Ciudad de México.- Mientras que en la Ciudad de México se celebran 10 años de la implementación de políticas públicas que garantizan la Interrupción Legal del Embarazo, Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, quien aspira a la presidencia de la República, exige desde su estado cárcel para quienes incurran en esta práctica.
Cuando una mujer aborta de manera voluntaria es sancionada con trabajo comunitario de seis meses a un año, pero Aureoles en su propuesta de nuevo Código Penal propone volver a aplicar una pena de prisión de hasta cinco años a la mujer que lo practique y un castigo de uno a tres años a quien ayude a interrumpir un embarazo, aunque actualmente se le sanciona con prisión de seis meses a dos años.
En contraste, en la Ciudad de México, el jefe de Gobierno conmemoró los diez años que permitieron dicha política en la capital del país y aseguró que el aborto fue una iniciativa por la que se tuvo que luchar a contracorriente.
Destacó que hoy en día el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo está consolidado. “Hoy estamos trabajando en legislaciones así: ejemplares, integrales, legislaciones de avanzada, que muestren autonomía, que muestren derechos", celebró Mancera al referirse a la Ley de Interrupción Legal del Embarazo en la capital del país, en el marco del décimo aniversario de su entrada en vigor.
“Hoy aquí estamos dando cuenta de eso, de una ciudad que va a seguir luchando, que va a seguir en estas tareas de avanzada; una ciudad que tiene mujeres comprometidas y que va a seguir requiriendo de ese compromiso para mantenerse como ejemplo en el país”, dijo Mancera.
El gobierno capitalino anunció que desde que la ILE está vigente, en la capital del país ninguna mujer ha fallecido por abortos clandestinos.
Los secretarios de Salud y Gobierno capitalinos, Armando Ahued y Patricia Mercado, festejaron que se cumpla una década de que entraron en vigor las reformas al Código Penal de la Ciudad de México y las adiciones a la Ley de Salud local que permitieron la Interrupción ILE hasta las 12 semanas de gestación.
En el marco del aniversario de esta política pública, el Gobierno capitalino a través de la Secretaría de Salud (Sedesa) y el Instituto de las Mujeres (InMujeres) destacó que la metrópoli es la única entidad del país que considera como causal de aborto la voluntad de las mujeres (hasta las 12 semanas de gestación) y garantiza su derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre su cuerpo, maternidad y sexualidad.
De acuerdo con el Sistema de Información de Interrupción Legal del Embarazo, de la Sedesa, de abril del 2007 al 20 de abril de 2017, se realizaron 176 mil 355 Interrupciones Legales del Embarazo, de las cuales 125 mil 276 fueron practicadas a capitalinas, 44 mil 696 a mujeres provenientes del Estado de México, mil 37 a originarias de Puebla y el resto a mujeres de las demás entidades federativas.
Del total, 5.6 por ciento eran menores de edad; 39.9 por ciento cuentan con estudios de preparatoria; 53.3 por ciento eran solteras; 34.8 por ciento se dedicaba a las labores del hogar y 34.7 por ciento refirió no tener hijos.
Los estadísticas también revelaron que 132 mil 894 ILEs se realizaron mediante medicamento, 40 mil 178 por aspiración y 3 mil 37 por legrado uterino instrumentado; mientras que sólo el 1.6 por ciento llegó a solicitar la ILE en la semana 12 de la gestación y debido a ello ya no pudieron practicárselo.
El jefe de Gobierno de la CdMx aplaudió que la Carta Magna local garantice los derechos reproductivos, así como la integridad de la mujer capitalina.
El documento histórico puntualiza lo siguiente: “Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, voluntaria e informada tener hijos o no, con quién y el número e intervalo entre éstos, de forma segura, sin coacción ni violencia, así como a recibir servicios integrales para acceder al más alto nivel de salud reproductiva posible y el acceso a información sobre reproducción asistida”.
