Ciudad de México.- El proyecto de Constitución de la Ciudad de México dedicó 22 páginas y 19 artículos a lo que se denominó la carta de derechos de la ciudadanía; sin embargo, en el caso de los deberes a cumplir no ocurrió lo mismo, pues en el cuarto título sobre la ciudadanía y el ejercicio democrático se enuncian en no más de media cuartilla.
El artículo 28 es el que los contempla, y entre ellos figuran:
1. Toda persona tiene deberes con su familia, su comunidad y su entorno;
2. Son deberes de las personas que habitan la Ciudad de México: Ejercer los derechos reconocidos por esta Constitución, respetar y hacer respetar los derechos de las personas y contribuir al acceso universal de los mismos; Proteger, preservar y generar un medio ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo racional y sostenible; Contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa, conforme lo dispongan las leyes; Prestar a las autoridades el auxilio para el que fueren legalmente requeridos; VII. Vigilar la administración correcta de los recursos públicos, así como denunciar y combatir actos de corrupción.
Así como ser solidario con la comunidad, principio en el que de acuerdo con el profesor del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Imer B. Flores, implica ‘corresponsabilidad’ entre los capitalinos, es decir, estar en el entendido de que el éxito del texto constitucional será fructífero en la medida en que todos estemos conscientes de lo que debemos o no hacer y colaborar para lograr un equilibrio.
“El proyecto para elaborar la Constitución ciertamente se centró en la carta de derechos… me parece que bastaba con una referencia al artículo primero de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos que dice que tenemos los derechos todos, incluidos los internacionales, pero en esta ciudad hemos ganado algunos derechos, que han sido de avanzada, en los que hemos sido progresivos, como en el caso de los matrimonios de personas del mismo sexo”, explicó.
Sin embargo, precisó que aunque abunda en los derechos no se específica a qué entes hay que acudir a fin de hacerlos exigibles y garantizables, es decir, quienes están sujetos a responder por las violaciones a los derechos.
Por lo que desde su perspectiva, no es un error que la Constitución esté centrada en los derechos, pero hay que estar en el entendido de que se llevarán a la práctica de manera paulatina y que éstos van a tener un costo, pues se necesita de recursos; por ejemplo, en caso de los programas sociales.
“Podríamos identificar qué tiene que decir en la Constitución de la Ciudad de México y qué se tiene que ir a las leyes secundarias o de otro tipo… pero sí tiene ese reto de cómo le vamos a ahcer todos para ponernos de acuerdo”, comentó.
En el mismo apartado constitucional se especifica quienes podrán o no ser considerados ciudadanos y ahí aparece la figura de ‘transeúnte’, en la cual se contempla a todos aquellos que aun cuando no residan en la capital y la conciban como un territorio de paso hacia otras entidades; solo acuden para trabajar en ella o realizar alguna actividad cultural tendrán plena garantía de sus derechos.
“En el título tercero se reconoce a las personas de 16 años con la facultad para votar, lo cual me parece un ejercicio reconocible, ya que es más sencillo que estemos al tanto de nuestro entorno más inmediato, como lo es lo que ocurre a nivel del gobierno local entonces hay la posibilidad de ser de avanzada e incluirlos”, dijo el catedrático de la Facultad de Derecho.
Sobre los temas de referéndum, plebiscito y consultas ciudadanas, establecidos en el artículo 30, el experto dijo que no habría cambios sustanciales a realizar.
En tanto, para los gobiernos de coalición comentó es una política innovadora en el sentido de abonar a que no se dé una parálisis en el plano legislativo.
Dentro de estos mecanismos se reconoció a la pluriculturalidad característica de la urbe: “Esta Constitución reconoce la participación de las personas que habitan la Ciudad de México, en sus más variadas formas, ámbitos y mecanismos que adopte la población de manera autónoma y solidaria, en los distintos planos de la democracia participativa: territorial, sectorial, temática, pueblos y comunidades indígenas y barrios originarios. Las autoridades, en el ámbito de sus competencias, deberán respetar y apoyar sus formas de organización”, se lee.
Desacuerdos
Sin embargo, hay quienes se han opuesto a lo hasta ahora estipulado en la iniciativa del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, como es el caso del diputado constituyente por Nueva Alianza, Gabriel Quadri, quien comentó que la mención de indígenas promueve una sectorización social que apunta al racismo; aunado a una ingobernabilidad al otorgarles respeto en sus formas de organización.
Motivo por el cual, precisó, tendrían que establecerse limites jurisdiccionales a fin de que no se afecten otros derechos. Un supuesto es que si alguna comunidad de Xochimilco pidiera crear un corredor pavimentado sobre el área del canal, entonces la propuesta tendría que someterse a votación de todos los órganos locales; es decir, ya no recaería únicamente en su decisión.
En el tema de los contrapesos faltantes, el ex candidato a la presidencia de la República comentó que únicamente debieron ser establecidos los derechos de vanguardia, como la portación de marihuana y no utilizar el lenguaje de derechos humanos para codificar todos los temas de la ciudad.
“Todo lo importante para la ciudad se trata de manera muy somera, escasa, limitada y yo diría muy irresponsable, es algo muy muy preocupante”, dijo.
Consideró que se le otorga demasiado espacio a los derechos en un intento de captura ideológica que va a resultar inviable al momento de llevarlo a la práctica.
Agregó que el proyecto se trata de la imposición de un modelo que podría encausar a una irrealidad, ya que se ignoraron temas concernientes a las necesidades ciudadanas.
“Hay un desequilibrio total, es un proyecto ideológico, desordenado, peligrosos es algo terrible. Tiende a la balcanización al hablar de comunidades indígenas y barrios originarios, de las razas, afrodescendientes, indios y demás”, comentó Quadri.
Por ello, debiera volverse a una base cero del proyecto de Constitución capitalina a fin de desechar, desde su perspectiva el 50 por ciento de la misma, pues al momento la conduce a la anarquía- en tema de comunidades indígenas- y quiebra.
Propuestas de cambio
“Este asunto de las personas de pueblos y barrios originarios tienen una serie de propuestas muy particulares y tienen que ser tomadas en cuenta”, precisó Lol kin Castañeda, diputada al constituyente por el Partido de la Revolución Democrática.
Mientras que sobre el concepto de ‘transeúnte’ antes mencionado es uno con los que no está de acuerdo, pues le parece promueve que se hagan distinciones en cuanto a derechos entre quienes habitan permanentemente en la urbe y quienes no lo hacen.
Sin embargo, respecto a la carta de derechos coincidió con el abogado, pues desde su perspectiva los derechos son una parte central de la iniciativa, sin embargo, hay que reiterar la corresponsabilidad que tienen los habitantes.
Esto en el entendido de que en el capítulo dos, de dicho apartado se establecen los mecanismos con los que contará la ciudadanía a fin de ejercer la participación plena, sin limitarse al voto. Por lo que, la activista se pronunció en favor de derechos de avanzada como el plebiscito y referéndum, con los cuales se someterán a consulta las posibles modificaciones al entorno urbano y legal de la ciudad; con excepción de los derechos humanos.
“La ciudadanía tiene derecho a ser consultada en plebiscito para aprobar o rechazar decisiones públicas que sean competencia del Poder Ejecutivo de la ciudad”, se lee respecto al plebiscito.
Mientras que en cuestión del referéndum explica: “Se reconoce el derecho ciudadano a aprobar mediante referéndum las reformas a esta Constitución, las demás disposiciones normativas de carácter general que sean competencia del Congreso local, incluida la participación en el proceso de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
Dichos motivos, han sido los principales detonantes para que en el reglamento interno de la Asamblea Constituyente sea uno de los principales puntos sobre la mesa sea el Parlamento Abierto, pues con él se transparentarán y darán máxima publicidad a los acuerdos realizados en las próximas comisiones.
