Ciudad de México.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos de México (CNDH) denunció que la fiscalía general mantiene preso a un hombre inocente por el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, mientras organizaciones internacionales criticaron la "indolencia" del gobierno ante los más de 35.000 desaparecidos en el país.
"A 99 días de que la CNDH entregó las pruebas de la inocencia de Erick Uriel Sandoval Rodríguez, la Procuraduría General de la República (fiscalía) no ha hecho nada por enmendar su error. Mantiene su injusta acusación contra un inocente", indica el Ombudsman en un comunicado.
Según la hipótesis de la fiscalía, los jóvenes estaban en Iguala cuando fueron detenidos por policías locales.
Los uniformados los habrían entregado a narcotraficantes, quienes los habrían confundido con rivales y asesinado para luego incinerar sus cuerpos y arrojar las cenizas a un río.
Esta conclusión fue duramente cuestionada por los padres y expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La "equívoca detención" de Sandoval, desde hace cinco meses, "acentúa la violación al derecho a la verdad y el de acceso a la justicia", indica este jueves la CNDH.
Según las "propias pruebas" de la fiscalía el verdadero partícipe de los hechos "goza de libertad en la más absoluta impunidad", deplora.
Por su parte, el representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, dijo que "México tiene que superar la pesada herencia de decenios de negación, falta de reconocimiento de la dimensión del problema, ausencia de voluntad, ineficacia y revictimización" en los casos de desapariciones.
"Condenamos que la administración de Enrique Peña Nieto estuviera marcada por el trato de indolencia a las familias de personas desaparecidas, así como la falta de voluntad y capacidad para dirigir investigaciones eficaces", dijo Tania Reneaum Panszi, directora de Amnistía Internacional México.
El miércoles, Peña Nieto defendió la cuestionada hipótesis de la fiscalía, desatando críticas de defensores de derechos humanos.
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