó a la Contraloría General del Gobierno capitalino realizar un procedimiento de revisión ante un posible conflicto de interés derivado del vínculo entre la obra mencionada, el patrimonio y funciones del Director General de Administración Delegacional en Miguel Hidalgo, Arne Sidney aus den Ruthen Haag, así como de su superior jerárquica, la titular de la jefatura delegacional, Xóchitl Gálvez Ruiz, ante probables omisiones en el caso.
En tribuna, la diputada perredista Beatriz Olivares recordó que ha trascendido en diversos medios el hecho de que el funcionario delegacional invirtió dinero en la construcción del inmueble en cuestión, el cual se encuentra a unas calles de su propia oficina; además, de acuerdo con el uso de suelo que marca la norma, en ese predio sólo está permitida la construcción de tres niveles, cuando la edificación es de ocho, por lo que más de la mitad se encuentra fuera de la ley.
Por su parte, al razonar el sentido de su voto a favor, el diputado perredista Víctor Hugo Romo Guerra destacó la importancia de que sean las autoridades competentes las encargadas de clarificar lo denunciado por vecinos de esa demarcación. Reprobó que tanto la jefa delegacional como el funcionario acudan a defender un predio privado que representa un nido de irregularidades y un posible conflicto de interés.
