Ciudad de México.- La diputada constituyente por el PAN, Mariana Gómez del Campos, presentó una iniciativa para que el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal (Evalúa DF) sea un organismo autónomo para que “pueda ser un verdadero evaluador de los programas sociales y no un subordinado del Gobierno de la Ciudad de México”.
Aseguró que el propósito de esto es implementar el esquema del CONEVAL a nivel local para que las recomendaciones que emita esta institución sean implementadas de inmediato por las autoridades correspondientes, caso contrario “podría ser causa de responsabilidad administrativa grave para los servidores públicos”.
“La iniciativa pretende adecuar el texto de proyecto de Constitución al esquema previsto para el CONEVAL a nivel nacional. Con esto se evitará que las evaluaciones hechas por este órgano estén fuera del control por parte del Jefe de Gobierno u de la Secretaría de Desarrollo Social”, expuso.
Aseguró que el “pobre diseño normativo” de esta institución hace que el resultado de sus evaluaciones “son meras palabras que quedan en papel”, además de que se encuentra sujeto a las disposiciones de la Secretaría de Finanzas, Oficialía Mayor y evidentemente a la Secretaria de Desarrollo Social.
Por ello, para lograr “evaluaciones objetivas e independientes” que sean coherentes y responsables antes el problema de pobreza inseguridad que aqueja al país, el Comité de Evaluación, estará integrado por siete consejeros quienes deberán tener mínimo 10 años en el ámbito del desarrollo social (académicos, profesionales, científicos y culturales) y que no pertenezcan a ningún partido político.
Estarán en este grupo de trabajo siete años y serán renovados de manera escalonada, es decir, se sustituirá cada dos años a los dos consejeros con mayor antigüedad, y no habrá posibilidad de reelección.
“Quienes formen parte de esto no podrán tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no remunerados en instituciones docentes, científicas o de beneficencia, y serán sujetos de juicio político”, explicó.
Finalmente manifestó que el presidente del Consejo será electo por los demás integrantes, mediante voto secreto, por un periodo de tres años y estará obligado a rendir informe anual ante el Congreso de la Ciudad de México.
