Ciudad de México.- Con el apoyo de los 6 grupos parlamentarios de la Asamblea Constituyente, fue aprobada una reserva conjunta que reconoce la Lengua de Señas Mexicana como parte del patrimonio lingüístico de la Ciudad, el desarrollo científico y tecnológico como un derecho universal e incluye la importancia de la formación continua de los docentes.
La inclusión de dicha reserva fue propuesta por 16 diputados constituyentes de las distintas bancadas. En la redacción participaron Dolores Padierna, Roberto López, Nelly Juárez y Katia D´ Artigues del PRD; Bernardo Bátiz, Clara Brugada, Jiménez Espriú y Jesús Ramírez de Morena; Cynthia López Castro y Yolanda de la Torre del PRI; Alejandro Bustos del PVEM; Romero Hicks del PAN; Hugo Flores y Andrés Millán del PES; Olga Sánchez Cordero como diputada constitucionalista y René Cervera de Movimiento Ciudadano.
Todos los cambios fueron incluidos a los incisos A, B y C del artículo 13 relativo al derecho a la educación. En el numeral 6 del inciso A se añadió que las autoridades garantizarán el acceso y respetarán “el pleno cumplimiento” del derecho de las niñas y niños a recibir educación.
Como propuesta de la senadora Dolores Padierna, se agregó un numeral 13 al mismo inciso, con respecto a la promoción de la lectura y la escritura: “Las autoridades de la Ciudad promoverán la lectura y escritura como prácticas formativas, informativas y lúdicas. Se fortalecerá la red de bibliotecas públicas y banco de datos que aseguren el acceso universal, gratuito y equitativo a los libros en sus diversos formatos. Además, fomentarán la cultura escrita y apoyarán la edición y publicaciones de cualquier medio.
Con respecto al inciso B, fue modificada la redacción del numeral para 2 para asegurar que las autoridades educativas sean quienes fomenten las oportunidades de acceso a la educación superior, previendo que la misma tenga condiciones de calidad y pertinencia.
En el numeral cuatro fue dónde se especificó la “importancia de la formación continua para los docentes” y en el 5 se incluyó “la educación ambiental” para ser promovida dentro del sistema educativo. Asimismo se agregó la siguiente redacción al final del párrafo: “Las autoridades de la Ciudad contarán con un sistema de escuelas de nivel medio superior en el que se impartirán estudios al más alto nivel académico”.
En el numeral seis sólo se destacó que la responsabilidad de las autoridades es “promover” y no “impulsar” los esquemas eficientes para el suministro de alimentos sanos y nutritivos.
Mientras que se incluyó todo el numeral 7 para garantizar la educación a personas con discapacidad, dicha propuesta estuvo a cargo de las diputadas constituyentes Katia D´ Artigues y Yolanda de la Torre, así como del legislador Romero Hicks.
“La Ciudad de México y sus demarcaciones territoriales velarán porque los materiales y métodos educativos, la organización escolar y la infraestructura física sean adaptables a las condiciones y contextos específicos de los alumnos asegurando el desarrollo progresivo e integral conforme a las capacidades y habilidades personales”.
Y en un párrafo más se reconoció “a la Lengua de Señas Mexicana como oficial y parte del patrimonio lingüístico de la Ciudad”. Así como el derecho de las personas sordas “a recibir educación en lenguas de Señas Mexicana y español”.
En el numeral 10 y el último del inciso B se modificó la redacción de la siguiente manera “la falta de documentación que acredite la identidad de niños, niñas y adolescentes no podrá ser impedimento para garantizar el acceso al sistema educativo. Las autoridades deberán facilitar opciones para obtener documentación requerida que permita la integración o tránsito del educando por el sistema educativo nacional”.
Finalmente, en el inciso C relativo al derecho a la ciencia y a la innovación tecnológica se adicionó el numeral 1, gracias a la participación del diputado Jiménez Espriú. “En la Ciudad de México, el acceso al desarrollo científico y tecnológico es un derecho universal y elemento fundamenbtal para el bienestar individual y social. El Gobierno de la Ciudad garantizará el libre acceso, uso y desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, la plena libertad de investigación científica y tecnológica, así como a disfrutar de sus beneficios de conformidad con la ley”.
La reserva conjunta fue aprobada en el Pleno con 74 votos a favor, 11 en contra y 2 abstenciones.
