Ciudad de México.- En tono de queja y a quien quiera escucharla, la diputada constituyente de Morena, Patricia Ruiz Anchondo, dice que la forma de trabajo de las ocho comisiones dictaminadoras es un desorden, y su comentario lo resume con una frase coloquial. “Esto es el ratón loco de las comisiones”, acusa la legisladora.
Ruiz lo dice no sólo por ir en la corriente crítica del partido político al que pertenece, sino porque las comisiones sesionan como pueden, cuando pueden y con quien pueden, sin cuidar que sus horarios no se empalmen o interfieran con el trabajo de otra comisión, más ahora que el tiempo se les viene encima y que tienen un plazo de tan solo 14 días para aprobar sus respectivos dictámenes.
La Comisión de Principios Generales encabezada por el priista Enrique Jackson, que por momentos tuvo a sólo seis legisladores durante la discusión de artículos, convocó a reunión al mismo tiempo que la Comisión de Desarrollo Sostenible del perredista Enrique Provencio.
El problema es que la de Principios inició media hora tarde porque no se llegaban diputados, mientras que las 11:00 estaba convocada la de Pueblos Originarios que preside el de Morena, Mardonio Carballo, y las 12:00 citó la de Poder Judicial que encabeza el designado por el Ejecutivo federal, Manuel Díaz Infante.
También a las 11:00 se realizaba la reunión de una de las cinco subcomisiones en la que se subdividió la Comisión Carta de Derechos, de la perredista Marcela Lagarde, y en ese momento la Comisión de Buen Gobierno, del también diputado del PRD Armando Ríos Piter, celebraba audiencias públicas.
A las 10:00 horas, en la carpa instalada en la Plaza Tolsá, el presidente de la Mesa Directiva de esta Asamblea, Alejandro Encinas, se reunía con los legisladores Juan Ayala, Alejandro Bustos e Ismael Figueroa, así como con decenas de policías, en el marco de un foro en el que se subrayaba el contenido de una iniciativa por la que se busca mejorar las condiciones laborales y los derechos de más de 100 mil uniformados que laboran en la capital del país.
Existe una Conferencia de Armonización que preside el diputado Porfirio Muñoz Ledo, así como una Mesa de Consulta en la que participan los coordinadores de todas las bancadas. Ninguno de esos grupos legislativos ha logrado ordenar el trabajo de las comisiones para evitar el desorden en la logística y el empalme de horarios de convocatorias y reuniones.
Los pasillos del Palacio de Minería, en donde sesionan las comisiones dictaminadoras son un ir y venir de gente, tanto que el personal de seguridad del recinto a cargo de la UNAM tomó medidas más drásticas, pues ayer se le extravió un saco con costo de 20 mil pesos a la diputada de Morena e hija de poderosos empresarios del sector inmobiliario, Elvira Daniel Kabbaz.
La pérdida de la prenda movilizó al personal de seguridad. Finalmente, el saco fue encontrado, pero no donde la diputada lo había dejado. Así, desde hoy el acceso al Palacio de Minería se realiza sólo con una acreditación previa o rigurosa invitación de parte de una comisión. El concepto de parlamento abierto quedó ya sólo en papel.
¿Cómo van?
La Comisión de Principios Generales entró al debate del artículo 2 del proyecto de Constitución relacionado con la soberanía popular. Ahí, Jaime Cárdenas, de Morena, defendió una iniciativa en la cual plantea que los principios definidos en la carta fundacional de la capital del país deben ser pétreos.
El concepto se refiere a que los valores, garantías, pero sobre todo los derechos instaurados en la Constitución local no podrán ser modificados en el futuro.
El debate surgió porque Morena insistió en que esos principios pétreos deben quedar establecidos en el artículo 2, sin embargo, Dolores Padierna, del PRD, aseguraba que ese tema ya está definido en el artículo 4 de la iniciativa constitucional, en donde se habla de principios gubernamentales.
“Sería oportunidad de que todos los que estamos redactando esta Constitución tuviéramos el orgullo de que en el artículo 2, en la entrada, en la puerta de nuestra Constitución definiéramos, primero que la soberanía radica en el pueblo y que quede este punto, en la parte de los derechos políticos fundamentales, que nunca deben ser removidos, principalmente los derechos humanos. Si hacemos eso, no contradecimos la Constitución federal”, decía Bátiz, frente a legisladores de otros partidos entre los que sus palabras no tuvieron eco.
Porfirio Muñoz Ledo expuso que en el proyecto de Constitución no hay ningún intento de regresión en materia de derechos; por el contrario, agregó, estos se fortalecen. Dijo, por ejemplo, que la iniciativa queda prohibido el Estado de sitio o la suspensión de garantías, además de que en los mecanismos de orden público en caso de protestas sociales, hay referencias directas a estándares internacionales.
“Tenemos también en esta iniciativa el Estatuto de Capitalidad. El 86 por ciento de las protestas sociales en esta ciudad son por asuntos de orden federal, de manera que en Estatuto de Capitalidad está prevista una forma de protocolo para que la Ciudad establezca mecanismos de comunicación con el poder federal para resolver problemas. La protesta social está garantizada”, dijo Muñoz Ledo, luego de un comentario de Jaime Cárdenas, quien alertaba sobre el surgimiento de opiniones que plantean la criminalización de marchas, movilizaciones y protestas sociales.
La Comisión de Principios Generales logró avanzar ya en tres de los artículos que le tocan dictaminar. Igual lo hizo la Comisión de Poder Judicial que abordó hoy el contenido del artículo 48, en el que quedó definido cuáles serán los órganos autónomos que existirán en la capital del país.
Esos organismos serán el Consejo de Evaluación de la Ciudad de México, la Fiscalía General de Justicia, el Instituto de Transparencia, el Instituto de Participación Ciudadana y Elecciones, el Tribunal Electoral y el Tribunal de Justicia Administrativa. En el caso del Tribunal Electoral se generó el debate, pues hubo posiciones como del legislador Manuel Díaz Infante, quien consideraba que esa institución no debería tener carácter autónomo, sino que por ser un ente jurisdiccional debía pertenecer a otro organismo del poder judicial, argumento que no prosperó.
Se acordó también que la Defensoría del Pueblo será un órgano autónomo, aunque su nombre quedó pendiente de confirmarse. Esa Defensoría vendría a sustituir a la actual Comisión de Derechos Humanos local, pero a decir del perredista Julio César Moreno, modificar el nombre de la Comisión sólo puede generar dudas y confusiones entra la población, que ya tiene plenamente identificada a la autoridad en materia de derechos humanos de esta Ciudad.
La Comisión de Poder Judicial también dejó para una discusión posterior la incorporación de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y del Tribunal de Conciliación como organismos autónomos, pues según explicó Manuel Díaz Infante, en la definición de las tareas y alcances que tendrán esos entes públicos deberá esperarse que entre en vigor una reforma a la Constitución federal en materia laboral.
Lo que ya dejó definida la Comisión de Poder Judicial es que los organismos autónomos tendrán facultad para presentar iniciativas de reforma legal en temas que sean de su competencia, además de que en su integración se deberá respetar la paridad de género y que las remuneraciones de los titulares de esos órganos no será superior al salario del Jefe de Gobierno.
Pueblos y Barrios Originarios
En la Comisión de Pueblos y Barrios Originarios lograron finalmente entrar a la discusión de los tres artículos que les toca dictaminar, luego de que durante semanas se atoraron en un debate sobre el método de la consulta pública que están obligados a realizar a 143 pueblos y barrios originarios, así como a un número similar de comunidades indígenas.
Del artículo 63 definieron que los sujetos de derecho de la futura Constitución local son los pueblos y barrios originarios de la capital del país, así como las comunidades indígenas residentes de la capital del país.
Ya con ese primer acuerdo, determinaron también que la Comisión de Pueblos será la que convocará y coordinará los trabajos de la consulta a los pueblos y comunidades.
En lo que los legisladores de esa comisión no lograron un acuerdo es qué documento entregarán a las comunidades para que están lo revisen, es decir, el dictamen o un predictamen elaborado por ese grupo legislativo. Mardonio Carballo dijo que buscará la asesoría de la Conferencia de Armonización para saber qué documento es válido someter a la consulta.
Tampoco hubo consenso sobre si el Instituto Electoral local y la Comisión de Pueblos y Barrios del Gobierno de la Ciudad deben colaborar con la Asamblea Constituyente. Los diputados de Morena rechazaron ese apoyo. Dijeron que por un tema de autonomía no debe recibirse ayuda de ninguna de esas instituciones.
Patricia Ruiz Anchondo, de Morena, argumentaba que los mismos pueblos pueden realizar su consulta, pues ya están organizados y tienen procesos de diálogo internos. “Tenemos que cambiar la concepción de que haya instituciones que lleven de la mano a las comunidades indígenas, cuando son las instituciones las que los han segregado toda la vida”, dijo Ruiz.
Acusó que en ninguna otra comisión existe presencia de autoridades del gobierno de la ciudad como en la de Pueblos y Barrios. Dijo que los diputados deberían discutir recibir presiones externas, en referencia de que a lo largo de las sesiones han estado presentes autoridades de la Comisión de Pueblos y Barrios del gobierno capitalino.
De parte del PRD sus legisladores señalaban que es necesaria la ayuda externa, pues por si solos no lograrían sacar adelante esta consulta a la que están obligados, toda vez que el Estado mexicano suscribió convenios con la ONU y la OIT en los cuales se establece que toda reforma legal que impacte en la vida y costumbres de comunidades indígenas y pueblos originarios debe ser consultada con estos.
Nelly Juárez, del PRD, señalaba que son entre 250 y 300 los pueblos y comunidades que se deben consultar en toda la ciudad, e involucran a una población cercana al millón y medio de personas. Consideró que para llegar a todas esas comunidades, convocarlas, informarlas, darles tiempo de que discutan el dictamen en sus asambleas, además de recoger los resultados tomará entre tres semanas y un mes.
Con esos números, la perredista decía que es evidente que la Asamblea Constituyente necesita apoyo del Instituto Electoral y del gobierno de la ciudad para realizar esa consulta, pues cuentan con los recursos, la logística, la capacidad operativa, el personal y hasta el padrón de comunidades y pueblos a los que se tiene que preguntar.
Los integrantes de esa comisión acordaron que hoy, en una sesión ordinaria, se presentarán propuestas específicas sobre qué instituciones pueden coadyuvar con la Asamblea Constituyente para realizar la consulta a los pueblos, barrios y comunidades indígenas de la capital del país.
Reunión con policías
En un foro sobre Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, organizado en la Asamblea Constituyente, legisladores coincidieron que en la futura Constitución local deben quedar establecidos una amplia gama de derechos para los policías de esta ciudad, que van desde dotarlos de un sistema de prestaciones laborales y sociales suficiente hasta garantizarles la organización sindical.
El Foro estuvo convocado por el diputado independiente Ismael Figueroa, quien en días pasados presentó una iniciativa de reforma al proyecto de Constitución, en el cual se plantea que a los integrantes de las instituciones de seguridad ciudadana se les reconozca el derecho a la protección de su vida e integridad física, así como el respeto a su dignidad como seres humanos y autoridad, quedando prohibidos los arrestos como medida de sanción disciplinaria y todo trato de carácter inhumano.
Ante decenas de policías que se dieron cita en una carpa montada en la Plaza Tolsá del Centro Histórico, donde se realizan audiencias ciudadanas de la Asamblea Constituyente, Figueroa lamentó que la protección a la integridad física que se les brinda a los policías de esta ciudad, así como sus instalaciones, el equipo con que cuentan para prestar el servicio y el régimen de seguridad social que se les proporcionan, resultan precarios y notoriamente insuficientes a estándares mínimos, que generen satisfacción laboral y de servicio.
Durante el Foro, Juan Ayala, dirigente del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad y diputado constituyente del PRD, dijo que en esta ciudad hay alrededor de 100 mil policías, sin embargo, un 96% de ellos no están clasificados como trabajadores de base de esta ciudad, lo que genera una incertidumbre en materia de seguridad social y prestaciones laborales.
“Los policías de esta ciudad se rigen por el Código Civil; no tienen un vínculo laboral, es un vínculo administrativo”, dijo el líder sindical, quien estimó que si los policías logran mejorar sus condiciones de trabajo y de prestaciones, podría bajar hasta en un 50 por ciento la corrupción asociada con la actuación de los cuerpos de seguridad pública.
Contrario a lo que plantea Ismael Figueroa, quien es dirigente del Sindicato de Bomberos, Juan Ayala se manifestó en contra de que en la Constitución local quede instaurada una Secretaría de Bomberos como lo plantea el líder gremial de los vulcano. “No creo que la Constitución dé para eso, es más fácil que sea un organismo público descentralizado que permitan autonomía propia y manejo directo; si metes una Secretaría lo vas a burocratizar, pero es un área operativa”, expuso Ayala.
Durante el Foro, Alejandro Encinas, presidente de la Mesa Directiva de la Asamblea Constituyente, coincidió en la importancia de fortalecer y asegurar los derechos de los policías, pero también dijo que las fuerzas policiacas de esta ciudad deben estar enfocadas en brindar seguridad a la ciudadanía a través de una labor de reivindicación.
“Esto tiene que partir de una labor distinta de la labor policial. Los policías deben encargarse de labores preventivas y de la seguridad, no encargarse de la labor de reprimir a las personas, y así como hay que proteger y defender los derechos humanos de todas las personas, tenemos que garantizar los derechos humanos de los policías”, expuso Encinas.
