Ciudad de México.- Fueron más de cuatro horas de una amplísima discusión jurídica, ideológica, política, sociológica y hasta de procedimiento, que al final quedará en la anécdota de dilucidar cómo la clase política ve a la Ciudad de México y a sí misma, en este proceso de construcción de la Constitución para la capital del país.
Ese debate giró en torno a tan sólo una reserva. Es la propuesta que, hasta ahora, ha consumido el mayor tiempo de discusión en el Pleno de la Asamblea Constituyente.
Fernando Lerdo de Tejada, diputado designado por el presidente de la República, subió a la tribuna a las 11:28 de la mañana para presentar una propuesta que eliminaba el numeral 3 apartado A del artículo 14 de la Constitución, en el cual el proyecto del jefe de Gobierno y el dictamen establece que toda persona desde su nacimiento tiene derecho a un ingreso básico universal y la ciudad garantizará su cumplimiento de manera progresiva.
De aprobarse, el ingreso básico universal es un derecho al que tendrán acceso todos los capitalinos, por el sólo hecho de serlo. Se traducirá en una aportación económica cuyo monto no se ha definido, pero que se entregará de manera mensual a los ciudadanos de la capital del país sin importar su edad o condición socioeconómica. Abarcará por igual a niños, adultos y ancianos, a ricos y pobres.
La reserva de Lerdo de Tejada que buscaba eliminar ese numeral se desechó. A las 15:35 pm terminó el debate de la propuesta, con una votación de 41 legisladores a favor, 45 en contra y una abstención.
El as bajo la manga
Aunque derrotado en esa votación, Lerdo de Tejada y el PRI tenían un as bajo la manga, pues ya en la noche y cuando se desahogaron las reservas de todos los partidos en el total de párrafos, apartados y numerales del artículo 14, los priistas pidieron que se votara por separado, en lo particular, el apartado A, en el que viene incorporado el derecho al ingreso básico universal.
Los del PRI sabían que al votarse por separado, el apartado A no alcanzaría las dos terceras partes de los sufragios de los diputados presentes (mayoría calificada) para su incorporación al decreto de Constitución.
Los legisladores de izquierda también sabían qué pasaría y por ello comenzaron a lanzar acusaciones hacia el PRI y sus aliados del PVEM, PAN, Nueva Alianza y Encuentro Social. Al no alcanzarse el voto por mayoría calificada del numeral A y el ingreso básico universal, el tema regresaría a comisiones, para que ahí se buscara una nueva redacción de consenso.
Dolores Padierna, coordinadora del PRD, acusó que el intento de regresar a comisiones el derecho al ingreso básico universal es una estrategia que busca dar derechazos en una ciudad de izquierda.
La secundó Porfirio Muñoz Ledo, diputado designado por el jefe de Gobierno, quien dijo que si temas como el discutido se regresan a comisiones, colocan a la Asamblea Constituyente ante una camisa de fuerza, pues cada vez queda menos tiempo para sacar la Constitución de la Ciudad. El 31 de enero vence el plazo para aprobar la carta fundacional de la capital del país.
“El mensaje que nos mandan es ´se rinden o no hay Constitución´”, acusó Muñoz Ledo, quien dijo que ya resulta urgente tomar una posición o la Asamblea Constituyente está destinada al fracaso.
Roberto López, del PRD, calificó la estrategia del PRI y sus aliados como un chantaje, “porque nos quieren obligar a que esta Constitución tenga un proceso regresivo. Eso es chantaje”, señaló.
Reveló que el acuerdo entre las distintas bancadas era que las redacciones de dictámenes que se aprobaron en comisiones se mantuvieran en el Pleno, pero ahora los quieren echar atrás.
Para Bernardo Bátiz, coordinador de Morena, el regreso del tema a comisiones es una fórmula “huizachera” de revertir lo alcanzado.
En medio de ese ambiente de tensión que se vivió en la noche, Augusto Gómez Villanueva, diputado del PRI, criticó la conducción que ha hecho el presidente de la Mesa Directiva, Alejandro Encinas, y hasta dejó entrever la posibilidad de que se le hiciera un desconocimiento a su trabajo.
“No asumo lo dicho por Augusto Gómez Villanueva. Me he guiado con responsabilidad y presidente hay", le respondió Encinas.
A pesar de los señalamientos y acusaciones, el PRI logró su propósito. El apartado A se votó por separado; obtuvo 47 votos a favor y 36 en contra, por lo que no alcanzó la mayoría calificada y se regresó a la Comisión Carta de Derechos, que tendrá un plazo máximo de 72 horas para presentarle al Pleno una nueva propuesta.
La sesión concluyó alrededor de las 22:00 horas y al término de la misma, César Camacho, coordinador del PRI, ofreció una rueda de prensa en la que dijo que según sus cálculos el ingreso básico universal requeriría de 144.7 mil millones de pesos, lo que representa un 70 por ciento del presupuesto total anual de la ciudad.
Lamentó la reacción virulenta y descalificatoria de los legisladores del PRD, porque va en sentido contrario a hacer política. Advirtió que si se mantiene esa posición de los perredistas, serán ellos quienes cancelen la posibilidad de construir acuerdos.
Mirada a través del espejo del ingreso básico
Las más de cuatro horas de discusión habrían parecido infructuosas porque al final no se aprobó la renta básica universal, pero no si se le entiende desde un enfoque en el que, lo ocurrido este sábado en la antigua sede del Senado, hizo las veces de un espejo en el que se reflejaron los diputados, así como sus visiones de ciudad y de país.
Cuando estuvo en la tribuna para presentar su reserva, Fernando Lerdo de Tejada dijo que no es momento de hacer planteamientos que no tengan bases reales, sensatas, exigibles y justiciables. Calificó la propuesta para crear el ingreso básico, que viene desde la iniciativa original del jefe de Gobierno, como un sueño guajiro, incumplible y por ello mentiroso.
Acusó que no existe una estimación oficial del costo que tendría en las finanzas de la Ciudad la entrega de un recurso mensual. Recordó lo dicho un día antes por la diputada de Morena, Gabriela Rodríguez, quien durante la discusión en lo general del artículo 14 soltó una cifra, estimada en 1, 500 pesos por mes para entregar a cada capitalino.
Lerdo de Tejada expuso que con esos números, el gobierno local gastaría al año 200 mil millones de pesos, es decir, el total del presupuesto anual de la Ciudad de México se consumiría en regalar a la población dinero público, sin que hubiera recursos para garantizar servicios, seguridad y desarrollo de infraestructura.
Preguntó que, si ese ingreso básico se pretende entregar de forma progresiva, con cuál grupo de población se empezaría, pues hay 13 grupos de atención especial que requerirían ese recurso de forma prioritaria, como los adultos mayores, las madres solteras, la comunidad lésbico gay o la población afrodescendiente.
Dijo que su bancada, afín al PRI, no permitirá que ese ingreso básico se financie con impuestos escondidos que quieran aprobarse en esta Constitución. Recordó que uno de esos impuestos escondidos ya se eliminó y era el intento de cobrar una contribución a la plusvalía de predios privados.
Recordó que en países como Finlandia existe un programa similar, pero es un programa piloto que abarca apenas a 20 mil personas, a las que se les dará un ingreso básico por 2 años. En la ciudad de Oakland, en Estados Unidos, también se ha desarrollado un proyecto piloto para mil 500 familias, mientras que en Alaska, se tuvo que dar marcha atrás a un programa similar porque el dinero ya no alcanzó, dijo el legislador del PRI.
Mientras Lerdo de Tejada desarrollaba su discurso, los ánimos de los diputados de izquierda se caldeaban. Ana Julia Hernández, legisladora del PRD, improvisó una pancarta con una hoja de papel, en la que escribió: ¡Cínico.Gasolinazo!.
Cecilia Soto, del PRD, le replicó al priista. Dijo que el mayor experimento y proyecto piloto en torno al tema que puede existir para la Ciudad ya se aplica desde hace años, con el Programa de Adultos Mayores, que hoy atiende a 510 mil beneficiarios, a los que se les otorga desde hace 16 años un apoyo mensual por mil 49 pesos, lo que representa una erogación presupuestal por 6 mil 216 millones de pesos.
Pero Lerdo de Tejada traía una posición inamovible y con él estaban todos los diputados del PRI, PAN, PVEM, Nueva Alianza y Encuentro Social.
Dijo que el gobierno no genera riqueza, sino que mal administra la riqueza que le damos los particulares a través de impuestos y contribuciones. Consideró que la aplicación de ese ingreso básico generará una migración de habitantes de otras entidades hacia la capital del país, y al decir esto recordó el fenómeno que ocurrió durante los años 60 y 70 del siglo XX, cuando el Estado benefactor propició un crecimiento desmedido de la población en la Ciudad de México. “Crecimos entonces por incentivos perversos y absurdos”, dijo el priista.
Dolores Padierna, coordinadora de los legisladores del PRD, tomó la palabra. Dijo que para entender lo que se busca alcanzar con el ingreso básico universal es necesario alejarse de visiones neoliberales.
“Si siguen con su visión neoliberal las cuentas no les darán, porque para ustedes los pobres no importan. Dice usted que ponemos impuestos a escondidas; en primer lugar en una Constitución no se ponen impuestos y menos a escondidas, pero si hablamos de impuestos a escondidas hablemos entonces del gasolinazo o el Fobaproa”, le espetó la perredista a Lerdo de Tejada.
Aseguró entonces que con la política de programas sociales aplicada por los gobiernos perredistas se ha podido reducir los rezagos sociales y la pobreza en esta Ciudad. “En la capital del país hay dos millones y medio de personas en condiciones de pobreza; ese número de personas debe ser la prioridad de prioridades, para obligar a los gobiernos futuros a que los saquen de la pobreza”, abundó.
Como pocas veces se ha visto en esta Asamblea Constituyente, alguien puso en su lugar a Porfirio Muñoz Ledo, un incisivo y arrogante legislador, quien suele poner por delante toda su trayectoria y perfil político al hablar.
Muñoz Ledo decía con vehemencia que los derechos humanos se crean y se construyen por los legisladores constituyentes, y eso ha ocurrido a nivel mundial. Los derechos, argumentaba, no se recogen como el maíz.
Pero Claudia Aguilar Barroso, diputada designada por Enrique Peña Nieto, le replicó desde la tribuna: “Los derechos humanos no se crean, se reconocen y son inherentes a la persona humana”. Los priistas aplaudieron a su compañera. Porfirio Muñoz Ledo guardó silencio.
La que alzó la voz en ese momento del debate fue la de Morena, Consuelo Sánchez, quien aseguró que los derechos son una creación de las culturas y de las luchas sociales. Las risas y hasta burlas predominaron, pero Sánchez no se amilanó.
“Ustedes son responsables de su política neoliberal, del desastre humano que han creado en el país y en la ciudad. Lo que entonces estamos haciendo es resolver ese desastre”, dijo la de Morena desde su curul.
Desde tribuna, Claudia Aguilar respondía a quienes la cuestionaban. “No es mi filosofía de vida descalificar a nadie. Para responderle sobre si los derechos humanos se reconocen o se hacen, le digo que los derechos humanos son inherentes a la persona humana. Hay derechos que requieren de protección, como cuando se aplica a minorías, pero no es mi propósito tener aquí una discusión empírica sobre la creación de los derechos humanos”, expuso la constituyente, quien una vez que bajó de la tribuna fue recibida con aplausos y abrazos de sus compañeros de bancada.
Recursos para delegaciones
De entre los priistas que subieron a tribuna para defender la propuesta de Fernando Lerdo de Tejada, uno de ellos fue el coordinador de los tricolores, César Camacho, para quien la vida digna que se pretende instaurar en el artículo 14 de la Constitución se consigue si hay agua, drenaje, servicios públicos de calidad e infraestructura.
Pero lamentó que, con datos del secretario de Finanzas de la Ciudad, Édgar Amador –con quien reveló haberse reunido para obtener esta información-, hay delegaciones que destinan muy poco presupuesto para el desarrollo de infraestructura. Mencionó los casos de Cuauhtémoc, que destina sólo 7.4 por ciento de su presupuesto para infraestructura; Azcapotzalco 5.7 por ciento, y Venustiano Carranza, 1.7 por ciento.
Acusó entonces que, en vez de destinar la mayor cantidad de recursos a infraestructura, se dedica ese dinero a sufragar programas sociales sin ton ni son. “La universalización de programas de esta naturaleza parecen un regreso a Estado benefactor; en lugar de ser progresivos parece que caminamos hacia atrás”, fustigó.
Consideró que, si la mayoría del presupuesto público se destina a programas sociales, el gobierno se convertiría en una ventanilla de pagos. “Mejor cerramos la cortina del gobierno y que el presupuesto se divida entre el número de ciudadanos ¿Entonces para qué hay gobierno?”, cuestionó.
Las palabras del coordinador de los priistas, hicieron mella entre los integrantes de la bancada del PRD. Jesús Valencia y Julio César Moreno, que en años anteriores fueron jefes delegacionales, rechazaron tajantes los números ofrecidos por César Camacho.
Dolores Padierna añadió al enojo y a las réplicas de sus compañeros del sol azteca. Recordó que el 30 de septiembre del año pasado, el titular del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social recomendó que para resolver la pobreza del país y erradicar la carencia que aqueja a 11.4 millones de mexicanos debía aplicarse una renta básica.
Con los mismos elementos que atacó César Camacho, la perredista dijo que, si parece insuficiente que se destine 5% del presupuesto de delegaciones en infraestructura, Cuajimalpa, una demarcación gobernada por el PRI dedica 3.6% de su bolsa a ese rubro.
Los legisladores hasta se enfrascaron en un debate sobre el manejo de la deuda por parte de los gobiernos perredistas y el presupuesto destinado a lo largo de esas administraciones para financiar programas sociales.
