Alberto Cuenca
Ciudad de México.- Luego de intensas semanas de debates y desencuentros, la Comisión de Pueblos y Barrios Originarios de la Asamblea Constituyente, logró esta tarde aprobar por unanimidad el protocolo para realizar una consulta pública a ejidos, comunidades originarias e indígenas de esta Ciudad, respecto al dictamen de los artículos relacionados con los derechos de esos pobladores.
La consulta, que tendrá seis fases de realización, dará inicio el 5 de diciembre y tendrá como fecha límite para su conclusión el 16 de enero de 2017. Los resultados de esa consulta serán vinculatorios, es decir, de observancia obligatoria para la Asamblea Constituyente.
Esa consulta a los habitantes de poblaciones originarias e indígenas es un proceso que la Comisión de Pueblos de la Asamblea Constituyente no puede obviar, pues incumpliría con tratados internacionales suscritos por nuestro país ante la ONU y la Organización Internacional del Trabajo, a través de los cuales México se obliga a consultar a comunidades indígenas y pueblos originarios sobre aquellas propuestas de ley que impacten en la vida, usos y costumbres de esos habitantes.
La primera fase de la consulta será la emisión de la convocatoria por parte de la Comisión de Pueblos, y le seguirá una etapa informativa en la que los diputados entregarán a las instituciones representativas de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes los temas básicos contenidos en el dictamen.
La fase más importante de la consulta será la deliberativa, y en esta se contempla la realización de asambleas, organizadas por las instituciones representativas de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes de la Ciudad. En esas asambleas, los participantes reflexionarán, discutirán y deliberarán en forma colectiva sobre el contenido del dictamen.
Este momento se llevará a cabo sin la presencia de autoridades gubernamentales, partidos políticos o cualquier persona ajena a la comunidad que pueda perturbar el carácter libre y autónomo de la Consulta. A las asambleas podrán asistir únicamente los integrantes del grupo de observadores debidamente acreditados por la Comisión.
Serán invitados como observadores, instituciones como el Relator de Derechos de Pueblos Indígenas de la ONU, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, y aquellas que acuerde los diputados constituyentes.
Habrá una fase de diálogo, acuerdos y consensos, y en ella participarán los diputados y el grupo técnico de apoyo designado por la Comisión legislativa y las instituciones representativas de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes. En estas asambleas, se elaborará un acta de acuerdos firmadas por los participantes, así como las listas de asistencia y otros materiales que comprueben la realización de la asamblea. Las actas que resulten de estas asambleas serán presentadas a la Comisión de los diputados constituyentes.
La quinta etapa establece la sistematización de los resultados obtenidos durante la consulta y la elaboración del dictamen definitivo por parte de la Comisión legislativas de Pueblos para su presentación ante el Pleno de la Asamblea Constituyente.
La fase final es la entrega, a las asambleas deliberativas de pobladores, del dictamen de la Comisión de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, respecto de los resultados de la consulta que se les realizó.
Un tema que logró detrabarse y del cual había resistencia inicial de los diputados constituyentes de Morena, fue el apoyo de instituciones y autoridades del gobierno de la Ciudad en el proceso. Finalmente, se acordó que las instancias locales como la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades; el Consejo de Pueblos y Barrios Originarios del gobierno local, el Instituto Electoral del Distrito Federal, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y los gobiernos delegacionales, podrán apoyar con tareas técnicas y operativas específicas en el proceso de consulta, según lo establecido en los convenios que la Comisión realice con cada una de ellas.
En los debates que antecedieron a la firma de este acuerdo, los diputados de esta comisión no habían logrado ponerse de acuerdo respecto al documento que llevarían a consulta de los pueblos y comunidades. El debate entre ellos era si debían someter a consulta un predictamen o el dictamen ya avalado por la Comisión legislativa. Hoy, el acuerdo aclara el tema, al establecer que la materia a consultar será el dictamen que aprobará la Comisión de Pueblos y Barrios Originarios.
El padrón de pueblos y comunidades indígenas que servirá de base para realizar la consulta, será el que la Comisión legislativa solicite a las autoridades vinculadas con el desarrollo y protección de los derechos de las comunidades indígenas, como la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades y el Consejo de Pueblos y Barrios Originarios del gobierno de la ciudad.
Acusaciones y manotazos en la mesa
Lograr el acuerdo no fue sencillo, pues durante la mañana los diputados de las distintas bancadas se enfrascaron en un debate donde predominaron los señalamientos y acusaciones entre ellos, respecto a documentos alternos que se generaron fuera de la Comisión y sin el consenso de todos los integrantes de la misma.
Fue Mardonio Carballo, presidente de la Comisión de Pueblos, quien inició las acusaciones, al advertir la existencia de un proyecto de protocolo alterno al que él había presentado un día antes. Lamentó que se dieran acuerdos en lo “oscurito” y que de esa forma se le faltara el respeto a la mesa directiva de esa Comisión legislativa.
Ana Julia Hernández, del PRD, aceptó que diputados de su partido y de otras bancadas habían construido ese proyecto alterno de protocolo, pero dijo que no habían sido acuerdos en lo “oscurito”. Le recriminó que a Mardonio Carballo el uso de esas expresiones y argumentó que el documento generado por esos legisladores, sin incluir a los constituyentes de Morena, se había generado bajo el derecho que los diputados tienen de deliberar.
Carballo inició sus acusaciones sin haber iniciado formalmente la sesión de la Comisión, y no quería realizar formalmente el arranque de los trabajos para que los señalamientos no quedaran registrados en la versión estenográfica, sin embargo, el resto de los diputados le exigió que diera inició a la reunión. Entre gritos y manotazos en la mesa, el diputado del PAN, Carlos Gelista, le reclamó que no diera apertura a la sesión.
